Violencia género

El crimen machista de Valga evidencia la necesidad de incluir a las víctimas colaterales en las estadísticas

José Luis Abet Lafuente, el autor confeso del triple asesinato en Valga (Pontevedra).

El asesino confeso del crimen machista de Valga (Pontevedra) terminó el lunes con la vida de la que ya era su exmujer. Aquella mañana, José Luis Abet Lafuente disparó también contra otras dos mujeres: la madre y la hermana de la víctima. Un triple crimen que sin embargo sólo dejará un nombre en los registros de violencia machista, el de la expareja del agresor. Las víctimas colaterales se pierden en el relato de las cifras, a pesar de formar parte de un mismo fenómeno. Así lo afirmó el martes el propio ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Maslaska, quien recordó que tras los asesinados "lo que subyace" es la violencia machista.

Las también llamadas víctimas por conexión suelen formar parte del entorno de la víctima. Jurídicamente, este tipo de crímenes no acarrea ninguna medida extraordinaria que tenga en cuenta el contexto en que se produce. Sin embargo, el trasfondo de los crímenes los sitúa de inmediato en el marco de la violencia machista. Así lo entiende Grande-Marlaska, así lo llevan años señalando las organizaciones feministas y así lo dice también la Fiscalía General del Estado. En su última Memoria de 2019, el Ministerio Público califica de "indiscutible que el daño que el agresor causa a la mujer atentando contra su integridad física, psicológica o moral, en muchas ocasiones no se limita a ellas, sino que, como se viene comprobando a lo largo de los años, se extiende a las personas más cercanas y vulnerables, como son los hijos propios o comunes, o a otras personas próximas al entorno familiar, atentando contra su vida".

En ese escenario, a las muertes de las mujeres hay que sumar "los ataques a otras personas de su entorno". En el año 2018 la Fiscalía recuenta a trece víctimas colaterales, "incluyendo personas fallecidas y lesionadas en mayor o menor medida". De entre todas ellas, se constata "la triste cifra" de ocho hijos de la víctima, menores de edad, asesinados por su padre. Los datos apenas varían de un ejercicio a otro: trece en 2017; trece en 2016; once en 2015; diez en 2014; trece en 2013.

Fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirman a infoLibre que las dos víctimas de Valga no serán contabilizadas. Sin embargo, añaden, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género –firmado en septiembre de 2017– "contempla algunas otras situaciones de violencia". Una de ellas tiene que ver con la que sufren las mujeres por el hecho de serlo, de acuerdo a los parámetro del Convenio de Estambul. "Otro punto del Pacto de Estado sería una tercera estadística que habla de la visibilidad de los entornos, donde irían englobadas" las víctimas del lunes, agregan las mismas fuentes. "Desde la Delegación del Gobierno estamos recabando datos para la elaboración de la otra estadística", la relativa a las víctimas fuera del ámbito de la pareja o expareja. Respecto a la tercera, "es una medida del Pacto de Estado que desarrollaremos en su momento, pero no hemos iniciado el proceso en este caso de requerimiento de información". En los cinco años de vigencia que contempla el acuerdo estatal, la estadística "tendrá que desarrollarse", aunque de momento no están preparadas las bases para hacerlo.

Una de las medidas del acuerdo llama a "visibilizar a las víctimas indirectas de violencia contra las mujeres" y menciona a los "familiares, amigas y amigos y entorno más íntimo de la mujeres que también sufre la violencia machista". La forma de darles voz es recoger sus casos "en las estadísticas oficiales para conocer la magnitud real del problema". El Gobierno, además, prevé trabajar con las comunidades autónomas "en la posibilidad de que las mismas les ofrezcan acceso a recursos", tales como "asesoramiento y atención psicológica".

Para suplir las carencias estadísticas, organizaciones feministas han optado por realizar su propio seguimiento. Es el caso de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas o Divorciadas y de Feminicidio.net. Ambas han contabilizado cuatro asesinatos por conexión en lo que va de año. Dos de las víctimas son las ya mencionadas y otros dos crímenes sucedieron en junio, en Aranjuez (Madrid), siendo esta vez dos excuñadas del agresor las que perdieron la vida.

Según la definición que hace Feminicidio.net de las víctimas por conexión, esta circunstancia responde al asesinato de una mujer "en la línea de fuego de un hombre que intenta o mata a otra mujer". Puede tratarse, añade, "de una amiga, una parienta de la víctima, madre, hija u otra", pero también puede ser una mujer desconocida "que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima".

El mensaje

Graciela Atencio, una de las fundadoras de la página web, desgrana en conversación con infoLibre algunas de las principales consecuencias de eliminar del relato a las víctimas del entorno. "El impacto que genera socialmente el hecho de que no sean reconocidas todas las formas de violencia implica un retroceso" en la conquista de los "derechos de las mujeres", una lucha que ahora está siendo "puesta en duda" por Vox, aprecia Atencio.

A su juicio, España "ha avanzado con una ley que fue de vanguardia" y que además llevó a cabo una "función pedagógica muy importante", pero "el hecho de no poder contabilizar" a este tipo de víctimas, unido a la falta de "políticas públicas de sensibilización y atención, puede significar un retroceso mayor".

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, recuerda que las estadísticas han sido tradicionalmente uno de los "principales instrumentos del movimiento feminista" a la hora de visibilizar la realidad de la violencia contra las mujeres, incluso antes de que los organismos oficiales se pusieran manos a la obra. Los números, continúa, sirven para reproducir la imagen que "conforma el hecho mismo de la violencia de género" y de esta manera introducir una "reflexión en el seno de la sociedad".

El daño que produce la violencia machista, añade Soleto, "no se limita a una mujer ni a sus hijos, sino que se extiende a toda una unidad familiar porque alguien ha decidido ejercer una violencia sin duda motivada por ideas machistas". Las estadísticas, por tanto, son una herramienta "de sensibilización brutal".

La reflexión en torno a las víctimas por conexión la comparte Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. "Una de las características de la violencia de género es que es una violencia extendida", afirma, que se expresa como forma de "control o daño y que se extiende a otras personas del entorno". Entre esas víctimas ampliadas está la familia de la víctima: su padre, su madre, su hermano, hermana o sus compañeros de trabajo". Cualquiera que pueda estar incidiendo en la ruptura de los lazos" entre agresor y víctima, apostilla Lorente. Y dibuja un ejemplo revelador: "Cuando un terrorista pone una bomba contra un general o un político y mata a otras tres personas, esa gente que pasaba por allí también es víctima del terrorismo y debe disponer de recursos, aunque el análisis se construya sobre los objetivos específicos".

Es decir, resulta fundamental reconocer la existencia de otras víctimas sin desviar la perspectiva ni inducir a un análisis erróneo. Las mujeres son, de facto, las principales víctimas de la violencia machista aunque puedan existir otras. El objetivo último del agresor es siempre "herir a las mujeres, aunque puedan dirigir la violencia hacia otras personas".

El recorrido judicial y los menores

"Hay una relación causa-efecto entre el discurso negacionista de la violencia machista y el incremento del número de víctimas"

"Hay una relación causa-efecto entre el discurso negacionista de la violencia machista y el incremento del número de víctimas"

Más allá de lo simbólico, Soleto recuerda otra cara de la moneda: la respuesta judicial. "La condición de víctima es un estatus para acceder a los derechos de la legislación vigente", asevera. En ese sentido, "la mayor parte de estos derechos están pensados para las víctimas supervivientes", pero en los casos de criminalidad mortal "a nivel penal hay muy pocas diferencias", más allá de la agravante de género. En el caso de Valga sí podría haber algún detalle a tener en cuenta. Si la hermana de la principal víctima hubiera dejado hijos menores, éstos no se podrían beneficiar de la pensión dirigida a los huérfanos de violencia de género, en vigor a través de una norma implantada en marzo del presente año.

El caso de los menores es paradigmático y podría suponer un ejemplo del camino a seguir. Desde el año 2013 existe una estadística oficial que recoge el número de menores asesinados y otra que detalla el total de huérfanos. Es lo que se denomina violencia vicaria. A partir del 2015 y a través de una reforma de la Ley de Protección de la Infancia, los menores son reconocidos como víctimas directas, lo que les permite ser destinatarios de las medidas de protección.

Sobre el papel de los niños habla Javier Urra, psicólogo forense ​en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados de Menores de Madrid, actualmente en excedencia. En el crimen de Valga, reflexiona en conversación con este diario, las víctimas son cinco, las tres mujeres y los dos hijos menores de la víctima –de cuatro y siete años– que estaban presentes en el lugar de los hechos. En relación a los menores, sostiene el psicólogo, hay dos tipos de víctimas: aquellos asesinados por su progenitor y quienes se quedan huérfanos. Desde el año 2013, un total de 30 menores han perdido la vida y otros 261 han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género. En este sentido, valora, sí existe "mucha sensibilidad", lo que a su juicio podría hacerse extensivo a las víctimas del entorno. Al final, señala, la causa de la violencia de género "es la misma: un odio cerval y un rencor absoluto" a las mujeres.

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