Derechos laborales

La desconexión digital abre el debate sobre los derechos laborales en la era de internet

Imagen de un hombre atendiendo a su dispositivo móvil.

"La Secretaría de Estado de Empleo está estudiando la posibilidad de una regulación que reconozca el derecho de los trabajadores a la desconexión digital de su empresa, una vez finalizada su jornada laboral". Son palabras del Gobierno, tras ser interpelado por su intención de legislar sobre los derechos laborales en un escenario de uso constante de nuevas tecnologías, también en el ámbito laboral.

La pregunta surge a raíz del nuevo marco puesto en marcha desde enero en Francia, donde la desconexión digital ha pasado a ser un derecho legal para los trabajadores. La regulación forma parte de la reforma laboral iniciada en 2016, y establece que deberá producirse una negociación entre los empresarios y sus trabajadores para contemplar dicha cuestión. De esta forma, las empresas con un número de empleados superior a 50 deberán realizar la negociación con los sindicatos, con el fin de discutir la aplicación de la medida.

Se trata, por tanto, de una desconexión pactada que se debe adaptar a las necesidades de cada empresa respetando los derechos de sus trabajadores. El modo de llevarla a la práctica, según la norma francesa, se basa en el uso de dispositivos de regulación de los aparatos digitales, asegurando así el respeto del tiempo de descanso y la vida personal de los empleados.

Deber de desconexión

Ana García, secretaria de Salud Laboral de UGT, entiende que el derecho de desconexión, más que derecho debería ser un deber.  A su juicio, las propias empresas deberían "organizar el trabajo de manera que no tenga que haber esa conexión permanente". García considera que se trata de "uno de los grandes retos" actuales, y reclama que, además de la industria 4.0, se hable también de "la prevención 4.0".

El motivo, continúa, es que "el uso de las nuevas tecnologías tiene un papel fundamental en las nuevas formas de organizar el trabajo", y como consecuencia "la frontera entre la jornada laboral y las horas que se dedican a la conciliación está desapareciendo". El principal problema, señala García en conversación con este diario, es que la disponibilidad permanente "conlleva riesgos psicosociales relacionados con el aumento de niveles de estrés, e incluso ya se habla de tecnoestrés", por lo que resulta "fundamental que se regule de alguna manera".

La sindicalista se inclina por la vía francesa, aunque apuesta por no determinar el número mínimo de trabajadores que debe tener una compañía para que le afecte la regulación, "porque en España la mayoría son microempresas".

UGT ya elaboró en el año 2016 un estudio sobre los riesgos laborales en la era digital, Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación y Riesgos Psicosociales en el trabajo, en el que insiste en que "la conectividad no debe ser sinónimo de disponibilidad permanente". El sindicato entiende que la "alerta psicológica" pone de manifiesto "la necesidad de construir jurídicamente el nuevo derecho a la desconexión, como exigencia de tutela de la integridad psicosocial del trabajador y de garantía de su derecho a conciliar el trabajo con su vida personal y familiar".

La Asociación de Racionalización de Horarios Españoles (Arhoe) también contempla la desconexión digital como un requisito indispensable entre los derechos de los trabajadores. La organización cuenta con una batería de 50 propuestas para mejorar la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad en España, entre las que se encuentra la puesta en marcha del derecho a desconectar una vez finalizada la jornada laboral. Arhoe cita la normativa francesa a modo de ejemplo para impulsar una regulación que garantice este derecho. "Del mismo modo que existe  la obligación por parte de la empresa de controlar las entradas y las salidas de los trabajadores registrando las jornadas –reza el documento–, se podría imponer el establecimiento de medios que controlen e impidan conectarse a los dispositivos de la empresa más allá de determinados horarios". Bajo su punto de vista, tales medidas permitirían "extender el horario reducido al teletrabajo o a quienes siguen trabajando desde casa, así como premiar a las empresas que impongan y mantengan este tipo de mecanismo".

Los partidos políticos se suman al debate

El debate se abre sin fuertes tensiones entre Gobierno y oposición, que muestran una inclinación manifiesta por caminar hacia el blindaje de los derechos de los trabajadores garantizando la desconexión digital. El Grupo Socialista registró este lunes una Proposición no de ley (PNL) sobre la protección de los derechos digitales de la ciudadanía, entre los que incluye el derecho de desconexión. El coordinador de la ponencia política del PSOE, Eduardo Madina, ya había explicado a principios de marzo que uno de los acuerdos que derivaría de su grupo de trabajo sería el de plantear el reconocimiento por ley del derecho a la desconexión digital al acabar la jornada laboral. 

El PSOE apuesta por "acometer políticas que garanticen la protección de la privacidad digital en el ámbito laboral y la desconexión de los trabajadores fuera del horario de trabajo", de modo que propone al Gobierno un proyecto de ley que reforme el régimen laboral vigente a fin de "garantizar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores".

El 7 de marzo, En Comú Podem presentó también una PNL, esta vez enteramente dedicada a la cuestión de la desconexión digital. El grupo parlamentario insta al equipo de Mariano Rajoy a impulsar una regulación legal consensuada con los agentes sociales sobre el uso de las tecnologías de la comunicación –mensajería, correos electrónicos y dispositivos móviles– fuera de la jornada laboral "con el objetivo de evitar que los trabajadores y trabajadoras puedan continuar trabajando después de finalizar su jornada laboral utilizando los medios electrónicos de la empresa, y garantizar la seguridad y salud en el trabajo y el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y el respeto a las vacaciones de las personas trabajadoras".

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Unido a esto, proponen que el Instituto Nacional de Estadística (INE) trabaje sobre la elaboración de indicadores de medición del estrés laboral, y que asimismo se realice un estudio dedicado a analizar si el uso intensivo de las tecnologías puede llegar a provocar problemas de adicción o dependencia. Exigen también la creación de un plan de uso de las tecnologías de la comunicación fuera de la jornada laboral, con el fin de impulsar una formación digital dirigida al empresariado y a los trabajadores.

La iniciativa de En Comú Podem viene respaldada por su voluntad de derogar la reforma laboral del 2012, paso que consideran imprescindible para poner en marcha las exigencias en materia de desconexión digital. En este punto coincide con ellos Ana García, quien entiende que "la reforma laboral también propicia que el empresario tenga más herramientas para poder exigir  y fijar las condiciones". García añade, además, que la ley de Prevención de Riesgos Laborales "tiene que establecer descansos entre una jornada laboral y el inicio de la siguiente", en sintonía con lo establecido por el Consejo y el Parlamento Europeo en la directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, que subraya la importancia de que todos los trabajadores dispongan de periodos de descanso adecuados, y que el concepto de descanso se exprese en unidades de tiempo.

España no parte de cero en el debate sobre la desconexión. En septiembre de 2015, el Tribunal Supremo dictaminó que la cláusula de los contratos de trabajo que obliga a los empleados a facilitar el número de móvil o correo electrónico es abusiva. Para el alto tribunal, se trata de un requerimiento al que el trabajador puede acceder de forma voluntaria, pero en ningún caso como una obligación contractual.  La sentencia dictada en su día por la Sala de lo Social del Supremo desestimaba el recurso de la empresa Unisono Soluciones de Negocio S.A. frente a la decisión de la Audiencia Nacional, que ya declaró este tipo de cláusulas abusivas a petición de CCOO.

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