El Gobierno afronta el primer trámite de los Presupuestos con acusaciones de trato de favor a Euskadi

Si nada se tuerce en la mañana de este jueves, Mariano Rajoy abandonará el hemiciclo del Congreso de los Diputados habiendo superado el primer trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. Lo hará gracias a los 175 escaños que resultan de sumar los diputados del Grupo Parlamentario Popular y sus socios electorales, los de Ciudadanos, Coalición Canaria (CC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Para la siguiente fase, los conservadores precisarán de un apoyo más puesto que se requiere mayoría absoluta. "Vamos paso a paso y día a día", subrayan fuentes del Ejecutivo que cruzan los dedos para que no haya errores en la votación. "Está todo tan apurado que un fallo a la hora de escoger el botón puede hacer que todo se tuerza", añaden.

Para el presidente y los suyos, conseguir los 175 escaños es la mejor noticia de las últimas semanas después de haber visto cómo un expresidente de comunidad autónoma, Ignacio González, entraba en prisión y Esperanza Aguirre tenía que dimitir presionada por los escándalos de corrupción protagonizados por quienes fueron sus hombres de confianza. La oposición parlamentaria hizo de la operación Lezo uno de los ejes del primer día de debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.

De no ser por el apoyo del PNV, en cuya negociación intervino personalmente Rajoy a finales de la semana pasada, al Gobierno se le habría torcido este trámite parlamentario. Así, los conservadores, reacios casi siempre a acercarse a los nacionalistas con el argumento de la "ruptura de España", ven en el PNV una especie de salvavidas para alargar la legislatura. No se trata sólo de las cuentas para 2017. Desde el comienzo de las negociaciones, desde el Ministerio de Hacienda no se ha negado la intención de tejer complicidades para dejar andado gran parte del camino de cara a los presupuestos de 2018.

Pero el acercamiento al PNV no sólo retrata al PP y pone en evidencia parte de su argumentario. También retrata a Ciudadanos, el partido que permitió, con sus 32 escaños, la investidura de Rajoy el pasado octubre. El partido de Albert Rivera, que fue en su día muy insistente a la hora de reclamar una revisión del cálculo del cupo, votará sí a unas cuentas públicas que llevan asociado un acuerdo entre los Gobiernos central y vasco por el que el Estado devolverá a Euskadi 1.400 millones, pacto que, además, ha hecho aflorar las críticas por lo que algunos partidos consideran un agravio respecto a otros territorios.

Ciudadanos y el cupo vasco

En su programa de Gobierno, llamado "350 soluciones para cambiar España a mejor" la formación naranja proponía "un mejor sistema de financiación autonómico, más equitativo, transparente y eficaz, fijando una cartera de servicios comunes a todos los españoles garantizados por el Estado". "Se recalculará de manera razonable la contribución vasca y navarra a la Hacienda estatal para evitar desigualdades en el acceso de los ciudadanos a los servicios", añadía el partido liderado por Albert Rivera.

Fue al filo de las 14.00 horas de este miércoles cuando Rajoy, y el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, firmaron en el Congreso el pacto por el que el Grupo Vasco apoyará los Presupuestos a cambio de una rebaja en el cupo –lo que Euskadi paga al Estado por prestaciones que realiza este en su territorio– de 500 millones de euros y un acuerdo en materia de infraestructuras –3.380 millones para la alta velocidad– que sitúa la puesta en funcionamiento de la "Y" ferroviaria vasca en 2023. 

Junto a la rebaja, el Gobierno ha accedido a devolver al País Vasco 1.400 millones de los 1.600 que reclamaban por las liquidaciones pendientes desde el año 2007 hasta 2016. Un pago a realizar en los próximos 5 ejercicios, según informa Europa Press.

"Agravios"

"Tenemos unas cuestiones pendientes, que en su momento, por la crisis que vivíamos no podíamos atender, que es la renovación del cupo y por tanto lo que estamos haciendo ahora es, en definitiva, cumplir con un programa político inexcusable puesto que la ley del cupo estaba vencida y vivíamos una prórroga, la más larga de la historia del concierto económico y, por tanto, debemos hacerlo en este primer ejercicio de legislatura. Eso no evita que podamos después buscar otro tipo de coincidencias", respondió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, preguntado sobre si el pacto con los nacionalistas vascos es una "cesión" al Gobierno.

"Nadie se tiene que sentir agraviado", añadió Montoro tras informar de que también hay negociaciones entre el Gobierno central y Navarra.

Sobre Cataluña, el titular de Hacienda sostuvo que es la Generalitat la que no quiere entrar "en la primera fase de lo que será la definición técnica, a través de expertos, de la financiación autonómica".

"Las fechas son las que son", respondió cuestionado sobre si le hubiese gustado llegar al debate de Presupuestos con un acuerdo de cerrado respecto a la financiación autonómica.

Desde el PNV, el consejero vasco de Hacienda, Pedro Azpiazu, no quiso entrar a "mezclar" o "enturbiar" el acuerdo entre los Gobiernos central y de Euskadi. Se limitó a calificarlo de "excelente y satisfactorio".

Críticas a Feijóo desde el BNG

Algunas de las críticas al pacto PP-PNV por lo que supone de "agravio" al resto de territorios partieron de Galicia. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideró que en el acuerdo puede plasmarse "la diferencia entre tener el presidente de una nación que ejerce como tal" o contar con "un presidente cautivo del PP", en alusión al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del PP y, por tanto, del partido que sostiene al Gobierno central.

A juicio de Pontón, la "sumisión" y "cautividad" de Feijóo en relación al PP "solo sirve para que Galicia tenga un recortazo de 442 millones en las inversiones del Estado", a lo que "hay que sumar los 3.500 millones perdidos anualmente por no tener un concierto económico". "Esa es la diferencia entre un presidente de un Gobierno que ejerce como presidente de una nación y defiende los intereses de su pueblo y consigue más recursos para blindar servicios públicos frente a Feijóo, que lo único que puede ofrecer a este país es un alto coste por su sumisión", afeó.

Para la dirigente nacionalista tener un concierto económico permitiría a Galicia "contar con más servicios públicos y tenerlos blindados".

Puig pide resolver la financiación autonómica

Mientras, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSPV-PSOE) consideró que si es posible mejorar el cupo vasco, "se debe resolver de una vez por todas la financiación autonómica", y especialmente en aquella autonomía "peor financiada", que según sostuvo es la que él gobierna.

"Si se opta por dotar de mayor viabilidad a las comunidades autónomas, que parece es el camino de este acuerdo [sobre el cupo], que continúe, pero evidentemente al conjunto de los ciudadanos", dijo Puig, que subrayó que "no sería entendible que fuera una negociación negativa para aquellos ciudadanos que no tienen un partido que en un momento determinado les represente sus intereses de carácter territorial".

Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda y miembro de la Comisión de Coordinación Institucional de Compromís, Clara Ferrando, consideró el acuerdo entre Rajoy y el PNV "un agravio comparativo entre territorios y una nueva discriminación por parte del Estado hacia los valencianos".

En un comunicado, exigió al Gobierno "que trate a los valencianos igual que a los vascos" y lamentó que mientras la Comunitat Valenciana "está siendo víctima durante años de un sistema de financiación injusto" y está "a la cola en inversiones" el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "compra" con el dinero de todos el voto "de los nacionalistas vascos necesarios para sacar adelante unos presupuestos que vuelven a humillar a los valencianos".

Hace un mes, cuando fue presentado el proyecto de las cuentas públicas, el texto recibió críticas de barones conservadores como Isabel Bonig, presidenta de los conservadores de la Comunidad Valenciana. Así, el PP regional se sumó a la firma de un documento junto a socialistas, Compromís, Podemos y Ciudadanos titulado "Declaración institucional ante la marginación de los valencianos y las valencianas en los Presupuestos Generales del Estado 2017". Este gesto cayó como un jarro de agua fría en la dirección nacional del partido.

Mientras, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, criticó que el Gobierno central no cumple con sus compromisos, tampoco aquellos relativos a los Presupuestos Generales del Estado, informa Ep. "Todo el mundo sabe que hemos intentado en infinidad de ocasiones acuerdos con el Gobierno, acuerdos que nunca ha respetado", dijo en declaraciones a los prensa desde Nueva York, donde se encontraba de viaje institucional.

Junqueras aseguró que una evidencia de su denuncia está en el reciente anuncio de inversiones a Cataluña por parte de Rajoy, algo que quedó "desmentenido" por el propio Ejecutivo cuando presentó las cuentas públicas.

En este sentido, el vicepresidente catalán sostuvo que el camino que debe seguir Cataluña es votar, en alusión al referéndum: "Este es el compromiso y lo haremos".

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El diputado 176

Superada la primera fase, el PP necesitará 176 escaños para sacar las cuentas públicas en el Pleno una vez que el texto pase por la Comisión y se debatan las enmiendas. Para este momento, los conservadores esperan haber convencido a Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias que en las generales concurrió junto al PSOE. 

Este miércoles, el parlamentario reafirmó su disposición a negociar las cuentas públicas. Pero exigió a Montoro que la negociación se haga con "rigor" y sin "triunfalismo".