El Gobierno autoriza a los ayuntamientos a gastar 5.000 millones de superávit para relanzar la economía tras el covid

El Gobierno permitirá que los ayuntamientos inviertan 5.000 millones de superávit de su remanente de tesorería para relanzar su economía tras la crisis del covid-19. La propuesta de pacto, a la que ha tenido acceso infoLibre, ha sido remitida ya por el Ministerio de Hacienda a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras semanas de negociaciones. La idea del Ejecutivo es que la iniciativa pueda estar aprobada, en forma de real decreto ley, a finales de este mes de julio, lo que permitiría su entrada inmediata en vigor. Antes de ello, debería recibir la luz verde de la FEMP, presidida por el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo.

Los remanentes en forma de transferencias con carácter finalista sólo podrán ir destinados a tres áreas: "Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura", según consta en el documento, en el que se detallan usos posibles como el refuerzo de los centros de día, el aumento de la vivienda de alquiler a precios asequibles, la rehabilitación de inmuebles, la peatonalización de calles o de carriles bici, la lucha contra la violencia de género o la promoción cultural. La inversión no computará a efectos del cálculo de la regla de gasto.

En Hacienda explican que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la propia Constitución han impedido hasta la fecha a los ayuntamientos usar con carácter general sus remanentes de tesorería, pero el ministerio ha establecido un mecanismo para atender a la reivindicación de los entes locales, que tenían partidas para gastar pero no podían. Sólo en 2019 los superávits ascendieron a 3.830 millones de euros, según la propia FEMP, y podrían ser muy útiles para dinamizar la economía ante la caída de la actividad. El propio Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Reconstrucción, reclamó recientemente poder habilitar estas partidas.

El primer punto del acuerdo contempla que los ayuntamientos y diputaciones provinciales y consejos insulares de Islas Baleares realizarán aportaciones con carácter voluntario que tendrán carácter de préstamo a favor de la Administración General del Estado (AGE). Este préstamo será por el total de sus remanentes de tesorería. 

Después, será la propia Administración la que transfiera parte de esos fondos de vuelta a los Ayuntamientos. "Este importe supondrá como mínimo el 35% de los fondos aportados al préstamo de la AGE, y se podrá incrementar hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre las entidades participantes", reza la propuesta de acuerdo en poder de este diario.

Entre este año y el siguiente, Hacienda devolverá en forma de ingreso no financiero 5.000 millones de euros –2.000 en 2020 y 3.000 en 2021– . El resto se reintegrará en un plazo de 10 años, a partir del ejercicio 2022.

Fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre explican que llevan semanas trabajando con la FEMP para que las negociaciones cristalizaran en una propuesta de pacto que ahora debe recibir el visto bueno de esta asociación de entidades locales. La tarea, resumen, ha sido "complicada", sobre todo por dos cuestiones. La primera, destacan las citadas fuentes, tiene que ver con la peculiaridad de los ayuntamientos. "No hay ningún traje que le quede perfecto a ninguna comunidad autónoma o ayuntamiento", definen de forma gráfica. "Esto lo hemos hecho pensando en que se beneficie a todo el mundo y no se perjudique a nadie", añaden.

La segunda cuestión es la del "encorsetamiento" que tienen las entidades locales en el marco de la ley de Estabilidad y de la Constitución Española.

¿Por qué se ha fijado esa base del 35% de un remanente que los consistorios tienen que ingresar en su totalidad? En el Ejecutivo explican que se adapta a la "limitada" capacidad de gasto público que tienen los ayuntamientos por su propio aparato administrativo. Que, de hecho, algunos consistorios tendrían serias dificultades a la hora de poder gastar esas cantidades.

"Proyectar un futuro más próspero"

"Los ayuntamientos tienen una oportunidad para planificar nuevas prioridades de actuación municipal y replantear los programas de servicios directos que ofrecen a la ciudadanía para combatir las consecuencias de la pandemia y proyectar un futuro más próspero", puede leerse en la propuesta de pacto remitida por el departamento de María Jesús Montero.

Desde el Ejecutivo destacan que la propuesta enviada a los consistorios atiende a una de las peticiones históricas de los ayuntamientos, además de reforzar la autonomía local y ampliar la capacidad de la Administración municipal para responder a las necesidades de los ciudadanos.

Fondo de transporte y fondo europeo

Adicionalmente, Hacienda propone aprobar un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal producido durante el periodo del estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios ocurridos por el covid-19. Este fondo podrá ampliarse a 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial.

Del mismo modo, explican, cuando se conozcan las condiciones del Fondo de Recuperación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez negocia en la Unión Europea se estudiará la forma en la que los consistorios puedan participar como beneficiarios de los fondos recibidos.

Las actuaciones, en detalle

En el anexo del documento para el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP figuran varios ejemplos de los proyectos o iniciativas a los que pueden ir destinados estos fondos, no todos directamente relacionados con la pandemia. Propuestas que, según explican en el Ejecutivo, forman parte de las que fueron planteadas por la asociación que preside Abel Caballero. Se trata de "competencias propias" de los consistorios y de aquellas materias en las que se sienten con "capacidad de proximidad".

Esos 5.000 millones del remanente de tesorería se podrán utilizar, por ejemplo, para incrementar la oferta de vivienda de alquiler a precios accesibles, para rehabilitación de vivienda y equipamientos públicos, en proyectos de peatonalización, para la construcción de aparcamientos disuasorios, carriles bici o carriles bus-vao.

También encajan otras medidas enfocadas a la sostenibilidad como la limpieza y mantenimiento de ríos, la renovación de abastecimientos de agua o las políticas para la prevención de residuos y la preparación para reutilización de materiales.

En lo relativo a los "cuidados de proximidad", los ayuntamientos podrán reforzar los servicios sociales, poner en marcha acciones de detección temprana de víctimas de violencia de género, afrontar situaciones de exclusión social o aumentar la conectividad de los servicios sociales y luchar para erradicar los asentamientos segregados o zonas altamente vulnerables.

Los municipios también podrán hacer mejoras en los centros de día, "para aumentar su confortabilidad, accesibilidad y seguridad según las nuevas exigencias de la crisis del covid-19", reorganizar y reforzar la ayuda a domicilio y "aumentar los servicios y programas" para personas mayores, dependientes y personas con discapacidad.

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En el bloque cultural, los consistorios también podrán destinar estos recursos a políticas de promoción cultural, a la puesta en marcha de una red de infraestructuras culturales, a inversiones en la recuperación del Patrimonio Histórico o a la actualización digital de bibliotecas, museos o casas de la cultura.

Otros dos reales decretos

Estas medidas se suman a las ya recogidas en el real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19 y que permitió que las corporaciones locales destinaran 300 millones de euros de su superávit para financiar gastos de inversión incluidos en servicios sociales y en promoción social, y, con carácter excepcional, prestaciones de atención primaria y atención a la dependencia. También se suma a las iniciativas del real decreto ley 23/2020, de 23 de junio. Permite que los ayuntamientos destinen en el ejercicio en vigor, como máximo, el 7% de su respectivo superávit a financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta ambiental Cero.