Unidos Podemos propone una ley contra la violencia sexual para eliminar el abuso y penalizar el acoso callejero

"Es una propuesta de la calle". Con estas palabras presentó Unidos Podemos su proposición de ley contra las violencias sexuales, registrada este miércoles en el Congreso. Se trata de proporcionar, a través de ella, "la seguridad que un Estado le debe a su ciudadanía" para que las mujeres sean "sujetos de su libertad sexual". La propuesta se hace cargo de una "anomalía machista" respecto a los delitos sexuales, en los que la víctima no sólo debe "demostrar" que ha sido agredida sino también "que opuso resistencia". Con esta norma, por tanto, "desaparece el requisito de violencia y resistencia" para poner el consentimiento en el centro del tablero. Con ello se elimina la distinción entre abuso y agresión, se crea un tipo penal para las agresiones grupales y se incluye un delito leve de acoso en la vía pública que pueda "provocar una situación intimidatoria". 

En la presentación de la ley ante los medios de comunicación, la penalista Patricia Faraldo, que ha asesorado a la formación morada, aseguró que la distinción entre violencia o intimidación –condiciones para que un delito sexual sea considerado agresión– hasta el momento ha derivado en una serie de efectos negativos para la víctima, como el requisito de probar una "resistencia activa" o la idea de que "la intimidación tiene que ser lo suficientemente grave". Con esto, sostuvo Faraldo, el foco de atención se ha situado hasta ahora en la conducta de la víctima, en lugar de en la actuación de su agresor.

La propuesta de Unidos Podemos busca, por el contrario, "centrar el núcleo de los delitos sexuales en el atentado contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento", de modo que desaparezca el abuso sexual, como también ha propuesto la comisión de expertos que estudia los delitos sexuales en el Código Penal. A partir de este tipo básico, señaló la jurista, se construyen "tipos atenuados y agravados", como por ejemplo "actos que revistan un carácter especialmente vejatorio o la especial vulnerabilidad de la víctima". Otra novedad es que la agresión sexual en grupo deja de ser un agravante y se presenta, siguiendo el modelo italiano, como tipo penal. El actual agravante de actuación en grupo en las agresiones sexuales, insistió la jurista, "no ha venido a resolver todos los problemas", por lo que resulta "más claro y más unívoco para los tribunales" tratar la agresión sexual colectiva de forma independiente.

Respecto a la valoración judicial del consentimiento, Faraldo explicó que, si bien la forma de proceder de los jueces no está pautada, es importante tener en cuenta que "el consentimiento se puede dar no sólo expreso oralmente", sino también a través de "actos tácitos, lenguaje corporal". En este sentido, la diputada Ángela Rodríguez recordó que es fundamental una reflexión no sobre qué comportamientos son delito, sino respecto a "qué es una buena relación sexual". La traducción, añadió, "del deseo al Código Penal es el concepto de consentimiento". 

La norma registrada por el grupo confederal, además, propone un delito leve de acoso en la vía pública, que al contrario de lo propuesto por Francia el pasado mes de mayo, no se tratará de una sanción administrativa, sino de "castigar el acoso intimidatorio", con los medios de prueba habituales, tales como la declaración de la víctima o de testigos.

Formación y ampliación de competencias

La propuesta insiste además en la necesidad de mejorar la formación de los agentes jurídicos y la especialización de los juzgados. Busca, de esta manera, que existan juzgados de instrucción y de lo penal especializados en violencia sexual, no sólo en el contexto de la pareja o expareja. "Necesitamos juzgados con competencias para todas las violencias", aseveró Rodríguez.

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Ligado a la especialización, la diputada subrayó la importancia de mejorar la formación, pero "no cualquier formación", sino una "homologada" y que contemple además "estudios superiores" al respecto. El grupo confederal también propone "formación voluntaria en género para los cargos públicos", ya que "todos los operadores jurídicos y de la administración pública tienen que tener esta formación".

La proposición prevé, asimismo, mejorar aspectos como el acompañamiento a las víctimas, evitar la victimización secundaria, eliminar en el proceso judicial preguntas a la víctima que no tengan que ver con el caso o garantizar que ésta no tenga contacto físico con su agresor y su testimonio pueda ser grabado en vídeo.

La iniciativa llega, precisamente, tras el anuncio de la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, de incluir el consentimiento expreso en el Código Penal. Al respecto, las representantes de Podemos admitieron desconocer cuál es la pretensión exacta del Gobierno, pero entienden que existirá "una línea de colaboración" para luchar "contra todas las violencias machistas y la cultura de la violación".