El futuro de Cataluña

Puigdemont aplaza la independencia en un intento de buscar una mediación y evitar una reacción dura del Estado

Carme Forcadell y Carles Puigdemont se abrazan en presencia de varios diputados después de firmar la declaración de independencia de Cataluña.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en vez de consumar la declaración de independencia que esperaban los partidos y las organizaciones que promovieron el referéndum del 1 de octubre, optó por una fórmula que le permite ganar tiempo y, a la espera de una mediación internacional que no acaba de aparecer, trata de situar de nuevo el foco en la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a negociar una solución política asumible por las dos partes. Y ponerle así en el brete de tener que tomar medidas duras contra el autogobierno catalán.

Puigdemont lo hizo una vez más pasando por encima de las leyes que el Parlament aprobó para gobernar el proceso de autodeterminación de Cataluña. A falta de una Sindicatura Electoral en situación de escrutar y proclamar los resultados del referéndum (todos sus miembros dimitieron días antes de la votación), el propio president asumió personalmente la responsabilidad de dar validez a aquella votación y proclamó: “Llegados a este momento histórico asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que el pueblo de Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”.

Esa asunción de mandato no está prevista en el marco legal aprobado unilateralmente por los independentistas, pero ese hecho tampoco fue obstáculo para que el president, a renglón seguido, la diese por suspendida: “El Govern y yo mismo proponemos“, declaró solemnemente en el pleno, “que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”.

El pleno del Parlament no votó ninguna suspensión y tampoco ninguna declaración. Pero los diputados independentistas, al margen de la Cámara como institución pero dentro del edificio, sí pusieron su firma en una declaración de independencia que no podrá ser publicada en ningún boletín oficial porque no es un documento parlamentario. El texto, eso sí, no deja jugar a dudas: sus firmantes, que se refieren a sí mismos como los “representantes democráticos del pueblo de Cataluña”, proclaman que este martes, 10 de octubre, Cataluña restaura “su plena soberanía”. Y, “en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía, constituimos la República catalana, como un Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. Los firmantes disponen, además, “la entrada en vigor de la ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República”.

Con la fórmula elegida, Puigdemont trata de evitar una quiebra irresoluble en la heterogénea alianza del independentismo entre quienes consideran inviable declarar el Estado catalán basándose en el referéndum del 1 de octubre y los que reclaman hacerlo inmediatamente. De hecho, el discurso de Puigdemont fue recibido con frialdad por los diputados de la CUP y su portavoz, Anna Gabriel, aseguró minutos después desde la tribuna de oradores que su organización no va a reconocer la suspensión de la declaración de independencia y mucho menos para negociar con el Gobierno de España.

Ese es, precisamente, el objetivo de Puigdemont, hablar con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero “a partir del resultado del 1 de octubre; resultados que debemos tener en cuenta de manera imprescindible en la etapa de diálogo que estamos dispuestos a abrir”.

Aunque la declaración sin preguntas que hizo pública en la noche del martes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría deja poco margen para una negociación. El Gobierno no reconoce “un acto ilegal y fraudulento” como el referéndum del 1-O, subrayó, antes de anunciar que Mariano Rajoy ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para la mañana del miércoles en el que piensa adoptar medidas con el respaldo del PSOE y Ciudadanos.

Y es que el diálogo que el president quiere construir toma como base la validez del referéndum del 1-O. Y espera ponerlo en marcha gracias a una mediación internacional que dio por comprometida “porque Europa ya se siente interpelada sobre los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto”. De hecho, Puigdemont presentó su decisión, asumir el mandato de declarar la independencia y suspenderlo inmediatamente, como una respuesta a una demanda de mediación: “Nos han pedido que abramos un tiempo para dar una oportunidad de diálogo con el Estado español”. Y “al Gobierno español le pido que escuche”, dijo, “ya no a nosotros si no quiere, sino a quienes abogan por la mediación y a la comunidad internacional”.

La implicación de Bruselas

Y pensando en esa mediación, el president apeló expresamente a Bruselas. “A la Unión Europea le pido que se implique a fondo”.

Puigdemont se esforzó en describir la suspensión de sus planes para declarar la independencia como “un gesto de responsabilidad y generosidad” que “vuelve a extender la mano al diálogo” y obviando las evidentes diferencias de criterio que se han abierto en los últimos días en las filas independentistas.

De hecho, con su decisión, el president pone en riesgo los complicados equilibrios internos del independentismo a la espera de que la internacionalización del conflicto abra una puerta a la autodeterminación de Cataluña. La organización juvenil Arran, afín a la CUP, le ha acusado de incurrir en una “traición inadmisible” porque “ha quedado demostrado que no hay espacio para el diálogo” y que “la declaración de independencia se ha de ejecutar ahora mismo”.

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, exigió a Puigdemont acotar en el tiempo los plazos para negociar con el Gobierno central a “un mes más o menos”, pero dejó claro que  la confianza de su organización en el Govern ha quedado “tocada”. De hecho, la CUP ha abierto un debate interno para decidir si continúa o no con su actividad en el Parlament. También Òmnium ha pedido plazos definidos.

Paradójicamente, fueron el PP y Ciudadanos los partidos que consideraron las palabras de Puigdemont una declaración de independencia. El líder de C's, Albert Rivera, exigió incluso a Rajoy que actúe de una vez para detener este “golpe a la democracia” y active el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones anticipadas en Cataluña.

Por boca del PSOE, que este miércoles reunirá a su ejecutiva, habló en una declaración sin preguntas el secretario de Organización, José Luis Ábalos, después de que trascendiese que Pedro Sánchez estaba con Mariano Rajoy en La Moncloa. Y lo hizo para anunciar que el PSOE está comprometido con el Gobierno, que es al que corresponde decidir la respuesta al president. Los socialistas han tomado con “decepción” las palabras de Puigdemont, porque tenían “esperanzas” de una vuelta a la legalidad que hiciese posible un diálogo. “Hemos sido portadores de la buena fe y creo que ha habido un abuso de esa buena fe”, reconoció.

Ábalos negó toda validez a la declaración de independencia firmada por los diputados independentistas, y también a la apelación al diálogo, porque no parte del respeto a la ley. “No es una invitación sincera, porque no incluye la vuelta a la legalidad”. El resultado, concluyó, es que la situación en Cataluña es de “absoluta ingobernabilidad” y es el Gobierno de Rajoy el que debe tomar decisiones. 

No parece que el PSC comparta esta opinión, y eso amenaza con abrir otro frente a Pedro Sánchez. La influyente Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet, aseguró que “Puigdemont ha hecho un gesto de responsabilidad, no ha proclamado la independencia. Ahora, diálogo”. 

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Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes, consideró que la única salida a la situación actual es convocar elecciones autonómicas para que los catalanes puedan expresarse con garantías y en igualdad de condiciones, y reconoció que todos los grupos han contribuido de un modo u otro al problema: "Y todos hemos de formar parte de la solución".

Quien sí saludó el planteamiento del president ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha agradecido su “sensatez”. Y pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no aplique el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Cataluña y que acepte dialogar. En términos muy parecidos se han expresado también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

 

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