La reforma del aborto penalizará los vientres de alquiler y la Ley de Libertad Sexual incluirá a los niños como víctimas

A principios de marzo aterrizaba en el Consejo de Ministros una de las apuestas más ambiciosas del Ministerio de Igualdad: el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La conocida como ley del sólo sí es sí. Entonces ya se advertía de la demora en los plazos y se anticipaban meses hasta que el Gobierno aprobara la norma. Aunque la ley no estará lista antes de que finalice el año, los meses de pandemia han servido para avanzar e introducir novedades. Una de las principales se encuentra en el propio título preliminar, que incorpora una protección específica a los niños y niñas.

El objeto de la ley, la protección del derecho a la libertad sexual, incluirá por tanto a las mujeres, las niñas y los niños por ser las principales víctimas de la violencia sexual. La decisión se ha tomado después de un debate entre el Ministerio de Igualdad, la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Justicia, señalan fuentes de la cartera dirigida por Irene Montero. Otra de las novedades que incluye el nuevo borrador, consultado por este diario, tiene que ver con la inclusión de la accesibilidad entre los principios rectores. Es decir, la necesidad de que todas las medidas pactadas sean comprensibles para todas las víctimas, incluyendo aquellas que sufran algún tipo de discapacidad, limitaciones idiomáticas, diferencias culturales o dificultades por cuestiones de edad. Estas incorporaciones son producto de las más de 70 alegaciones presentadas a lo largo de estos meses por entidades de la sociedad civil.

En cuanto a la asistencia de las víctimas, la ley desarrolla la necesidad de implantar, además de centros de crisis –espacios de atención disponibles las 24 horas del día, una de las grandes asignaturas pendientes del país–, servicios de atención a víctimas de trata y explotación sexual, así como servicios de atención especializada a niñas y niños víctimas de violencia sexual, recursos que no incluía el texto de marzo.

La nueva propuesta trabaja también sobre la tipificación penal del proxenetismo, con el objetivo de mejorar su persecución. La norma introduce la figura de tercería locativa, de manera que se sancionará a todo aquel que ceda un espacio para favorecer la explotación sexual de otras personas. Además, trata de a clarificar la definición de proxenetismo no coactivo, de manera que este tipo penal no goce de impunidad –tal y como ha venido alertando la Fiscalía General del Estado–, especialmente cuando incumbe a personas jurídicas que se lucran de la prostitución de terceros. Los dueños de los prostíbulos, por tanto, podrían ser castigados con penas de uno a tres años de prisión. Con los bienes incautados –la industria genera unos cinco millones de euros diarios, según la Fiscalía–, se creará un fondo para asistir a las víctimas.

Las mismas fuentes del Ministerio de Igualdad han señalado que la Ley de Libertad Sexual busca dar respuesta a un tipo de violencia machista muy específica, pero reconocen que todavía quedan otras formas que urge abordar desde las instituciones. De esta manera, han adelantado que la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo prevé penalizar los abortos y esterilización forzada, la violencia ginecobstétrica y los vientres de alquiler, entendidos como explotación reproductiva.

La Manada, el consentimiento y las agresiones múltiples

La Ley de Libertad Sexual impulsa un cambio paradigmático: sitúa el consentimiento en el centro. No sólo elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, sino que además plantea la ausencia de consentimiento como factor clave para castigar este tipo de violencia. El texto modifica el Código Penal con el objetivo de subrayar que no existe consentimiento siempre que la víctima "no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto". Ya no se trata de escudriñar la resistencia de la víctima, sino de constatar su consentimiento expreso.

La apuesta por una norma de estas características emerge esencialmente tras la agresión sexual de La Manada en verano de 2016. Aquel episodio marcó no sólo el rumbo del movimiento feminista y generó un clamor social masivo en las calles, sino que además trasladó el debate de la violencia sexual, su visibilidad y tratamiento, al ámbito jurídico. Y con todo ello, planteó también el grave problema de las agresiones sexuales múltiples.

Este mismo jueves, la plataforma Feminicidio, que elabora desde hace una década un recuento alternativo al oficial de los crímenes machistas, publicó su informe sobre agresiones sexuales múltiples. Son 211 desde el año 2016. Entonces, el número de agresiones de este tipo ascendió, según el registro de la organización, a una veintena. Al año siguiente fueron trece. Pero en 2018 el conocimiento de casos experimentó un notable incremento: fueron 60. En 2019 la cifra se instaló en las 86 agresiones sexuales múltiples. En lo que va de año, pese a la crisis sanitaria y al estado de alarma, la cifra va por las 27 agresiones sexuales múltiples contra mujeres. La autoría del estudio identifica, desde hace dos años, una "tendencia al alza de las denuncias y la atención mediática".

De acuerdo a los datos de Feminicidio, en lo que va de año el 67,7% de las agresiones constatadas fueron violaciones consumadas, mientras que el 37,4% restante se identifica como "otro tipo de agresiones sexuales múltiples". Los resultados cosechados desde 2016 evidencian que tres comunidades autónomas destacan con el mayor número de casos: Andalucía (el 18% de los casos documentados), Cataluña (17,5%) y Comunitat Valenciana (16,6%). "Sólo en estas tres comunidades se concentran más de la mitad de los casos de la base de datos", recalca la organización. Por provincias, en el punto de mira están Barcelona, València, Bizkaia, Málaga y Alicante. Todas ellas, sumadas a Balears, Murcia y Madrid, constituyen el 54% de los casos conocidos.

Cuatro de cada cinco agresiones fueron perpetradas por grupos de hasta cuatro agresores. Esta tipología constituye el 80% de los casos, siendo los grupos de dos agresores los más comunes. En cuanto al perfil del agresor, al menos 171 eran menores cuando se perpetraron los hechos: uno de cada cuatro. En cuanto a ellas, el 37% eran menores cuando fueron agredidas. Una de cada diez agresiones "fueron pornificadas por los agresores: consta al menos una fotografía o grabación a la víctima" en el 10,9% de los casos. Casi una de cada diez víctimas sufrió una "narcotización involuntaria y denunció sumisión química". Se han conocido, además, catorce víctimas con discapacidad y dos de ellas fueron acosadas en internet por parte de sus agresores.

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En cuanto a la relación entre víctima y agresores, en el 56,9% de los casos los agresores eran desconocidos o se habían conocido ese mismo día. En un 22,3% se trataba de algún tipo de conocido: compañeros de clase, piso, trabajo o vecino. En seis casos las agresiones fueron perpetradas por la pareja o expareja de la víctima junto a amigos suyos. En cuatro de los casos analizados, alguno de los agresores era miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: los dos casos cometidos por La Manada en Pozoblanco y Pamplona, el caso denunciado en una base militar en Antequera y el caso de dos policías en Estepona.

Más de la mitad de las agresiones sexuales múltiples registradas fueron perpetradas de madrugada (50,2%), lo que constata la idea de que el ocio nocturno sigue siendo un espacio hostil para las mujeres. El escenario más común es la vivienda, seguido por la vía pública y los vehículos.

En lo que va de año, el peor mes para las mujeres ha sido agosto, con siete agresiones sexuales múltiples identificadas. Les siguen los cuatro casos conocidos en enero y otros cuatro en julio. De media y con los datos actuales, se producen tres agresiones sexuales múltiples al mes, pese a la crisis sanitaria que recorre el país.