Los tribunales prohíben que instituciones icen la bandera republicana en Cádiz y Navarra

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de su decisión de acatar la medida cautelar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Cádiz y retirará la bandera de la II República ubicada en la plaza de la Constitución, "a pesar de que el proceso ordinario sigue abierto y no se ha fallado la causa principal".

En una nota que recoge Europa Press, el equipo de gobierno (PCSSP y GCC) ha indicado que cumplirá la orden dada desde el juzgado, aunque ha criticado que les "obliguen a retirar la bandera sin que se hayan pronunciado sobre la causa principal".

A su juicio, "esta orden es una demostración empírica de que el PP, a través de su Subdelegación del Gobierno, utiliza todas las administraciones que tiene a mano para intentar reprimir el derecho a la memoria".

Desde el gobierno local han indicado que "no comparten, aunque respetan", esta decisión judicial, pues, como se indicó este lunes en el escrito de alegaciones, "la colocación de esta bandera no incumple ningún artículo de la Constitución y su izada es totalmente legal".

Al respecto, ha recordado que la bandera fue colocada dentro del contexto de las II Jornadas por la Memoria que arrancaron el pasado 4 de abril con la inauguración de la exposición 'El ADN de la memoria'. Además, ha precisado que esta bandera "constituye un recuerdo de un determinado periodo histórico. El hecho de exhibirla no impone un determinado modelo político, es más, la actual legislación de memoria democrática insta y apoya su recuerdo".

En cuanto a la ubicación, la Ley de banderas "en la que se basa el PP a través de la Subdelegación del Gobierno, hace referencia a edificios y establecimientos de la administración que sea". Ante esto, han explicado que "una plaza, como es la de la Constitución, no se considera como tal y la ubicación de la bandera sólo cabe contemplarla como lo que es, el hecho de exhibirla en la vía pública".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento sigue teniendo las banderas oficiales en todos sus edificios públicos y "nada de esto tiene que ver con la exhibición de una bandera de unos determinados colores en la vía pública".

Desde el equipo de gobierno han insistido en lamentar que "el PP vuelva a hacer uso de las instituciones que gobiernan para seguir ahondando en la herida en lugar de ser partícipe de su recuperación. Estas jornadas y el izado de la bandera pretenden seguir en la senda de la recuperación y reparación de daños a las víctimas del franquismo, un camino en el que el PP no para de poner obstáculos".

Han añadido que dichos "obstáculos" van "en la línea de la estrategia del miedo y de la línea de limitaciones a la libertad de expresión emprendidas desde su llegada al Gobierno central", reiterando la "rotunda oposición" del gobierno local del Ayuntamiento de Cádiz.

Los tribunales suspenden el acuerdo del Parlamento navarro

Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha suspendido el acuerdo del Parlamento de Navarra por el que se autorizó la colocación de la bandera republicana en el balcón de la fachada de la Cámara el próximo viernes, 14 de abril. La resolución puede ser recurrida.

El TSJN concluye, citando la jurisprudencia existente sobre esta cuestión, que la enseña republicana "no es bandera constitucional", "sin que se trate de negar el derecho que tiene cualquier partido o grupo político, en su sede o en sus propias dependencias, al uso de la bandera que estime conveniente, pero cuando se trata de un edificio público no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial".

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El Parlamento adoptó el acuerdo de colocar la bandera republicana en el balcón de la Cámara el próximo 14 de abril a propuesta de Izquierda-Ezkerra por petición de la Junta Republicana de Navarra y fue recurrido por la Abogacía del Estado.

El auto explica que "en el caso que hoy nos ocupa, el Estado tiene interés legítimo de que se respete por el Parlamento de Navarra la legalidad vigente y los símbolos constitucionales del Estado y es también legítimo que cuestione si la bandera republicana que se pretende colocar el día 14 próximo es una bandera constitucional". "Por tanto, ostenta el Estado legitimación para recurrir el acuerdo citado de índole administrativa y no propiamente parlamentaria", agrega.

Según añade, el interés general es el "prevalente" y "no es otro que el interés de los ciudadanos de que se exhiban en los edificios de los organismos constitucionales las banderas y símbolos que prima facie encuentran amparo en la CE".