La financiación del PP

Anticorrupción rehúsa explicar su cambio de posición para exculpar a Cifuentes

Fotografía de archivo de Manuel Moix.

Dos días después de que la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez Eloy Velasco anunciaran a través de sus portavoces que no investigará a Cristina Cifuentes por su papel en la adjudicación de dos contratos bajo sospecha, el equipo que dirige Manuel Moix sigue sin explicar el porqué de su cambio de posición en ese punto. 

¿Qué ha conducido a la Fiscalía a eximir a la presidenta de Madrid dos meses después de haber emitido un informe en el que destacaba las "irregularidades" detectadas en esos contratos y ponía el acento en cómo su beneficiario, Arturo Fernández, había recibido adjudicaciones cada vez que hizo una donación? infoLibre se lo preguntó el martes a los portavoces de la Fiscalía. Desde entonces, no ha habido respuesta. 

De esos contratos, adjudicados por la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 a una empresa de Arturo Fernández en aplicación del criterio marcado por un comité de expertos al que pertenecía Cifuentes, habla el informe firmado por las fiscales del caso Púnica el 6 de marzo. El texto se pronuncia en estos términos: "Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios [de la Asamblea de Madrid] presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites del informe".

Las fiscales se refieren a esas adjudicaciones inmediatamente después de haber subrayado que el PP instrumentó un "sistema de recompensas a los donantes con contratos públicos de la Comunidad de Madrid". A renglón seguido, las fiscales escriben esto: "La Policía Judicial ha identificado varias adjudicaciones en favor del grupo de Arturo Fernández –Grupo Cantoblanco–, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de Vicepresidencia y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009 y 2011".

El silencio de la Fiscalía sobre lo que ofrece todos los visos de una contradicción con sus propias posiciones de marzo ha fortalecido al equipo de Cifuentes en su ataque a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por pedir que se investigue a Cifuentes por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Cifuentes, que proclama la absoluta honestidad con que se condujo en la tramitación de aquellos contratos y asegura que se limitó a seguir el dictado de los técnicos, presidió la sesión del comité de expertos que el 21 de junio de 2011 adjudicó el bar de la Asamblea a Arturo Fernández.

Este jueves el equipo de Cifuentes redobló sus ataques a la Guardia Civil mientras salía a la luz un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Comunidad que hace afirmaciones como esta: "Debe concluirse que si no se ha seguido diligencia judicial alguna antes del levantamiento de la medida de secreto para las partes tras la emisión de los citados informes [los de la Guardia Civil], es que a juicio de la Fiscalía y de la autoridad judicial debe descartarse la relevancia penal de los hechos expuestos en los citados informes". De la "relevancia penal" de esos contratos dejó constancia el juez Eloy Velasco en distintos documentos incorporados al sumario de Púnica.

Parte del expediente fue destruido... legalmente

Pero aunque el Gobierno madrileño descalifica por completo los informes de la UCO y los presenta como un compendio de "juicios de valor" carentes "de base probatoria y fáctica alguna", lo cierto es que esos informes han hecho aflorar los agujeros negros de aquellas adjudicaciones.

Un ejemplo: integrado por Cifuentes y dos empleados de la Asamblea de Madrid en casa ocasión, el comité de expertos que valoró en 2009 y 2011 las ofertas para la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid asignó al principal rival de Fernández, la empresa Clece, un cero en dos criterios cruciales para la baremación final: la calidad de los alimentos y "otras mejoras", un concepto cuyo carácter difuso recalca la Guardia Civil.

El argumento de aquellos dos ceros fue que Clece no había presentado los documentos requeridos, extremo que la investigación de la Guardia Civil ha acreditado como falsos gracias a que la propia Clece los ha aportado a la investigación.  

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Hechos como ese conducen a la UCO a sostener que el comité de expertos al que pertenecía Cifuentes protagonizó "una pluralidad de acciones" que tuvieron "como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a Arturo Fernández. Los investigadores de la Guardia Civil interrogaron en calidad de investigados -imputados- a los tres funcionarios que participaron junto con Cifuentes en sendas adjudicaciones, la de 2009 y la de 2011.

¿Estaban esos papeles en el expediente original y los obvió el funcionario encargado de proponer qué puntuación debía recibir cada ofertante o los hizo desaparecer alguien de forma que quedasen justificados los dos 0 que recibió Clece? No es posible saberlo ni lo será: los documentos aportados por las empresas que no resultaron beneficiarias del contrato fueron destruidos tres meses después de que la adjudicación alcanzara firmeza.  En el caso del contrato adjudicado en 2011, que es el más controvertido, la destrucción se produjo en abril de 2012, confirmaron a este diario fuentes oficiales de la Cámara madrileña.

infoLibre consultó con expertos en Derecho Administrativo y preguntó a una Comunidad Autónoma donde no gobierna el PP si es habitual la destrucción de los documentos aportados por los perdedores de una licitación, que son los que llegado el caso resultan esenciales para demostrar la limpieza del proceso. La respuesta fue afirmativa. 

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