El presidente de Murcia se escuda en que se limitaba a firmar lo que preparaban los técnicos

Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia y ya virtual líder regional del PP, se ha aferrado este lunes a la tesis de que su papel como alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó el auditorio por el que finalmente ha terminado declarando como investigado ante el Tribunal Superior (TSJM) de su comunidad se limitaba a firmar lo que los técnicos le ponían por delante. Antes de que el caso llegara al TSJM, una pericial encargada por la Fiscalía cifró en 2.278.421 euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, cuyo censo no llega a los 15.000 habitantes.

Investigado –o imputado– por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad y fraude a la Administración, Sánchez ha repetido durante las casi cuatro horas de declaración sus argumentos centrales: que todo el dinero público asignado al proyecto –seis millones aportados por el Gobierno regional en 2006– se invirtió en la obra; que el consistorio firmó su recepción en 2011 pese a que el edificio era en la práctica un cascarón porque así lo permitía el proyecto "modificado"; que ignora si, como sostienen el perito de la Fiscalía y la juez que envió el caso al TSJM, se pagaron por duplicado los mismos conceptos en las mismas certificaciones de obra; y que el arquitecto responsable del complejo cultural solo fue contratado después del concurso de ideas convocado por la corporación municipal el 17 de diciembre de 2007.

Los anuarios oficiales ese municipio murciano, editados bajo el mandato de Pedro Antonio Sánchez como alcalde, acreditan en cambio que ya en 2005 el Ayuntamiento había "encargado el proyecto para la construcción de un teatro en la localidad al arquitecto Martín Lejárraga". En la siguiente edición, la de 2006, el Anuario de Puerto Lumbreras [pincha aquí para verlo] publicó una recreación del futuro auditorio sobre una foto que muestra al entonces alcalde de la localidad, Pedro Antonio Sánchez, junto a quien en aquel momento presidía la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y al arquitecto Martín Lejárraga. El texto informaba de que Sánchez había presentado a Valcárcel "el proyecto del primer Teatro Auditorio para el municipio lumbrerense".

infoLibre preguntó este martes al equipo del presidente murciano el porqué de la discrepancia entre lo declarado por el presidente murciano y el contenido de los anuarios editados. Los portavoces de Sánchez se limitaron a reiterar un mensaje ya habitual en los últimos meses y que no explica por qué el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras anunció el "encargo" a Lejárraga dos años antes de su contratación formal: "Todo lo que tiene que ver con la contratación de Lejárraga –respondió su equipo– fue objeto de juicio interpuesto por el Colegio de Arquitectos y el juzgado contencioso 2 de Murcia, dictó sentencia afirmando la legalidad de la contratación y del concurso de ideas". "La sentencia es firme y tiene valor de cosa juzgada", agrega la respuesta oficial.

Distintas fuentes conocedoras de la declaración judicial de este lunes coinciden en que el presidente murciano ha remarcado que coincidió con Lejárraga en un acto cultural cuando llevaba poco como alcalde –accedió al cargo en 2003–. Y que allí el arquitecto sacó a colación que Puerto Lumbreras bien podría levantar un auditorio, para lo que se habría ofrecido a enviarle "ideas". Puerto Lumbreras –ha razonado Sánchez– aprovechó esas ideas para pedir los seis millones de subvención pero sin que eso implicara la existencia de ningún contrato verbal o de ninguna categoría con el arquitecto en cuestión.

Sánchez solo accedió a responder al juez, Julián Pérez-Templano, y a los fiscales del caso, José Luis Díaz Manzanera, nuevo jefe del ministerio público en Murcia, y Juan Pablo Lozano. Uno de los juristas consultados asegura que la Fiscalía puso a Sánchez contra las cuerdas cuando le mostró el documento por el que el entonces alcalde de Puerto Lumbreras pedía a la Comunidad de Murcia una prórroga de 18 meses para la construcción del auditorio esgrimiendo como argumento que así lo consideraba necesario el arquitecto director del proyecto.

Una vez que el presidente murciano admitió ante el juez que esa solicitud se había cursado, el fiscal le recordó que la solicitud había sido enviada desde el consistorio en julio de 2007, cinco meses antes de la convocatoria del concurso de ideas que derivó en la contratación oficial del arquitecto Lejárraga. Una de las fuentes consultadas asegura que el presidente murciano alegó entonces que él no redactaba los documentos.

La alcaldía era "una secretaria y el alcalde", dijo en un momento de su declaración para ilustrar el argumento de que no participaba en la tramitación administrativa porque de ella se encargaban los funcionarios.

En 2009 se había pagado el 85%... pero solo estaba hecho el 47%

La inestabilidad política abre un escenario con tres posibles convocatorias electorales en 2017

Ver más

Entre los puntos oscuros que jalonan la construcción del inacabado auditorio figura el replanteo de obra acometido en 2009  dado que el plan parcial de la zona preveía la construcción de una calle –un vial– que obligaba al retranqueo del edificio. Ese replanteo derivó en una modificación del proyecto que resultó clave en el hecho de que –según la Fiscalía– las certificaciones de obra acabasen infladas o, en este caso, abonadas por partida doble. Esa modificación, aprobada en septiembre de 2010 por el gobierno local, es la que Pedro Antonio Sánchez invoca para justificar por qué el Ayuntamiento aceptó que el edificio le fuese entregado con el interior vacío. 

La jueza de Lorca que investigaba el caso y que pidió al TSJM la imputación del presidente murciano cuando concluyó la existencia de indicios de delito en su actuación como alcalde, resumió así lo sucedido: "Cuando en octubre de 2009 se empieza a emitir certificaciones al proyecto modificado (...) la obra se encuentra pagada a un 85,39% incluidos acopios y ejecutada a un 47.08%".  En esa fecha, explicaba la magistrada, ya había un "desajuste" de "1.838.388,44 euros cobrados indebidamente".