El silencio de Rajoy durante más de dos meses decepciona a las víctimas del Alvia

Hace más de dos meses, el pasado 1 de febrero, la Plataforma de Víctimas del Alvia enviaba una carta a Mariano Rajoy solicitando un encuentro similar al que el presidente acababa de mantener con las víctimas del Yak-42. Pedía que no fueran necesarios trece años de espera, como ocurrió con las víctimas militares, para que el jefe de Gobierno atendiera a las peticiones de los familiares del accidente que en julio de 2013 acabó con la vida de 80 personas. Más de dos meses después, sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha contestado a las víctimas, ni para rechazar ni para acordar la celebración de la reunión solicitada, tal y como confirma el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, en declaraciones a infoLibre.

Domínguez lamenta que las víctimas del accidente siempre han estado "silenciadas". A su juicio, uno de los principales motivos es que "Ana Pastor, que tiene mucha relación con esa investigación que no fue independiente y que evidentemente nos engañó, ahora es presidenta del Congreso de los Diputados". Precisamente el cariz político del accidente es, a su entender, determinante a la hora de impulsar acciones. "Hasta que no estén amortizados los políticos involucrados en este asunto", añade, será difícil que se cumplan las exigencias planteadas. Ante la no respuesta de Mariano Rajoy, Domínguez reconoce que "siempre tienes la esperanza de que te reciba, especialmente después de haberlo hecho con el Yak-42". Sin embargo, denuncia que "hasta ahora el trato recibido tampoco ha sido el mejor, así que ya no te coge tanto de sorpresa y no te indignas tanto, más bien te decepciona". En cualquier caso, continúa, "sabiendo que su partido está en contra de una investigación como ha dicho Europa" la sorpresa resulta menor. La plataforma, pese a todo, sigue sosteniendo "que un presidente del gobierno" debe actuar en defensa de la verdad, y no "tratar de ocultarla", como "lamentablemente" está haciendo.

Domínguez reconoce, asimismo, que el accidente del Alvia es "un tema incómodo, y al que no quieren dar relevancia". El presidente de la plataforma considera que "a lo mejor dentro de catorce años se quiere recibir a las víctimas y ver cuáles son las demandas", pero "evidentemente ahora no interesa".

El silencio de Mariano Rajoy se produce, además, en un contexto salpicado por el desarrollo de una serie de acontecimientos que han impedido que el caso caiga, pese a los obstáculos interpuestos, en el olvido.

El alto cargo imputado que se niega a declarar

El pasado 13 de marzo el juez que actualmente dirige el proceso judicial citó como investigado a Andrés Cortabitarte, ex jefe de seguridad de Adif, imputándole delitos de homicidios y lesiones por imprudencia grave. La reacción de Cortabitarte no se hizo esperar. Apenas una semana después, su abogado recurrió a la citación argumentando que la responsabilidad de avalar la línea y autorizar su apertura era de la consultora pública Ineco y de la Dirección de Ferrocarriles del Ministerio.

Ante la negativa del responsable de Adif, las víctimas del Alvia solicitaron al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela "impugnar dichos recursos, solicitando su desestimación".

La plataforma pone sobre la mesa una serie de motivos que consideran fundamentales para mantener la investigación sobre el ex alto cargo de Adif. En primer lugar, señala como razón clave la existencia de una obligación tanto normativa como técnica de realizar una evaluación integral de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea. Recalcan, los familiares de las víctimas, que resulta "claro que tanto Adif como Renfe estaban obligados a realizar una evaluación integral de riesgos, a identificarlos y a controlarlos", en base a la Directiva de Seguridad Ferroviaria 2005/49/CE y al Reglamento 352/2009.

Señala asimismo que dicha evaluación de riesgos "tenía que haber previsto y evaluado también el error humano, algo que tampoco se hizo". Las víctimas se apoyan en las declaraciones de Pilar Calvo, experta en gestión de riesgos del ferrocarril, quien sostiene que "las causas subyacentes del accidente fueron la inexistencia de evaluación de riesgos de error humano".

Frente al recurso interpuesto por Cortabitarte, las víctimas aseguran que "causa estupor y alarma social" que "ni por parte de la Abogacía del Estado, ni por Adif, ni por Renfe, conozcan la obligación de realizar estos análisis de riesgos que permiten identificarlos y controlarlos", y que además, denuncian, "de haberse hecho se hubiese evitado esta catástrofe". Aunque el recurso alega que la falta de análisis de riesgos queda justificada porque "no se hacía en ningún país", la plataforma considera que dicho argumento "en ningún caso les exime de su responsabilidad" y recalca que tal información es "de dudosa credibilidad, ya que la propia directiva 49/2004 dice que la información es escasa y no suele ser pública".

El escrito presentado por las víctimas, además, se basa en los informes periciales que avalan la necesidad del análisis, y subraya que el único perito que no lo hace sólo se pronuncia respecto a la vertiente normativa, pero no valora la necesidad técnica. "Igual es mejor callar que tener que mentir o justificar lo injustificable e ir a contracorriente", apostilla la plataforma.

Por otro lado, las víctimas apelan al riesgo demostrado en la curva de Angrois, peligro que está “suficientemente acreditado” y que además era "evidente y fácilmente detectable". Se refieren asimismo a las "transiciones significativas de velocidad" y al consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección, así como otras "negligencias en cuanto al cambio de proyecto y supresión parcial del ERTMS –sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario–, su posterior desconexión y la falta de pruebas antes de su puesta en funcionamiento".

Mientras que el recurso del ex alto cargo de Adif y el escrito de las víctimas son estudiados, Cortabitarte se ha negado a declarar por segunda vez el pasado martes 4 de abril, de forma que el proceso "se está dilatando" en el tiempo y las responsabilidades continúan sin ser asumidas, lamenta Jesús Domínguez.

La UE respalda a las víctimas

El escrito presentado por las víctimas se basa, en parte, en un mensaje de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA), en respuesta a una serie de cuestiones planteadas por la plataforma en octubre del año pasado. El contenido de la misiva viene a reforzar el primer informe que emitió el organismo europeo en julio del pasado año, en el que criticaba a la investigación oficial por no ser independiente.

En el correo electrónico [consultar en este enlace], el representante de las víctimas preguntaba al jefe de seguridad de la agencia europea, Christopher Carr, si existía un consenso entre los expertos de la UE en cuanto a la necesidad de contar con un sistema de control durante la transición de una velocidad alta a una baja, y si es obligatorio realizar una evaluación completa del riesgo en relación a una nueva línea ferroviaria.

La Agencia Ferroviaria es contundente en su respuesta. En primer lugar, considera que "existe un consenso claro de que la supervisión continua de la velocidad representa la mejor solución desde una perspectiva de seguridad", mientras que respecto a una evaluación de riesgo, el organismo dice poder "confirmar plenamente que la legislación de la UE sí lo requiere".

El nuevo presidente de la comisión de accidentes

A finales de marzo el Gobierno propuso a Fernando Montes Ponce de León como candidato a presidir la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf). Montes fue finalmente elegido, decisión no exenta de polémica. El nuevo presidente de la Ciaf cree que la investigación del accidente del tren Alvia se realizó "con absoluta independencia y por gente profesional" y, por tanto, ha rechazado la conveniencia de reabrirla.

Montes asegura, además, que "las medidas eran las correctas en aquel momento", y que existen hasta 300 puntos similares a los de la curva gallega. Sin embargo, tal y como indica el perito Sanz Cubero y recuerdan las víctimas, en Angrois se producía "el cambio de velocidad máxima de 300 km/h a 80 km/h (según el CVM), el mayor, además de único de esta envergadura, de la red ferroviaria española, o de 220 km/h a 80 km/h (según el horario del tren 151), el mayor de la red ferroviaria española sin mediar ninguna señalización lateral de velocidad limitada".

La plataforma de víctimas recalca asimismo que Montes "contradice" a los peritos del juzgado y al propio auto del juez del pasado 13 de marzo por el que llama como investigado a Cortabitarte, porque “existía una situación de riesgo", que "era evidente", que "fue convenientemente detectado y comunicado" a Adif por la UTE e Ineco, y porque "Adif tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y gestionar dicho riesgo hasta hacerlo tolerable”.

El apoyo de la oposición

Ante esta coyuntura, Jesús Domínguez aspira a lograr el apoyo de la oposición y su compromiso por impulsar, tal y como llevan pidiendo las víctimas desde que se produjo el accidente, una comisión de investigación parlamentaria y otra técnica para determinar las causas de lo sucedido.

A principios de marzo las víctimas lograron el compromiso de Ciudadanos al respecto, de la mano de su portavoz en la comisión de Fomento, Fernando Navarro. El respaldo de la formación naranja se produce poco después de que las víctimas recibieran el apoyo explícito del diputado socialista Odón Elorza, quien en febrero pidió a su partido votar a favor de la apertura de la investigación solicitada.

Jesús Domínguez comenta en conversación con este diario que la intención de las víctimas ahora es que los candidatos a liderar el PSOE "se pronuncien antes de que voten los militantes", de modo que prevén realizar la petición explícita de que Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López tomen una posición clara al respecto.

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Por otro lado, el grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea solicitó la comparecencia urgente en el Senado del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, tras conocerse la imputación de Cortabitarte. "Tenemos el apoyo de Ciudadanos, el de Podemos y las mareas, y eso es fundamental", subraya Domínguez, quien lamenta el silencio de Mariano Rajoy y la hasta el momento firme negativa a asumir responsabilidades políticas.

  Este diario ha contactado con Presidencia para obtener explicaciones –sin éxito– sobre el silencio de Mariano Rajoy. La solicitud planteada por infoLibre fue la siguiente:

"Hace más de dos meses, el 1 de febrero, la Plataforma de Víctimas del Alvia envió una carta al Gobierno solicitando una reunión con Mariano Rajoy, después de que se reuniera con las víctimas del Yak-42. Las víctimas de Angrois no han obtenido respuesta a dicha petición, ni rechazando el encuentro ni confirmándolo. Nos gustaría saber, por tanto, en qué situación se encuentra la solicitud, si el Gobierno contempla dar una respuesta próximamente y si se prevé acceder a celebrar la reunión con las víctimas".