Los planes de última hora de las comunidades obligan a reorganizar la 'vuelta al cole' sin los recursos necesarios para una reapertura segura

Marian González es la directora del Instituto de Educación Secundaria (IES) Juan de Mairena, situado en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes. En él estudian algo más de 1.300 alumnos de entre 12 y 18 años y, además, dan clases de Formación Profesional. Los estudiantes están divididos en cinco grupos de cada uno de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en seis entre los dos de Bachillerato. Por aula, hay entre 30 y 35. El 9 de septiembre abrirán sus aulas, aunque el cómo es todavía más incertidumbre que certeza. Hasta este martes, el centro había planeado una vuelta al cole "como un curso ordinario", con una reorganización para que los grupos no salieran y entraran tanto del aula y con señalizaciones para que los pasillos no tuvieran que aglutinar a demasiadas personas al mismo tiempo. Los ratios, los mismos; los profesores, los mismos. "Ya teníamos todo planificado y los profesores adjudicados", dice la directora desde el otro lado del teléfono. Ahora han cambiado sus planes.

A las 13.00 horas de la tarde de esta martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, compareció junto a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Educación, Enrique Ossorio, para presentar su estrategia para la reapertura de las aulas tras casi seis meses de parón por culpa de la pandemia. Lo hizo apenas una semana antes de que comience el curso y a 48 horas de celebrarse la Conferencia Sectorial entre el Gobierno central y los autonómicos para preparar la vuelta al cole. En líneas generales, anunció que su plan pasa por la reducción de las ratios —a 20 alumnos en Infantil y Primaria, cinco más de lo que Educación consensuó como "ideal" en el plan de junio aprobado con todas las autonomías excepto precisamente Madrid y País Vasco, y 23 en ESO— la apuesta por los denominados grupos burbuja, la utilización de la mascarilla, el control epidemiológico a través de pruebas en los centros o la aplicación de medidas de vigilancia de síntomas en las escuelas. Más o menos lo mismo que a las 12.00 había desgranado la Generalitat de Cataluña.

El problema es que lo que dijo Ayuso cambia los planes de muchos centros, entre ellos el de Marian. Y que a la cuenta atrás ya no le queda mucho para llegar a cero. "Vamos a tener que hacer una reorganización total, pero estamos esperando porque no tenemos ninguna comunicación oficial y la necesitamos para planificar de otra manera el curso", dice. Tenían las clases contadas y a los profesores también. Ahora no pueden cumplir con las ratios porque, lamenta, falta espacio. No pueden habilitar más clases porque físicamente es imposible. Y como a ella, dice, le pasa a más directores de otros centros educativos. "Necesitamos saber cuántos profesores nos darán, quién va a ser el responsable covid, si va a haber asistencia sanitaria para controlar los casos que se produzcan, si habrá indicaciones claras sobre qué hacer si un niño tiene síntomas...", enumera. Las dudas son muchas. 

Y no son solo suyas, sino de todos los centros y, por extensión, de la mayoría de familias, muchas de las cuales incluso ya se han planteado no llevar a sus hijos al colegio. 

La situación, además, no es única de la Comunidad de Madrid, aunque estasí es la única región donde los profesores ya han anunciado que irán a la huelga. Según critican los sindicatos, no sirve de nada que los 17 ejecutivos autonómicos hayan anunciado 17 estrategias para las 17 vueltas al cole. Si no hay recursos para cumplir lo que establecen, serán papel mojado. "Se pueden diseñar unas medidas estupendas, pero si no las doto, ¿cómo las llevo a cabo? Hay una serie de incógnitas que no veo que nadie resuelva", critica Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT. "Hay cosas [establecidas] que parecen razonables, pero seguimos pensando que con los recursos que se han puesto no se van a poder cumplir", añade. 

La ausencia de los profesores prometidos, vitales para las ratios

Por ejemplo, y según Loranca, las ratios "son un verdadero problema" que difícilmente podrá ajustarse a lo establecido por los gobiernos regionales. En primer lugar, porque la situación de Marian no es única. "No se puede decir ahora que donde se permitían 25 alumnos ahora deben estar 18. Los padres ya han matriculado a los niños y ahora ya es muy difícil" porque los grupos están hechos. "Los centros que han hecho su previsión bajando las ratios podrán, pero el resto...", dice. Para bajarlas, además, hacen falta más clases. Y no todos los centros pueden habilitarlas.

"En España hay aproximadamente 27.000 centros educativos con condiciones absolutamente heterogéneas. En algunos sitios se han acometido algunas obras de acondicionamiento para rebajar un poco las ratios", dice Loranca, que pone a Getafe como ejemplo por haber acondicionado espacios para la vuelta al cole segura de los alumnos de Infantil y Primaria. "En otros sitios es dificilísimo cumplir con las ratios impuestas, sobre todo allí donde ya eran elevadas", continúa la sindicalista. La Comunidad de Madrid anunció precisamente este miércoles que invertirá "cerca de 35 millones de euros para la realización de obras de adaptación, reparación y mejora de los centros de educativos por las necesidades derivadas del covid-19", algo que ha sido criticado por Mónica García, médica anestesióloga y líder de Más Madrid en la Comunidad, muy crítica también con el plan presentado por Ayuso este martes.

No obstante, no solo hacen falta nuevas aulas. ¿Quién atenderá a los niños que las ocuparán? Nuevos profesores. Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, resume la situación: "Las plantillas de los centros están ajustadas a los grupos que se tienen. Si hay que formar más grupos, harán falta más profesores. Si tienes todo eso, necesitarás espacio", dice. "Pero todo esto habría que haberlo previsto en junio, no ahora", lamenta.

Tal y como publicó infoLibre, las distintas comunidades autónomas han venido anunciando un número muy desigual de contrataciones de nuevo personal docente que pueda facilitar la reapertura de las aulas en esta nueva normalidad. Sin embargo, o no han llegado o han llegado menos de los prometidos. Es el caso, dice Loranca, de Canarias. Según los datos de su sindicato, el plan del Gobierno era incorporar a 3.300 docentes, pero el lunes sólo había 500 para las etapas de Infantil y Primaria. Nada para las demás. También es el de Castilla-La Mancha, que de los 3.000 que prometió apenas ha contratado a 487. Y el de Andalucía, que de 6.300 han llegado 5.700 cuyo contrato acabará en diciembre. Según UGT, Navarra y la Comunitat Valenciana —la única autonomía donde su plan de reapertura ha sido consensuado con la comunidad educativa— han sido los ejemplos de lo contrario. 

El problema no es que no haya personal, dice García. Aunque este año no se hayan producido oposiciones, hay personas en las listas de espera que no aprobaron las anteriores que, según Loranca, siguen cumpliendo con "los principios de igualdad, mérito y capacidad" y que, de hecho, son llamadas como personal interino para cada nuevo curso. "De ahí es de donde tendrán que proveer al personal", reclama. Sus contratos suelen ser de un curso —es decir, del 1 de septiembre al 31 de agosto—, salvo en los casos en los que se lo rescinden en junio —y el caso de los andaluces contratados de refuerzo hasta diciembre—, y su salario suele rondar —salvando las distancias entre autonomías— los 32.000 euros anuales. 

Pero no sólo el personal docente es importante. El de administración o el de limpieza también es esencial. Y Marian, por ejemplo, no va a tener más este curso. Así es difícil, dice Loranca, cumplir con la necesidad de limpiar las zonas comunes cuatro veces al día. 

¿Hay tiempo para contratar a todos estos profesionales que faltan antes de que los primeros niños crucen las puertas de los centros? Según ambos sindicalistas, sí. Pero hay que hacerlo ya. 

El material tecnológico y la brecha digital

No obstante, no hay que olvidar otro aspecto. Si hay algo que ha hecho patente la pandemia ha sido la desigualdad. En todos los ámbitos. El cierre de los colegios reveló que había muchos niños que no tenían las garantías suficientes para adaptarse a la escuela online tal y como hacían otros compañeros. Porque no tienen conexión a internet, porque sólo cuentan con un ordenador –o ninguno– para toda la familia, porque pasan por situaciones de violencia o porque conviven con algún familiar enfermo.

El Ministerio de Educación ya aseguró ser consciente de esto y, de hecho, el Gobierno aprobó el pasado mes de junio un convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Educación y FP con el que pondría en marcha el programa Educa en digital, con el que preveía movilizar hasta 260 millones de euros para digitalizar la educación. Según explicó entonces Celaá, los centros pondrían a disposición de los alumnos más vulnerables hasta 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a Internet, mediante préstamo del centro al alumno, para facilitar así la educación digital tanto de forma presencial en el centro como en el hogar.

La Comunidad de Madrid, en su plan presentado este martes, prometió adquirir "70.000 dispositivos electrónicos para docentes, centros educativos y alumnos, especialmente para aquellos que tienen más necesidades, y 6.100 cámaras de grabación para las clases de Secundaria, FP y Bachillerato". Castilla-La Mancha, por su parte, anunció 28 millones de euros para comprar 45.000 portátiles, 14.500 tabletas, 10.000 routers, 2.000 webcam y 360 paneles interactivos.

Sin todo ese material parece complicado que muchos alumnos puedan tener la educación semipresencial o eminentemente digital a la que la pandemia les puede obligar. Sin embargo, dice Loranca, se desconoce si ya está disponible. "¿Ya se han repartido esos equipos? No sabemos", critica. 

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Con la situación actual, no está descartado que la vuelta al cole se retrase. Madrid, de hecho, ya lo ha hecho una semana para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y para los de 1º y 2º de ESO. Por su parte, profesores de la Asociación de Docentes por la Educación Pública de Madrid (ADEPeM) se acercaron este miércoles al Ministerio de Educación para entregar las más de 230.000 firmas, obtenidas a través de una iniciativa en Change.org, para exigir "un plan ambicioso" para un regreso a las aulas seguro. El Sindicato de Estudiantes, en paralelo, anunció una huelga en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre en protesta por las condiciones con las que se va a iniciar el próximo curso escolar.

Este jueves, los ministerios de Sanidad y Educación se reunirán con las autonomías en una Conferencia Sectorial de la que se espera que salgan unos criterios mínimos para terminar de cerrar la vuelta al cole con una serie de medidas unánimes. "Vamos tarde porque la educación siempre se queda para el final, pero si en la conferencia de mañana se corrige el rumbo se podrán hacer cosas", dice García, que insiste en que para ello es necesario el "compromiso firme" de todas las administraciones. Fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre se declaraban en la tarde de este miércoles "optimistas" respecto a las posibilidades de acuerdo este jueves, aunque mantenían la "incógnita" de si las comunidades gobernadas por el PP iban a recibir "presiones de la dirección nacional para desmarcarse de ese posible consenso".

Celaá, además, comparecerá el próximo lunes, 31 de agosto, a las 16:00 horas, ante la Comisión de Educación y Formación Profesional para explicar las previsiones del Ejecutivo ante el inicio del curso escolar. Cuatro días después empezará.