Violencia sin marcas, aumento de agresiones en grupo y complicidad del entorno, conclusiones del primer gran estudio sobre abuso infantil

Nace el primer gran estudio sobre abusos sexuales en la infancia. El informe, elaborado por la Fundación ANAR y hecho público este martes, arroja luz sobre un problema tradicionalmente relegado a las paredes del hogar y que con el paso de los años ha comenzado a hacerse visible. Así lo demuestran los resultados: entre 2008 y 2019 las llamadas para denunciar abusos contra menores se han multiplicado por cuatro. La experiencia de las víctimas viene a perfilar el modo en que el abuso sexual anida en la infancia: en un 80,2% de los casos la violencia no deja heridas ni marcas y en un 80,8% de las veces el agresor se encuentra en el círculo de confianza. Además, un 37,8% del entorno lo niega y un 31,1% lo justifica. La tasa de agresiones en grupo ha experimentado un aumento llamativo en la última década: si en 2008 suponían un 2,1% de los casos, diez años después han pasado a ser el 10,5%.

Los datos los recoge la organización a partir de las 89.808 llamadas sobre abuso sexual que fueron necesarias para atender a 6.183 casos confirmados en busca de ayuda. Ese total no se reparte de manera equilibrada con el paso de los años, al contrario: experimenta un aumento progresivo conforme pasa el tiempo. En 2008 los casos de abuso sexual a menores atendidos por ANAR fueron 273; en 2020 el total escaló hasta situarse en 1.093. Lo cual reabre el gran debate en torno a la violencia sexual: ¿crece la concienciación y por tanto la alerta, o aumenta la prevalencia de las agresiones? Lo que sí detecta el estudio es un aumento significativo en los últimos tres años y además un tipo de víctima muy concreto: mujer adolescente. Un perfil y un momento histórico muy próximos al movimiento feminista y en especial a la cuarta ola, centrada en la violencia sexual, que en los últimos años viene sembrando mayor conciencia en las calles.

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Aunque los menores dan, cada vez más, el paso de alertar de la violencia a través del teléfono específico para tal fin, lo cierto es que el porcentaje de denuncia continúa siendo muy bajo. El 43,3% de los casos analizados tenía la intención de denunciar, pero sólo el 10,6% lo hizo finalmente. Uno de los motivos tiene que ver con la dificultad de demostrar el abuso: en un 80,2% de los casos no deja marcas. Al menos no físicamente. A ello se suma la connivencia del entorno. En un 37,8% de los casos el entorno negó los hechos, en un 31,1% justificó o encubrió al agresor, en un 23,9% simplemente no reaccionó. Y en un 7,2% se culpó a la víctima. "Mi hija me dijo 'mamá, no me ha hecho daño, no se lo cuentes a nadie'. Sus abuelos han dicho 'es cosa de niños que inventan, la niña es muy mentirosilla'", narra uno de los testimonios recogidos, correspondiente a una madre de una menor de cinco años abusada por su tío.

Igual que en este caso, el entorno más cercano está detrás del grueso de abusos a menores. Los padres son con diferencia los principales agresores: en un 23,3% de los casos son ellos quienes cometen los abusos. Les siguen los compañeros (8,7%), amigos (5,7%), parejas (5,6%), tíos (5,4%) y padrastros (5,4%), entre otros. Y las víctimas son, en mayor medida, mujeres. El estudio muestra que un 78,3% de las víctimas son niñas y de ellas más de la mitad (59,1%) son adolescentes de entre trece y dieciocho años. Un 16% de las víctimas tenía menos de cinco años. Los abusos, que en el 69% de los casos son reiterados, se producen habitualmente en la casa del menor. Fue así en la mitad de los casos estudiados (49,7%). Le siguen otras casas del entorno (14,8%) y el entorno escolar (13,2%).

En la actualidad, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia se encuentra en tramitación parlamentaria. "Quiero pedir perdón a todas las víctimas de esta violencia execrable para las que hemos llegado tarde", decía en junio del pasado año Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y responsable de sacar adelante la norma. Entre otras novedades, la norma prevé la creación de juzgados especializados, fija la obligación de dar la voz de alarma y amplía la prescripción del delito, contabilizando a partir de que la víctima cumpla 30 años.