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Corrupción política

Todos los hechos que implican a Sánchez en la obra del auditorio inacabado

El magistrado Julián Pérez Templado, a su llegada a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), ha justificado durante su comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que las decisiones que adoptó como alcalde de Puerto Lumbreras sobre el caso Auditorio y por las que está imputado "venían avaladas por los técnicos" y que no eran su "competencia", según aseguran fuentes presentes en la declaración celebrada este lunes ante el magistrado instructor, Julián Pérez-Templado.

Sin embargo el sumario, al que ha tenido acceso infoLibre, muestra que el que fuera regidor de Puerto Lumbreras hasta 2013 y ahora presidente murciano, firmó en mayo de 2011 el acta de ocupación parcial de los pabellones de danza-música y exposiciones y congresos, un documento que llega a asegurar: "La ejecución de las obras se considera correcta, a falta de acabar el conjunto de acometidas definitivas, de conformidad con las instrucciones dadas por los facultativos directores y la propiedad, por lo que la comisión receptora acuerda ocupar las obras".

Pero, además, en septiembre del mismo 2011, el propio Pedro Antonio Sánchez refrendó el acta de recepción de la obra, en la que aparecen los nombres del concejal Eliseo Sánchez Plaza y del técnico municipal José Fernández Navarro, ambos con "el visto bueno del alcalde", según especifica el documento, que completa: "En virtud  de contrato de obra de fecha 25 de marzo de 2008, y tras la modificación del proyecto técnico aprobado el 17 de septiembre de 2010, se ha llevado a cabo la construcción de la obra".

El informe pericial del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia sostiene, sin embargo: "El Ayuntamiento, al aprobar el modificado al proyecto, acepta las irregularidades existentes e intenta legalizar la situación actual del edificio, en que habiéndose certificado y abonado la totalidad del presupuesto de remate de la obra contratada para la construcción de un teatro auditorio, ésta se encuentra sin terminar y ejecutado al 61'96%".

El documento va más allá en sus críticas al Consistorio, y explica que el auditorio, "en su estado actual no puede ser utilizado, no puede considerarse obra completa, e incumple el artículo 58 del Reglamento General de Contratación del Estado".

"Visto bueno" del alcalde

En el acta de recepción de la obra de septiembre del mismo 2011, y que cuenta con "visto bueno" del ahora presidente murciano, sostiene también que el constructor entrega al Consistorio de Puerto Lumbreras la obra "con todas las instalaciones y elementos que le son propios".

Pero además, los representantes del Ayuntamiento encabezado por Pedro Antonio Sánchez y el arquitecto imputado, Martín Lejarraga Azcarreta, declaran "recibir la obra terminada en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas".

Este acta, mediante el cual el Consistorio recibe la propiedad del auditorio, es contradicha también por el informe del perito del Colegio Oficial de Arquitectos murcianos, ya que este documento elaborado por el arquitecto Andrés Checa sostiene que cuando el 20 septiembre de 2011 se firma el acta de recepción de las obras por parte de la dirección facultativa, empresa constructora y Ayuntamiento, las obras del Edificio Teatro-Auditorio se encontraban sin terminar, con una obra ejecutada al 61'96%, y por tanto obra no completa y sin posibilidad de uso y utilización".

Pero el nombre del exalcalde y ahora presidente de Murcia aparece también en otros puntos del expediente del auditorio, como por ejemplo cuando el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia desaconsejó a sus colegiados que se presentaran al concurso al considerar que no existían garantías suficientes sobre la legalidad del mismo. Pedro Antonio Sánchez, que presidió el jurado del concurso, fue alertado de las irregularidades, sin que hiciera nada al respecto. Por ello, el Colegio presentó un recurso contencioso-administrativo, que fue archivado por la justicia.

Asimismo, en sus declaración de este lunes como imputado, el presidente murciano dijo que no conocía al arquitecto encargado de la obra, Martín Lejarraga Azcarreta, otro de los investigados en la causa. Sin embargo, en el sumario hay un contrato, de 7 de febrero de 2008, que dice textualmente que comparecen el propio Sánchez y el arquitecto mencionado que se compromete a la ejecución del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de la obra del teatro-auditorio municipal.

"Un importe excesivo"

Por este trabajo Martín Lejarraga Azcarreta recibe 335.484 euros, una cifra que según los funcionarios de la Intervención General del Estado (IGAE), un departamento dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, considera "desproporcionado que en un concurso de proyectos se conceda un premio para la redacción de un proyecto y su dirección técnica por un importe de más de 300.000 euros".

La IGAE insiste en su informe que se trata de "un importe excesivo, teniendo en cuenta que ya se habían redactado tres proyectos previos por el mismo arquitecto, que de alguna forma se habrían abonado".

Y el 17 de diciembre de 2007 el alcalde dictó una resolución en la que aprobaba el pliego de cláusulas administrativas particulares que iba a regir el concurso de proyectos con intervención de jurado para la redacción del proyecto técnico de teatro auditorio municipal.

Con fecha 8 de febrero de 2008 el regidor aprobó el anuncio de licitación de la obra, en el que se indicaba, entre otros, que la tramitación era urgente y que el plazo de presentación de las ofertas era de 13 días. La Intervención General del Estado asegura que esta urgencia "sí pudo mermar la concurrencia de ofertas".

Aprobado dos veces

Precisamente la IGAE considera "llamativo que el anuncio de licitación fuera aprobado por el alcalde dos veces, el 8 y el 14 de febrero de 2008. Dado que los pliegos fueron firmados por el regidor y aprobados por la Junta de Gobierno local el 14 de febrero, se desconoce la causa por la que se aprobó por el alcalde el anuncio del 8 antes de que se aprobaran los pliegos".

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El 11 de febrero del mismo 2008, Pedro Antonio Sánchez emitió una providencia que inició el expediente de contratación. En abril 2008, también aparece en otro documento la firma de Pedro Antonio Sánchez en un contrato para la ejecución de la obra en nombre de la Corporación Municipal, que también rubrica Vicente Gimeno Merino en nombre de la mercantil Ecisa. S.A, la constructora que ejecutó la obra, que todavía hoy está inacabada.

El 31 de mayo de 2011, Sánchez remitió un fax al Gobierno murciano, también del PP, alegando que, "aunque se había omitido el trámite de autorización previa de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, el gasto no alteraba esencialmente la naturaleza de la subvención".

Y el 8 de mayo de 2012, "tomando como base el informe del técnico municipal de 8 de mayo de 2012, tras realizar visita de inspección, el alcalde aprobó la nueva certificación, indicando que las unidades de obra realizadas y certificadas en la nueva certificación de liquidación, por un importe de 338.915 euros, se correspondían con las aprobadas en el modificado de septiembre de 2009", especifica el documento de la IGAE.

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