La financiación de los partidos

Las dudas sobre la financiación de Ciudadanos: del dinero de los grupos institucionales a las asesorías del partido

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en un acto con jóvenes celebrado en Salamanca.

Cuatro comparecencias en el Senado especialmente elegidas por el PP para cuestionar la financiación de Ciudadanos fueron suficientes este jueves para alimentar las dudas sobre la contabilidad del partido de Albert Rivera. A modo de réplica, el partido naranja se limitó a recordar que la Fiscalía Anticorrupción no vio hace un año motivos para investigar las denuncias que en su día presentó la plataforma de antiguos militantes cuyos representantes acudieron a la Cámara alta. Todo “es parte de la campaña de intoxicación” que trata “de poner el ventilador sobre Ciudadanos porque nosotros no tenemos casos de corrupción y somos el partido líder en transparencia”, aseguran.

El número dos de Rivera y secretario general de Cs, José Manuel Villegas, fue parco en explicaciones: “No hay nada nuevo. Es un tema que ya salió en su momento, hace muchos meses, que ya hemos explicado”.

¿De qué se trata? Lo que sigue es un resumen de las principales acusaciones y dudas planteadas en la comisión del Senado, así como de las explicaciones que ha ofrecido Ciudadanos.

  "Ciudadanos se financia con dinero de sus grupos institucionales"

Todos los comparecientes en la comisión —la plataforma de antiguos militantes, un periodista de Okdiario y un concejal independiente de Leganés, autor de un libro sobre Rivera— coincidieron al afirmar, con mayor o menos grado de precisión, que Ciudadanos se financia ilegalmente con dinero de sus grupos institucionales.

El mecanismo sería el siguiente: los grupos municipales y parlamentarios habrían sido forzados a ingresar cada mes la totalidad de la subvención pública que reciben en una cuenta del Banco Popular controlada por Villegas y el responsable de Finanzas del partido, Carlos Cuadrado. Una parte de ese dinero volvería a los grupos institucionales a través de otra cuenta, también del Banco Popular, para pagar sus gastos y el resto, un 30%, quedaría en manos de Ciudadanos y serviría para financiar tanto su funcionamiento como sus campañas electorales, algo que está expresamente prohibido por ley.

Fuentes del partido de Rivera consultadas por infoLibre negaron tajantemente este trasvase ilegal de dinero público. “Esto es falso”, subrayaron. “Está explicado y esa cuenta es siempre de ese grupo que dispone” de los fondos. “Son cuentas del grupo”, y tanto Cuadrado como Villegas se limitaban supervisar su utilización y no disponían del dinero.

Esa fue la tesis defendida en las últimas horas por el propio Villegas. Tanto su presencia en las cuentas como la del titular de Finanzas sólo tiene un objetivo: asegurarse de que “la gestión” del dinero “de los grupos municipales sea lo más correcta posible”. En vez de una trampa contable “es un mecanismo de control”, subrayó, al que el Tribunal de Cuentas no ha puesto “ninguna pega”, por lo que van a seguir utilizándolo. “Si no se puede hacer, ya lo dije en su momento, lo haríamos de otra forma, pero no vamos a renunciar a tener control sobre las cuentas que hay en los grupos municipales o autonómicos”, subrayó Villegas.

  "Ciudadanos se financia cobrando a sus grupos por asesorarles"

Los comparecientes en la comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los partidos políticos también acusaron a Ciudadanos de forzar a sus grupos institucionales a firmar acuerdos tipo de prestación de servicios que, según ellos, no son sino una tapadera legal que encubre la entrega de dinero público al partido a cambio de una asesoría que en realidad no existe.

De ser cierto, los grupos municipales y parlamentarios de Cs estarían pagando al partido por actividades falsas, lo que presumiblemente también supondría una utilización fraudulenta de fondos públicos.

Las fuentes de Cs consultadas por infoLibre confirmaron que “el contrato marco existe” y se usa para regular “la prestación de servicios” por parte del partido. No obstante, subrayan, “ha sido avalado por los propios ayuntamientos”, se aplica “cuando hay algún grupo municipal que necesita servicios del partido” y ha sido validado por el Tribunal de Cuentas “sin salvedades” . ¿Se documentan los servicios prestados? ¿Hay constancia documental? Ciudadanos afirma que sí: “Siempre hay nota específica de servicio; la tiene el partido y la tiene el grupo”, porque siempre tienen que ser autorizados.

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La plataforma que agrupa a los ex militantes de Ciudadanos reveló este jueves en el Senado que tiene casos documentados, por ejemplo en Fuenlabrada y en San Sebastián de los Reyes, ambos municipios de la Comunidad de Madrid, en los que se modificaron las candidaturas electorales para dar entrada a personas a cambio de aportaciones económicas de entre 11.000 y 18.000 euros. Y de pagos de gastos electorales por parte de particulares, como por ejemplo en Albacete.

José Manuel Villegas optó por responder con ironía sobre esta presunta compraventa de puestos en las candidaturas: “Supongo que Albert Rivera e Inés Arrimadas se ganaron el cargo en una subasta. Si es así, pujo yo la siguiente”, añadió. "Se trata de acusaciones lanzadas por una persona sin credibilidad, rebotada, seguramente por representar a personas que perdieron elecciones primarias en el partido. Todo el mundo sabe cómo se eligen los candidatos en Ciudadanos y no salen de una subasta pública”, zanjó.

En estas tres acusaciones el PP halló munición contra el partido de Rivera. Su portavoz en la comisión, Luis Aznar, las consideró “de suma gravedad” y se mostró convencido de que el Senado ha abierto “un melón en las finanzas de un partido con una vida muy corta pero que da motivos de seria preocupación”. La cúpula de Ciudadanos tendrá que dar explicaciones, “me refiero a Rivera, Villegas y Cuadrado”, precisó. También “de sus cuentas en el Banco Popular y de sus finanzas”.

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