Cataluña

El Govern catalán busca un marco legal para "proteger" a los funcionarios que participen en el referéndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El Govern catalán avanza en su mandato con la vista puesta sobre el referéndum de autodeterminación que prevé convocar para septiembre de este año. Los independentistas buscan crear una "legalidad catalana" mediante la aprobación de una ley de transitoriedad jurídica. En ese marco, existe una cuestión clave para los autores de la convocatoria: el papel de los funcionarios. 

Prueba de ello es la campaña Jo m'hi apunto, puesta en marcha por el sindicato Intersindical-CSC y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) con el fin de informar a los empleados públicos sobre su responsabilidad en el acto. Con este cometido, el sindicato ha realizado hasta la fecha una serie de sesiones informativas, el 25 de enero en el departamento de Presidència, el 1 de febrero en Vicepresidència, el 8 de febrero en el área de Salut, y el pasado 16 del mismo mes en la Secretaria d'Universitats i Recera. El objetivo es animar a los funcionarios a que colaboren con la organización del referéndum.

Para cumplir con los objetivos del Ejecutivo catalán, los funcionarios que participen en el referéndum deberán ser trabajadores públicos y no voluntarios, como ocurrió en la consulta del 9N. El portavoz del Secretariado Nacional de la CUP y exdiputado Quim Arrufat señaló en una entrevista en Catalunya Ràdio que existen "otras vías" entre el voluntariado y "obligar" a los funcionarios a participar: "Personal acreditado por la Generalitat, que les escoge para la ocasión según baremos no de voluntariado ni ideológico, sino de operatividad". En este contexto, tanto los sindicatos como los partidos tratan de precisar en qué situación quedarán los empleados que colaboren, y de qué forma se garantizará su amparo ante cualquier posible sanción por parte del Estado español.

Ley de desconexión

Junts pel Sí (JxSí) presentó este lunes una propuesta de modificación del reglamento del Parlament con el objetivo de agilizar la tramitación de la ley de desconexión que define los términos de la ruptura con España, tal y como adelantó el diario Ara. La iniciativa busca reducir al máximo los plazos para aprobar la norma, de forma que la ley de transitoriedad jurídica que prepara el partido gobernante junto a la CUP pueda entrar en vigor en un sólo día.

Precisamente en esta ley de transitoriedad está, a juicio de los partidos independentistas, la clave para "proteger" a los funcionarios catalanes. Fuentes de la CUP consultadas por infoLibre confirman que se encuentran "desde hace meses" preparando el marco legal que permita "que Cataluña se constituya como Estado", y en dicha norma habrá espacio para una "ley de referéndum". Se trataría de una disposición "que habría que ver qué forma tiene, si es independiente o si depende de otra, que no se pueda declarar anticonstitucional, o que fuera más difícil hacerlo, y habrá que ver su forma jurídica para que esté lo más protegida posible", añaden las mismas fuentes, que subrayan, asimismo, que en esa norma "habrá espacio para que los funcionarios estén amparados por la ley catalana".

Ester Capella, abogada y diputada de ERC en el Congreso de los diputados, considera claros los mecanismos para garantizar la protección de los funcionarios: "Con una ley propia". La parlamentaria entiende que "hay maneras de poder garantizar la viabilidad del referéndum, y por tanto que tenga validez", y en cualquier caso, señala, "si hay una prohibición expresa afecta a quien convoca el referéndum". En este sentido, entiende fundamental buscar la forma para que la carga sea asumida por quienes tengan "responsabilidades políticas y públicas, y evitar que recaiga sobre los funcionarios".

Capella diferencia la ley "que va a fijar cómo se desarrolla el referéndum" de la legislación española: "Son dos leyes con distinta legitimidad". Señala, igualmente, que la catalana estará "cumpliendo un mandato democrático" y desde un "parlamento legítimamente constituido y con competencias".

Finalmente, la diputada incide en la importancia de distinguir entre legalidad y legitimidad. Entiende que el proceso es legítimo y trata ahora de enmarcarse en una legalidad propia que contradice a un Estado español "que en Cataluña hace tiempo que ha perdido legitimidad". 

La ANC se centra también en un escenario legal que ampare a los empleados públicos. Su sectorial de funcionarios "lleva varios años trabajando en esta cuestión y en cómo se puede revestir de suficiente fuerza y legitimidad un marco catalán legal propio al que los funcionarios puedan acogerse". Para la ANC, "la clave importante es que tiene que haber ese marco" de modo que "los funcionarios queden fuera de las decisiones políticas".

En el contexto de la ley de transitoriedad jurídica, la ANC considera que "nadie puede juzgar a un funcionario por acogerse a un marco jurídico", y recuerda que tampoco los funcionarios de los distintos ayuntamientos que decidieron blandir la bandera independentista catalana –la estelada– durante la campaña de cara a las elecciones autonómicas fueron llamados por los tribunales.

La postura de los sindicatos

Las impresiones en el ámbito sindical oscilan entre dos polos: la preocupación y la tranquilidad. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantuvo este lunes una reunión con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para transmitir su inquietud por que "ningún funcionario catalán se vea en los tribunales". Tal y como ha confirmado un portavoz autorizado del sindicato en conversación con este diario, la organización cuenta "con un protocolo que tiene como objetivo proteger a los empleados públicos obligados a atender una orden cuya legalidad es dudosa". Las recomendaciones que el sindicato lleva perfilando desde el año 2015 se basan en una serie de acciones que el conjunto de funcionarios puede asumir para esquivar toda responsabilidad.

En primer lugar, aconseja pedir por escrito cualquier "orden que entiendan que pueda ser ilegal" y recomiendan hacerlo "a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas". La CSIF entiende que, si el superior jerárquico persiste en sus demandas, el empleado debe "dejar constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales", que en los casos "más extremos" se basarían en "no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes", aunque tampoco descarta "interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales" si se incurre en una "situación ilícita".

La Fiscalía investiga si la Generalitat está preparando el referéndum de independencia

La Fiscalía investiga si la Generalitat está preparando el referéndum de independencia

El protocolo del sindicato pretende "responder a situaciones contradictorias y antepone en todo momento la seguridad jurídica y el interés de los empleados públicos", ya que la Generalitat, subraya, "puede actuar administrativamente contra un funcionario si no cumple una orden suya" mientras que el Estado español "puede actual judicialmente contra él si entiende que ha cumplido una orden que no tenía que cumplir".

La percepción de la CSIF difiere, no obstante, de la posición adoptada por los sindicatos CCOO y UGT en Cataluña. Xesús González, coordinador del Àrea Pública de CCOO, asegura en declaraciones a este medio que el sindicato se encuentra "muy tranquilo", porque "sea cual sea, habrá una legalidad, y los funcionarios actuarán amparados por ella". González señala que los empleados públicos "no pueden actuar sin una legalidad jurídica, y eso no es interpretable". En este sentido, González asegura "confiar en que el Govern nunca pondrá en peligro a los funcionarios".

Carlos Villalante, responsable del mismo sector en UGT, considera que se trata de una cuestión "muy simple". "Los empleados tenemos que cumplir con la legalidad", subraya, y afirma al mismo tiempo que "no existe tensión ni preocupación" entre los trabajadores públicos. Por ello, continúa, "quien convoque tendrá que ajustarse a una legalidad, y si no la forma más sencilla es hacer constar la orden por escrito, señalando en qué se basa, a qué legalidad se somete y qué Estado de Derecho ampara a los empleados". En todo caso, Villalante se inclina por "no hacer un problema de algo que hoy es sólo un problema político", y demanda que no "se utilice" a los funcionarios "como escudos humanos", sino que las fuerzas implicadas lo "resuelvan políticamente".

Más sobre este tema
stats