El Congreso debate "revitalizar" la Ley de Memoria Histórica "paralizada" por el Gobierno del PP

La efectiva aplicación de la Ley de Memoria Histórica continúa, casi una década después de su aprobación, siendo foco de polémica entre Gobierno, oposición y organizaciones de la sociedad civil. Este martes el debate llega al Congreso de los diputados de la mano del grupo socialista, que ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para "revitalizar" la norma impulsada en diciembre de 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSOE denuncia que, desde la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy, "la ley ha dejado de aplicarse" y las partidas destinadas a su ejecución se han eliminado de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo reconoció la propia Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes el pasado mes de marzo, cuando admitió que el Ejecutivo "no ha destinado ninguna partida presupuestaria a subvencionar actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo" entre los años 2014 y 2015.

La iniciativa ya fue presentada y aprobada el pasado 8 de marzo en la Comisión Constitucional, con el único voto en contra de los conservadores y la abstención de UPN. Fuentes socialistas consultadas por este diario confirman que la línea defendida este martes será la misma que la desarrollada el pasado mes de marzo, y que cualquier posible cambio "únicamente vendría por parte de la oposición".

Unidos Podemos, tal y como ha podido constatar infoLibre, prevé registrar enmiendas a la iniciativa, y en función de la respuesta decidirán su postura. "Si no las aprueban nos vamos a abstener", recalcan fuentes del grupo, quienes consideran que la PNL es "muy abstracta". Una de las enmiendas que presentarán apunta a "la inclusión de la nulidad del juicio a Lluís Companys", algo que Unidos Podemos entiende como "muy importante".

Ciudadanos, por su parte, subraya que "la propuesta del PSOE simplemente pretende revitalizar la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, que ha sido muy poco desarrollada debido a la pasividad tanto del propio PSOE en su momento como de los gobiernos del PP que han venido después". En esencia, continúan fuentes del grupo en declaraciones a este periódico, "se trata de la misma proposición que ya se debatió en la Comisión Constitucional y que Ciudadanos votó a favor". La formación naranja matiza, respecto a la cuestión de las exhumaciones, que sobre cada una de ellas "deben decidir las autoridades competentes teniendo en cuenta diversos criterios, entre ellos la opinión de la familia".

Valle de los Caídos y Comisión de la Verdad

La propuesta de los socialistas reclama una reanudación de las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica, y exige para ello su "correspondiente dotación presupuestaria". Con esta finalidad, se contempla "retomar la expedición de declaraciones de reparación y reconocimiento personal para todas aquellas personas que padecieron persecución y prisión o violencia por razones políticas o ideológicas". Insta, además, a llevar a cabo las labores requeridas para la localización y exhumación de fosas, labor para la que plantean la creación de bancos de ADN.

Siguiendo la voluntad de "proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas", el PSOE apuesta por reabrir y potenciar la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura –cerrada en 2012–, garantizar el acceso a archivos y fondos históricos, e impulsar la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura. En cuanto a las ayudas públicas, el grupo también exige que se prescinda de todo tipo de subvención a cualquier organización "que ensalce o defienda la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio para las víctimas".

Finalmente, dos de las medidas clave defendidas por los socialistas giran en torno al Valle de los Caídos y a la creación de una Comisión de la Verdad. En primer lugar, el PSOE reclama que el Valle de los Caídos "deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica", y se reconvierta, por el contrario, en un espacio "para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura". Para ello, los socialistas apuestan por la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco y su traslado fuera del lugar, mientras que para José Antonio Primo de Rivera exigen su reubicación "en un sitio no preeminente del edificio".

Finalmente, el grupo del PSOE propone la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas, para "estudiar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana". Acorde con las recomendaciones internacionales, defienden también fijar el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como jornada de recuerdo y homenaje a las víctimas de la dictadura franquista, "y fomentar en el sistema educativo los contenidos que se deriven de todos los trabajos realizados a favor de la memoria histórica".

Escepticismo de las organizaciones

Ángel Viviente, coordinador general de Convocatoria Cívica, valora "positivamente" cualquier iniciativa que apueste por defender la memoria histórica. "Se están aprobando leyes en todas las comunidades autónomas, ya es hora de que a nivel estatal se ponga en marcha un impulso real", considera. Viviente incide con especial intensidad en la creación de una Comisión de la Verdad, paso que sería "totalmente necesario", y que su plataforma ha insistido en reivindicar mediante una campaña de firmas que ya ha aglutinado a más de 108.000 simpatizantes.

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El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, no oculta sin embargo su visión crítica hacia la Ley de la Memoria Histórica. "No se basa en el derecho internacional de defensa de los derechos humanos o en el reconocimiento jurídico de las víctimas", argumenta en conversación con este medio. Aunque admite que "cualquier avance es positivo", Peinado lamenta que la PNL "en el fondo no va a ninguna parte", sino que es "un mero gesto simbólico". En este sentido, Peinado se muestra pesimista respecto a la continuidad de la iniciativa: "Posteriormente el Gobierno la va a echar para atrás, como está haciendo con toda iniciativa que implique aumentar el gasto público". 

Por otro lado, el presidente de la Federación incide en su desacuerdo con que las exhumaciones de las fosas comunes tengan que ser impulsadas por la iniciativa privada, ya que "es competencia del Estado, de la Fiscalía o el juzgado autorizado". Peinado también censura que el PSOE crease una comisión de expertos y elaborase un informe sobre el Valle de los Caídos en el año 2011, cuando el Ejecutivo ya estaba en funciones, porque "significó dejar una patata caliente al nuevo Gobierno". En su opinión, remata, "sería más conveniente una iniciativa legislativa de reconocimiento de las víctimas instando al cumplimiento de lo establecido por las Naciones Unidas".

El debate en el Congreso de los diputados se produce precisamente el mismo día en que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inicia en Guadalajara la segunda exhumación en busca de Timoteo Mendieta, el padre de Ascensión Mendieta, la mujer que pidió ayuda a la jueza argentina que desde el año 2010 investiga bajo el principio de justicia universal los crímenes de la dictadura franquista, María Servini. En esta ocasión, la exhumación estará acompañada de la búsqueda de otras diez personas reclamadas por sus descendientes. Los costes de la exhumación, a pesar de ser promovida judicialmente, correrán a cargo de la asociación, "que para ello no recibe un sólo euro de ayuda pública y que la llevará a cabo con el dinero de las cuotas de sus socios y el trabajo voluntario de expertos".