Andalucía

Interior incumple la orden judicial de dignificar el CIE de Algeciras

Inmigrantes rescatados en aguas del Estrecho.

La juez Belén Barranco ha subido el tono y ha elevado el tiro. En un auto firmado este lunes, la titular del juzgado de instrucción responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, con dependencias también en Tarifa, se dirige directamente al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), para exigirle que adopte un total de 31 medidas para la seguridad, salubridad, higiene e intimidad de los internos. Para su dignidad, en suma. Lo hace tras ver desatendidos por las direcciones policiales de las instalaciones de Algeciras y Tarifa (Cádiz), dependientes del Ministerio del Interior, los requerimientos realizados en un auto de diciembre que ya apuntaba graves deficiencias. El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, responsable de los CIE, ha incumplido las exigencias recogidas en el auto de diciembre. Fuentes de Interior se limitaron a señalar que están "analizando" la nueva resolución.

Dicha resolución es más dura que la anterior. Las exigencias a Interior, realizadas a raíz de una visita el 10 de abril para comprobar el estado del centro, ofrecen un descarnado retrato. La juez reclama a Zoido medidas como la supresión de rejas en las habitaciones, un modelo más riguroso de parte de lesiones y un registro que permita saber cuándo se han utilizado con los internos "medios de contención" como "la fuerza física" o los "grilletes", indicando los motivos. La magistrada se muestra insensible a las excusas presentadas por la dirección del centro –escasez presupuestaria y limitaciones físicas– para no acometer los cambios ordenados en su anterior resolución.

El CIE de Algeciras está en el punto de mira de las asociaciones de defensa de los derechos humanos del Campo de Gibraltar. "Las instalaciones son horripilantes", dijo ya en 2013 el fiscal de extranjería, en una entrevista a El País. Algeciras Acoge y la Fundación Cruz Blanca, entre otras organizaciones, presentaron en noviembre de 2016 ante el juzgado de Barranco, el número 1 de Algeciras, una denuncia tras visitar el centro. La denuncia recogía el relato de una de las internas, sin identificar: "Hemos aceptado el riesgo en el mar y lo peor es encontrarse encerrada, lo que nos hace caer enfermas, tristes, estamos sin calefacción, todas las mujeres tenemos infecciones, nos faltan ropas para el frío. Por favor, ayúdenos”. Las organizaciones denunciantes describían una situación de precariedad material, humedades, falta de ropa e incluso de compresas para la menstruación. La "notoria impronta penitenciaria", pese a que los CIE no son cárceles, provoca "ansiedad, miedo y depresión", señalaban los denunciantes.

Limitaciones presupuestarias y estructurales

La juez Barranco visitó Algeciras y Tarifa en octubre y noviembre, respectivamente. Alertaba de una "absoluta masificación" en Tarifa, con módulos sin retrete ni lavabo. No había un espacio privado para las visitas, que se daban en un lugar de paso. La juez consideraba incumplido el decreto que regula el funcionamiento de los CIE y pedía a la dirección de ambos centros toda una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida de los internos: de instalación de luz natural en las habitaciones a supresión de duchas colectivas, entre otras. El auto de diciembre que recogía estas instrucciones ha sido desatendido. "Únicamente se ha cumplimentado el [requerimiento] de suministro de muda interior para los internos, a los cuales se les facilita una suerte de 'petate' que incluye un chándal, un par de camisetas, dos pares de calcetines, varias mudas de ropa interior y un par de zapatos", dice el auto. "No se ha cumplimentado ninguno de los requerimientos estructurales a los que se aludía en el auto de 12 de diciembre de 2016", añade la resolución.

¿Por qué no se ha cumplido? Los inspectores de la Policía Nacional que dirigen los centros de Algeciras y Tarifa –que legalmente son un solo CIE, aunque con instalaciones separadas– aseguran en un oficio de 17 de enero que dar cumplimiento al auto “implicaría acometer obras y reformas que por sus características y envergadura son imposibles de ejecutar con los medios y vías de facturación que desde este centro se poseen a nivel local, dado que con toda probabilidad implican incluso la modificación de la distribución general del inmueble donde radican las instalaciones". Es decir, el CIE no puede cumplir la ley, tal y como la ley es interpretada por la juez competente. Una situación delicada. En teoría, el anunciado nuevo CIE de Algeciras, para el que el Ministerio del Interior prevé invertir 20 millones de euros, deberá resolver la situación, pero pueden quedar años hasta que esté construido. ¿Qué pasa hasta entonces?

De 156 a 120 internos

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Con respecto a sus anteriores visitas, la juez aprecia apenas unos cambios menores. El CIE de Algeciras sólo tiene ya 15 internas, todas mujeres, por las "deficiencias estructurales del edificio". Hay alas enteras cerradas. También en Algeciras se ha elaborado por parte del servicio médico un documento tipo para hacer constar que un interno que va a ser expulsado está "listo para viajar". En Tarifa el número de internos ha bajado de 156 a 120, "estando mezclados tanto internos meramente indocumentados como internos a la espera de ser expulsados para la ejecución de una previa condena penal". Y han puesto una cabina telefónica que funciona de 20.00 a 22.00. Poco más.

La juez considera insuficientes estos cambios. Y en su auto incluye un total de 31 medidas que son una versión corregida y aumentada de la parte dispositiva de su resolución de diciembre, alimentada por las observaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura –en ningún momento se afirma en el auto que haya habido torturas–. Las exigencias de la magistrada incluyen, entre otras, la realización de pruebas de tuberculosis, VIH, sífilis, hepatitis A, B, y C y parásitos intestinales; la instalación en los dormitorios de mesas para que los internos depositen sus enseres; la adaptación del modelo de parte de lesiones a los requisitos exigidos por la Defensora del Pueblo; la remisión del parte de lesiones directamente al juzgado por parte del servicio médico; la creación de un servicio de orientación jurídica; un registro informático donde consten quejas y peticiones; más cámaras de vigilancia; la comprobación del cumplimiento de los contratos con empresas externas para alimentación (Albie), limpieza (Clece), sanidad (Clínica Madrid) y mantenimiento (OHL)...

La juez Barranco exige también asistencia médica 24 horas al día, climatización de módulos y espacios comunes, así como difusión interna de información contra la violencia de género y la trata. El auto ordena "la creación de un registro" del uso de "medios de contención, como la fuerza física o el uso de grilletes, en donde conste la hora de inicio y finalización y los motivos". Deben desaparecer de la sala de visitas del CIE de Algeciras las mamparas de cristal y hierro. En Tarifa se suprimirán, según el auto, las habitaciones con más de tres internos y las duchas colectivas, y las visitas se producirán en privado. Además cada habitación debe tener retrete. Según la juez, que estos cambios no sean física ni económicamente viables no es excusa para incumplir sus órdenes.

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