El perito de la Fiscalía dice que Sánchez planeó un auditorio cuyo coste superaba en un 45% el dinero disponible

El perito independiente de la Fiscalía de la Región de Murcia en el caso Auditorio, Andrés Checa, ha asegurado que el proyecto de obra que ejecutó el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, era "inviable", ya que su coste total, que era de 8.715.847 euros, superaba un 45% los 6 millones de los que disponía el Consistorio para la obra, según las conclusiones del informe ampliatorio del dictamen que presentó el arquitecto en diciembre de 2014 a la jueza que investigó el caso en Lorca (Murcia), Consuelo Andreo, y al que ha tenido acceso infoLibre.

El nuevo fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, aportó el pasado miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) un informe "ampliatorio" y aclaratorio" del dictamen presentado en diciembre de 2014 por el arquitecto del Colegio Oficial de Murcia, Andrés Checa, en la que sostiene que la diferencia de presupuesto entre el anteproyecto del auditorio, elaborado en junio de 2006, y el ejecutado finalmente, de febrero de 2008, es de 4,42 millones de euros, lo que supone, además, que las obras que ejecutó Sánchez superaron en 2,71 millones el límite máximo fijado por la subvención otorgada por el Gobierno de Murcia para construir el edificio, que era de 6.000.000 euros.

Checa pone de manifiesto en esta ampliación del informe, realizada el 27 de marzo, que en la obra final, además del auditorio (con un coste unitario de 5.801.525 euros), el Ayuntamiento encabezado por Pedro Antonio Sánchez incluyó otros edificios, cuya construcción disparó el coste final previsto hasta los mencionados 8.715.847 euros. Se trata en concreto de un pabellón de danza y música (802.486 euros); una sala de exposiciones ( 719.063 euros); una cafetería (100.126 euros) y un aparcamiento (631.720 euros).

Ampliación del dictamen

Esta ampliación del dictamen, que consta de diez folios, recuerda que el proyecto inicial, con un presupuesto final de 4.285.942 euros, suponía un coste de 952'43  euros el metro cuadrado. Por eso, Checa concluye que la ejecución del anteproyecto del teatro-auditorio era "viable", pues la subvención otorgada por el Gobierno de la Comunidad de Murcia para el auditorio era muy superior, en concreto de 6 millones de euros. De esta forma, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras "podrían incluso haberse incluido otras partidas para su completa terminación interior para su uso, ajustada y equilibrada al importe de la subvención, por ejemplo: mobiliario, butacas y otros equipamientos".

Pero la obra que ejecutó para el Ayuntamiento encabezado por Pedro Antonio Sánchez el arquitecto Martín Lejárraga, que es uno de los principales investigados del caso Auditorio, tenía un presupuesto de 8.715.847 euros, de los que 5.801.525 euros serían sólo para el auditorio, el único edificio de los proyectados cuya construcción era viable. Por todo ello, el perito considera que la ejecución del proyecto del teatro-auditorio y edificio polivalente previsto por el imputado Lejárraga "no era viable".

 

El magistrado Julián Pérez-Templado.

Estas conclusiones de Andrés Checa, que recuerda que ha ejercido la profesión de arquitecto durante 41 años, completan las ya incluidas en el informe de diciembre de 2014 en el que aseguraba que al acabarse el dinero de la subvención trataron de solucionar el problema con un cambio en el proyecto: "Es quizás a partir de la certificación número 18 cuando existe la certeza de que no va haber más dinero y entonces se trabaja con el modificado, posteriormente aprobado, que intenta legalizar las irregularidades y el desfase económico existente respecto a la obra contratada hasta ese momento".

Ratificación de los funcionarios de la IGAE

La representación legal del PSOE en el caso Auditorio ha reclamado al instructor del caso, Julián Pérez-Templado que llame a declarar a los funcionarios de la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, para que ratifiquen en su caso el informe que realizaron en 2016 en el que concluyeron que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, encabezado entonces por Pedro Antonio Sánchez, no debía hacer recibido la propiedad del auditorio porque la obra estaba inacabada.

El letrado de Podemos en el procedimiento, Ginés Ruiz Maciá, ha solicitado también al magistrado que también llame a declarar al arquitecto Juan García Parra y al arquitecto técnico Luis Alberto Valera Martínez, autores del dictamen aportado por la formación magenta sobre la construcción del edificio, para que expliquen sus conclusiones, que indican que el sobrecoste en la obra superó los 1,2 millones de euros.

El instructor del caso 'Auditorio' confirma la continuación el procedimiento contra Pedro Antonio Sánchez

Ver más

En el mismo sentido, el abogado del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha reclamado al instructor que en el caso de que se cite a los peritos del informe de Podemos para ratificar su pericial que en la misma participe también "el resto de peritos: Andrés Checa, Antonio García Herrero, Francisco Ruiz-Gijón, Mariano Alegría y Salvador Aledo, "a fin de realizar un careo entre todos", especifica el escrito remitido por la defensa del político murciano.

Por otra parte, una resolución firmada por la letrada de la Administración de Justicia María del Carmen Buendía Cánovas, da plazo hasta este miércoles a las partes personadas en la causa y a la Fiscalía para que informen acerca de la recusación contra el instructor, Julián Pérez-Templado, planteada por el letrado Marcos Sánchez Adsuar en representación del exconcejal socialista de Puerto Lumbreras Antonio López, según consta en un auto del pasado jueves 30 de marzo.

La misma letrada, en una resolución diferente, ordena que se ponga "en conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) [Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero] la recusación al juez Pérez-Templeado en cuanto a la posible designación de un magistrado instructor".