Podemos recaba el apoyo de PSOE, ERC, PNV y PDeCAT para sacar a los piquetes del Código Penal

Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha recibido este martes en el Pleno del Congreso el apoyo anunciado por el PSOE, Esquerra Republicana, PNV y PDeCAT para admitir a trámite su proposición de ley, que supone la derogación en el Código Penal del delito de coacción de los piquetes durante una huelga y la anulación de todas aquellas causas, en firme o en proceso, por este artículo, según ha informado Europa Press.

Durante su debate, la diputada de En Comú Aina Vidal ha denunciado la criminalización que, a su juicio, se está produciendo en torno al sindicalismo en España, contraponiendo que, frente a ello, "el piquete más efectivo es el patronal".

"Es el piquete con el que las empresas, durante todas las jornadas de huelga, arremete contra los trabajadores. Empieza días antes de la huelga, con murmullos, con miradas, con críticas, amenazas", ha apostillado, encuadrando como "una casualidad" que mientras más de 300 sindicalistas se enfrenten a penas por el artículo 315, ninguna empresa se enfrente a éste por coaccionar a sus trabajadores a no secundar los paros.

Asimismo, se ha dirigido al PSOE para cuestionar por qué mantuvo en el Código Penal "un vestigio de la dictadura" y ha criticado al PP porque, al reducir las penas, también reducía las penas dirigidas a las empresas. "El capitalismo de amiguetes, de nuevo al rescate de sus amigos", ha dicho, argumentando que, si antes no se oía hablar de este artículo es porque no se usaba y se utilizó "para desalentar las movilizaciones".

"Si no molesta, es que no es una huelga"

"Criminalizar la huelga nunca ha evitado su ejercicio, sólo sirve para extremar sus consecuencias", ha dicho Vidal, que ha argumentado que "si no molesta, es que no es una huelga". "Preferirían un manifestódromo", ha criticado.

Por su parte, el portavoz de Empleo de Podemos, Alberto Rodríguez, ha defendido la derogación de este artículo por suponer "un ataque a la libertad sindical y a un derecho constitucional". "Si esto fuera en Venezuela me pregunto qué estarían diciendo algunos grupos y medios de comunicación", se ha preguntado.

Asimismo, ha sentenciado que "el derecho a la huelga está bien vivo", recordando que en sectores como el del telemarketing, el de los ascensores o los dobladores de series los trabajadores han logrado ver cumplidas sus reivindicaciones, y ha advertido al Gobierno ante el conflicto anunciado en la estiba por la convalidación del decreto ley que reforma el sector: "Van a recordar lo que era una huelga como Dios manda", ha dicho.

PSOE defiende que "los piquetes no son violentos"

Por parte del PSOE, su portavoz de Empleo en el Congreso, Rafael Simancas, ha defendido la huelga como un derecho a defender –"forma parte del pacto constitucional", ha dicho– y ha criticado que "la acción de la Fiscalía ha debilitado la acción de los sindicatos".

"Los piquetes no son comandos violentos. Cuando se persigue a un piquete no violento se busca desligitimar la acción sindical, y debilitar a los sindicatos es debilitar la democracia y los fundamentos que la sustentan", ha argumentado.

Por ello, ha anunciado el apoyo de su formación a la admisión a trámite de la proposición de ley, aunque ha dicho también que presentarán enmiendas para que, a través de otros artículos "se siga persiguiendo injustamente a sindicalistas", por lo que ha pedido una reforma del Código Penal en la que se distingan las penas por coacciones si éstas se dirigen a impedir el ejercicio de un derecho fundamental o no.

PNV pide abrir un debate

También ha aceptado la tramitación Esquerra Republicana, cuyo diputado Jordi Salvador i Duch ha llamado a "derogar cualquier norma que criminalice el derecho a la huelga". "Lo mejor de la sociedad viene del movimiento obrero", ha aseverado, recordando iniciativas presentadas en anteriores legislaturas por su grupo, en la misma línea de la propuesta por Unidos Podemos.

Por parte del PNV, Mikel Legarda ha mostrado el apoyo de su formación para reformar este artículo del Código Penal, pero también ha mostrado su disconformidad con la redacción de la propuesta presentada en el Congreso, y ha apostado por abrir un debate en el que participen expertos, dada la complejidad de este asunto, "siempre acompañado por la polémica".

C´s, contrario a la indemnización

Javier Cano Leal, de Ciudadanos, ha preferido no anunciar el sentido del voto de los 32 diputados de la formación naranja, aunque ha recordado que en el acuerdo alcanzado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez en la anterior legislatura se incluía la derogación de este artículo.

En todo caso, ha apostado por encontrar un "equilibrio" entre la garantía del derecho a ejercer la huelga como al de trabajar, y ha discrepado en la disposición incluida para indemnizar a aquellos sindicalistos condenados ya por este artículo, pues la condena supuso cumplir con la ley.

Asimismo, ha aludido a la ausencia de necesidad de incluir el sobreseímiento de los casos en proceso o la revisión de las condenas. "Es un efecto natural de la reforma", ha dicho que el propio Código Penal recoge que las leyes penales que favorecen al reo tienen efecto retroactivo.

PP critica una propuesta "sin pies ni cabeza"

Por último, la diputada conservadora Silva Valmaña ha iniciado su intervención haciendo un alegato a la presunción de inocencia: "Creo firmemente en ella, de esas (personas procesadas por el artículo 315), como otras personas que están siendo investigadas. Y les deseo lo mejor", ha dicho.

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Asimismo, ha criticado la propuesta como "un espejismo, un desatino jurídico, que no tiene ni pies ni cabeza, que ponen en jaque los principios de seguridad jurídica, de retroactividad de la ley penal y de legalidad", por lo que ha expresado su sorpresa por el apoyo del resto de partidos.

Además, ha recomendado a los diputados de Unidos Podemos que estudien a "los grandes penalistas y laboralistas", recordando que varios aconsejaron una "protección específica" para las personas que no participan de la huelga, y que la propuesta puede producir un "encarnizimiento punitivo" al contemplar mayores castigos para estas coacciones.

Por último, ha dudado si el sentido de la ley propuesta por Podemos "obedece al desconocimiento de la materia o a la búsqueda de titulares", y ha dicho que, desde el PP, quieren "jueces impolutos a los que no se les dé interpretada la ley un grupo político con intereses claramente partidistas". "No podemos apoyar un concepto pervertido de lo q ustedes entienden por libertad y democracia a la venezolana", ha concluido.