El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumple dos años con cerca del 75% de sus medidas sin desarrollar

Septiembre de 2017. Después de un largo y no siempre templado debate, los grupos parlamentarios se ponían de acuerdo sobre lo que ya era un consenso en las calles: la violencia de género requiere de medidas urgentes. El planteamiento cristalizó el día 28 en un gran acuerdo. Nacía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El documento era rubricado por todos los grupos excepto Unidas Podemos, quien se mostró especialmente crítico con el resultado por no cumplir –según su argumentación– el mandato de las organizaciones feministas.

El acuerdo estatal marca una duración de cinco años. En 2022, las 214 medidas que enuncia deberían estar contribuyendo a mejorar la vida de las mujeres y a terminar con la violencia machista. Dos años tras su puesta a punto, el balance muestra lo dificultoso de su aplicación pero también lo necesario de las iniciativas que se han desarrollado.

El pacto es "una valiosa herramienta que nos hemos dado todas las administraciones para luchar contra la violencia de género desde distintos ejes y con carácter integral", comentan a infoLibre fuentes oficiales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Las mismas fuentes recuerdan que, pese a ser aprobado a finales de 2017, el pacto comenzó a desarrollarse "con la llegada de este Gobierno en julio de 2018, con la aprobación de los fondos destinados a las comunidades autónomas y los ayuntamientos".

¿Qué pasó entretanto? El mayor escollo vino de mano de los presupuestos. El Gobierno de Mariano Rajoy quebró lo acordado cuando, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, estableció que los propios ayuntamientos y comunidades debían asumir los 120 millones que les correspondían para la lucha contra la violencia machista. Tras una serie de protestas organizadas por el movimiento feminista y gracias al freno de la oposición –a través de una enmienda presentada por el Grupo Socialista–, el Ejecutivo introdujo finalmente los 200 millones pactados, en su totalidad. Para entonces nos situamos ya en mayo de 2018, poco antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en julio con el objetivo de repartir los fondos a las entidades locales y autonómicas, el equipo socialista da un nuevo paso, en agosto, aprobando un real decreto ley que devuelve las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia. Aquel documento, que finalmente fue tramitado como proposición de ley, también "amplía los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género para que las víctimas, sin interponer denuncias, puedan acceder a derechos laborales y de la seguridad social", comentan las mismas fuentes. Además modifica el Código Civil para proteger a los hijos de las víctimas, que sólo necesitarán el permiso de un progenitor para recibir atención psicológica. Uno de los grandes logros, este sí, celebrado por las organizaciones feministas.

El 13 de septiembre de 2018, casi un año después de que naciera el pacto, se aprobó el real decreto en la Cámara Baja y el 18 de septiembre la administración dio luz verde al reparto de fondos. El mismo mes, y en cumplimiento de la medida 122 del pacto, se firma un nuevo contrato para la prestación del servicio de dispositivos electrónicos de control de penas y medidas de alejamiento, con el fin de lograr una mejora técnica de los sistemas de vigilancia electrónica.

El año 2018 llega a su fin con algunos pasos importantes. Entre noviembre y diciembre, el Gobierno pone en marcha varias campañas institucionales de sensibilización, concienciación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres. Una de ellas se desarrolla el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Las restantes fueron tres: contra la trata, la violencia sexual y la violencia de género. Las campañas perfiladas tratan de cumplir con algunos de los requisitos del pacto, aquellos relativos a la sensibilización, la visibilización de otros tipos de violencia más allá del ámbito de pareja y la interpelación a los más jóvenes.

También en diciembre, el Gobierno anuncia su pretensión de trabajar sobre una estadística oficial de víctimas mortales que incluya a aquellas mujeres que han perdido la vida como consecuencia de la violencia machista, sin que exista un vínculo afectivo con su agresor. Con el anuncio resuenan los nombres de Laura Luelmo o Diana Quer. A finales de mes se envía una circular a todas las unidades de coordinación y de violencia sobre las mujeres con el fin de obtener los datos estadísticos. A día de hoy, según ha podido saber este diario, la Delegación del Gobierno se encuentra todavía recabando información para la elaboración del recuento. Y aunque el trabajo está más avanzado en este aspecto, la administración todavía no ha empezado a cosechar información sobre las víctimas colaterales o por conexión. De existir este recuento, dos de las tres mujeres asesinadas en Valga (Pontevedra) dejarían de ser extraoficiales.

Empieza el año 2019. Tras algunos avances y declaraciones de intenciones, el Gobierno desgrana en febrero los principales datos relativos al seguimiento del acuerdo estatal. Hasta la fecha, sólo el 25% de las medidas se ha cumplido y el 57% se encuentra en proceso. Son las últimas cifras oficiales. El 75% de los puntos contemplados en el pacto, tres de cada cuatro, aún no se ha implantado. Aunque infoLibre ha intentado actualizar las cifras, el Ministerio de Igualdad únicamente ha señalado que "a lo largo de estos meses se ha avanzado en el desarrollo del pacto, con medidas como la ampliación de las pensiones de orfandad para los menores o el nuevo protocolo policial para valorar el riesgo de las víctimas de violencia de género".

En efecto, a principios de marzo entra en vigor la ley por la que los huérfanos de violencia machista pasarán a cobrar un mínimo de 600 euros de pensión. Desde el año 2013 son 264 huérfanos los que ha dejado la violencia contra las mujeres. En lo que va de año la cifra se sitúa en 33 huérfanos. Poco después, a mediados de marzo, se pone en marcha un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de las víctimas de violencia de género. Una reclamación de peso para las asociaciones feministas pero también para la Fiscalía General del Estado, que llevaba años alertando de las deficiencias en la detección del peligro. Y aunque el paso andado es clave, el Ministerio Público no está del todo satisfecho. Este mes de septiembre, el organismo recalcó en su Memoria Anual que resulta "imprescindible que el juzgado disponga además del informe realizado por las Unidades Forenses de Valoración Integral, en el propio servicio de guardia". Se trata, señalan los fiscales, de "una reclamación ya reiterada y cuya implantación se encuentra recogida en el Pacto de Estado de 2017 como una medida pendiente de ejecutar".

Volviendo al mes de abril, con las elecciones generales ya a punto y las Cortes Generales disueltas, el Consejo de Ministros aprueba la distribución de 100.000.000 euros para el desarrollo del pacto en las comunidades y los ayuntamientos, siguiendo lo aprobado por la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 3 de abril. En ese mismo mes, el Gobierno y las comunidades acordaron la aprobación de un título habilitante que acredite la situación de víctima de violencia de género sin necesidad de interponer denuncia, para acceder a prestaciones laborales. Es el último gran tramo recorrido por las instituciones. Hasta hoy, la falta de acuerdo para formar Gobierno ha lastrado la ejecución de los compromisos suscritos, mientras el número de mujeres asesinadas no ha dejado de crecer: son 44 en lo que va de año. 

Los frentes abiertos

Los frentes abiertos constituyen todavía la inmensa mayoría. Si bien el año pasado la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género Pilar Llop ponía entre sus prioridades la creación de una ley contra la trata y otra para combatir la violencia en la infancia, ninguna de las dos propuestas se ha podido desarrollar todavía. "Las medidas legislativas contenidas en el pacto se retomarán en el próximo periodo de sesiones, una vez constituidas las cámaras", sostienen fuentes oficiales.

Este ha sido el principal obstáculo para desarrollar las promesas acordadas: la falta de estabilidad parlamentaria. De cara al futuro, de lograr entrar en el Gobierno, el equipo de Pedro Sánchez centrará sus esfuerzos en "la reforma de la Ley de Educación, que será determinante para incorporar la educación en valores, donde la igualdad tenga un papel fundamental y fundacional". "Queremos generaciones que rompan con esa herencia machista que nos lastra", sentencian las mismas fuentes.

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Tampoco se ha avanzado en la reforma del Código Penal para revisar la reincidencia en casos de violencia de género y para imponer prohibiciones en caso de quebrantamiento de la condena. En cuanto a los delitos sexuales, la reforma del Código Penal en ese sentido se mantiene como promesa incumplida, por el momento.

Otras medidas se han quedado a medio hacer. Tal y como denuncia la Fiscalía en su Memoria Anual, "aunque es necesario seguir trabajando en la consideración de los menores como víctimas necesitadas de protección, se echa en falta que la ejecución del Pacto de Estado no haya provocado ya una mayor dotación de los equipos psicosociales en los órganos judiciales, puesto que resultan indispensables para asesorar adecuadamente en esta delicada decisión".

La Comisión del Congreso para el Seguimiento del Pacto de Estado, que se constituyó en abril de 2018 y que preside la socialista Pilar Cancela, se reunió por última vez el 28 de febrero del presente año. En su última intervención, la presidenta señaló: "Creo que la Comisión de Igualdad, no tanto la Comisión de Seguimiento del Pacto, ha sido de las más fructíferas de esta legislatura". Una afirmación que contiene un matiz cuanto menos interesante sobre la eficacia del seguimiento. El órgano se ha reunido en cuatro ocasiones, incluyendo la sesión constituyente. A partir de ahora, zanjó en su despedida la socialista, "nos toca el seguimiento, el control, la evaluación, exigir al Ejecutivo, sea del color que sea, que cumpla con los compromisos del pacto".