El Tribunal de Cuentas subraya que no es un órgano anticorrupción ni tiene medios para destapar la Caja B del PP

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha salido al paso este miércoles de las dudas planteadas por PSOE y Unidos Podemos sobre su labor a la hora de detectar la financiación ilegal de los partidos y les ha recordado que no es un órgano anticorrupción y que no tiene los medios adecuados para destapar tramas como la supuesta caja B del PP, según ha informado Europa Press.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta para presentar el informe de fiscalización de las elecciones municipales de 2015, los ponentes del PSOE, de Unidos Podemos y de Ciudadanos han puesto en cuestión la eficacia del trabajo de la institución.

Joan Mena, de En Comú Podem, se ha preguntado cómo es posible que el Tribunal de Cuentas no haya destapado las tramas de financiación ilegal que vienen apareciendo en las prensa en los últimos años, y la socialista Ana Botella ha citado en concreto el caso del PP del ayuntamiento de Valencia y las últimas noticias que hablan de 350.000 euros en billetes de 500 en una campaña municipal de Rita Barberá.

Frente a las dudas de los diputados, el presidente del Tribunal de Cuentas ha tenido que recordar que, conforme a la legislación, su función en verificar la contabilidad que rinden los partidos, pero no tiene medios para detectar lo que no aparece en esos estados contables.

"La detección por un órgano de nuestras características sobre algo que no está en las cuentas, sólo se puede hacer contra la realidad que esas formaciones políticas desarrollan", ha dicho, añadiendo que "muy malos tienen que ser los contables" de los partidos para poner cifras que no se corresponden, "aunque a veces ocurre" y "ni esos mínimos se cumplen".

Ahora bien, Álvarez de Miranda interpreta que la oposición reclama al Tribunal de Cuentas "una labor superior", que es la de "verificar la realidad que hay detrás de las campañas y eso un modelo que multiplica por diez el coste de la actividad de control".

Según ha dicho, multiplicando por diez su presupuesto el Tribunal de Cuentas podría personarse en todos los mítines y comprobar que en realidad se gasta lo que se refleja en la contabilidad, y esos reduciría situaciones irregulares.

"Pero no estoy de acuerdo y rechazo que el Tribunal de Cuentas sea un órgano anticorrupción, nuestra actividad casa muy mal con la función de anticorrupción", ha querido dejar claro.

Álvarez de Miranda ha recordado que la lucha contra la corrupción exige "la utilización de medidas excepcionales", y eso supone entrar en el ámbito de protección de comunicaciones o realizar actividades extraordinarias de vigilancia, labores que tiene concedidas la Justicia y las fuerzas de seguridad.

¿Cómo que tribunal de cuentos?

En ese sentido, ha protestado por el hecho de que se les tache de tribunal de cuentos porque no fueron capaces de detectar la Filesa del PSOE, ni la eventual Caja B del PP Caja Bque ahora se juzga en la Audiencia Nacional: "No tiene mucho sentido que se diga que el Tribunal de Cuentas no lo ha detectado –ha replicado–. Se detecta por quien tiene la capacidad para hacer escuchas o intervenir correspondencia y sistemas informáticos, y eso es la función de los órganos anticorrupción".

Tampoco le gusta que se cuestione la independencia del tribunal por el hecho de que sus consejeros sean elegidos por el Parlamento y se ha preguntado cuáles son los "otros procedimientos alternativos supuestamente superiores". "¿Que los nombre el presidente del Gobierno?", ha ironizado.

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Álvarez de Miranda ha llamado a los partidos a no despreciar su labor, plasmado en informes de más de 800 páginas como el de las elecciones municipales de 2015, y ha recordado que fue el Tribunal de Cuentas el que desde 2001 venía denunciando las lagunas de la legislación sobre financiación de partidos que se ha ido corrigiendo progresivamente.

De hecho, ya adelanta que sigue habiendo "fallas" como las denunciadas en el último informe, pues el techo de gasto no está adecuadamente planteado en caso de elecciones locales y, si hubiera que aplicarse la ley, habría que multar con más de 50.000 euros a casi un millar de pequeños partidos.

"Nunca pedimos tener el control de los partidos, ya tenemos bastante con el sector público –ha concluido–. Nos ha sido asignado por el Parlamento y lo aceptamos de mil amores y lo hacemos con la mejor intención".