La Comunidad de Madrid, sin Presupuestos a la vista mientras Ayuso discute con Vox sobre el veto parental y el IRPF

Un mes después de que las dos almas del Gobierno madrileño anunciasen a bombo y platillo un acuerdo presupuestario del que apenas ofrecieron detalles, las cuentas públicas siguen a expensas del desarrollo de la negociación abierta con una extrema derecha que ha planteado más de dos centenares de preguntas relacionadas con determinadas partidas. Nadie da fechas exactas sobre el final de las conversaciones. Ni tampoco sobre si hay una meta temporal en el horizonte para que los presupuestos sean aprobados por una Asamblea que se suele demorar algo más de un mes en su tramitación. Sin embargo, Vox ya ha comenzado a marcar perfil propio. Lo ha hecho recuperando –otra vez más– su ya clásica propuesta del veto parental y planteando una bajada impositiva cuya realización se vuelve especialmente compleja en plena crisis del coronavirus. Dos exigencias que la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha encargado de rechazar este mismo martes. La primera, por tratarse de un debate completamente superado. Y la segunda, aunque forma parte de sus promesas políticas, por considerarla inadecuada en un momento de tormenta económica como el actual.

El famoso pin parental, documento a través del cual los padres pueden vetar que sus hijos asistan a talleres formativos extraescolares que habitualmente versan sobre violencia machista o igualdad LGTBI, es una de las propuestas clásicas que Vox se encarga de sacar a flote, y colocar en el debate político, cada vez que tiene que negociar con PP y Ciudadanos en aquellos territorios en los que su respaldo resulta esencial para la gobernabilidad. Ya consiguió colarlo hace un año en suelo murciano en el marco de sus presupuestos, si bien dicha medida se encuentra actualmente en suspenso por decisión de los tribunales. Y ahora trata también de que Andalucía y Madrid cedan a sus exigencias. La tormenta comenzó a arreciar el pasado jueves, cuando la formación de extrema derecha anunció que retiraba su apoyo al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla hasta que la Consejería de Educación pusiese en marcha una medida comprometida por todas las partes en un acuerdo sellado a comienzos de febrero. "No se va a implantar", ha asegurado en las últimas horas el vicepresidente, Juan Marín.

Y ahora, cuando queda menos de una semana para el 8M, la extrema derecha se ha encargado de traerlo a Madrid en plena negociación presupuestaria. Primero, a través de una entrevista. Y, este martes, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces. "Nosotros queremos simplemente saber quién va a dar clase a nuestros hijos, porque ahora mismo se está permitiendo a personal que no es docente. Eso es la libertad de los padres de elegir, lo llamen pin parental o lo llamen de otra manera. El PP y Ciudadanos no tienen que tener miedo a la libertad", se encargó de resaltar la portavoz madrileña del partido, Rocío Monasterio. De hecho, aprovechó el rechazo de las dos formaciones a la Ley Celáa para tratar de poner a ambos grupos frente al espejo. "Sacaron a miles de personas a la calle a protestar contra el adoctrinamiento y defendiendo la libertad de los padres a elegir", dijo la diputada, quien aseguró que no tenía "ninguna duda" de que PP y Ciudadanos iban a ser "coherentes". Eso sí, evitó dejar claro si dicha medida es una de las líneas rojas en la negociación.

Lo sea o no, desde el Ejecutivo madrileño ya han dejado claro que no tragarán con ese sapo. Prácticamente a la misma hora que Monasterio intervenía en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo hacía en Pozuelo de Alarcón durante la inauguración del nuevo edificio auxiliar de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, durante su visita habló del tan cacareado veto parental. "En la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas y confiamos en el trabajo que realizan los profesores", apuntó la líder del Gobierno regional. Con mayor contundencia se pronunció, por su parte, Ignacio Aguado sobre esta misma cuestión. "Mientras yo siga siendo vicepresidente, no va a haber pin parental ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género ni que afecten al colectivo LGTB", dijo el dirigente naranja, quien insistió, como ya lo hizo unas horas antes, que las "prioridades de la gente" pasan por poner en marcha unas cuentas públicas que permitan dar respaldo a los colectivos vulnerables o incrementar la inversión en políticas sociales. 

A juicio del Gobierno madrileño, es un debate que no existe entre la sociedad. De hecho, la presidenta regional aseguró que desde que lleva en el cargo no se ha recibido una sola queja formal por parte de ninguna familia relacionada con un supuesto adoctrinamiento en las aulas. Sin embargo, cada vez que hay una negociación presupuestaria, la ultraderecha siempre saca el famoso pin parental a la palestra. Ya lo hizo hace justo un año. Y, por aquel entonces, la respuesta fue prácticamente la misma. La única concesión que se hizo en este sentido fue enviar una serie de instrucciones a los centros para que informasen a los padres sobre las programaciones para el próximo curso antes de la matriculación. "Este debate ya lo planteamos el principio de la legislatura y se sacó de los acuerdos porque llegamos a otro y yo he cumplido", se encargó de señalar Díaz Ayuso, quien recordó que Madrid "es la única comunidad en España que tiene libertad para que las familias decidan dónde llevar a sus hijos".

El tira y afloja sobre esta cuestión es casi tan viejo como la presente legislatura, como recordaron todos los grupos parlamentarios de la izquierda. Solo dos meses antes de que la pandemia terminase por comerse toda la actualidad política en nuestro país, la Asamblea de Madrid abordó este asunto a raíz de una proposición no de ley presentada por Más Madrid en la que se exigía al Ejecutivo regional que no cediese a las peticiones de la extrema derecha. "Hay un falso debate sobre una cuestión que no existe o que al menos no existe en la Comunidad de Madrid; un relato que no responde a la realidad sino a la ensoñación de quienes intentan politizar la columna vertebral de toda democracia: la educación", dijo durante el debate parlamentario Jaime de los Santos González, del Grupo Parlamentario Popular. En aquella propuesta, los conservadores y los naranjas se abstuvieron y, a pesar de la negativa de Vox, la proposición pudo salir adelante con los votos a favor de PSOE, Más Madrid y Podemos en la Cámara.

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Más allá del veto parental, Monasterio también se encargó durante su intervención posterior a la junta de portavoces, la más extensa de todas, de insistir en otra de las exigencias de su grupo parlamentario: la bajada impositiva. De nuevo, bajo la supuesta bandera de la libertad que tanto enarbolan. "Esta semana ya nos hemos reunido y hemos insistido en los mismos puntos. Reducir los impuestos, la presión fiscal, impulsar a las empresas con una inyección de liquidez", deslizó la portavoz ultra en la Cámara regional. En su opinión, no existe "ninguna razón" para negarse a una bajada impositiva. Sobre la mesa está, en concreto, la disminución de medio punto de la tarifa autonómica del IRPF para todos los tramos. Una promesa que PP y Ciudadanos ya plasmaron en su acuerdo de Gobierno y un compromiso que la presidenta madrileña se encargó de ratificar el pasado mes de septiembre durante el Debate del Estado de la Región: "Este y no otro es el camino de la recuperación".

"No habrá ningún problema para ponernos de acuerdo", dijo Monasterio sobre esta cuestión. Sin embargo, la líder del Gobierno madrileño se encargó de enfriar la posibilidad de una bajada fiscal inminente. "Bajaremos el tramo del IRPF cuando la coyuntura económica nos lo permita", dijo Díaz Ayuso después de dejar claro que esta siempre ha sido una de sus medidas "más importantes" y de celebrar que los tres grupos estén de acuerdo sobre esta cuestión. En plena tormenta económica por la crisis del coronavirus, y con el Ejecutivo regional solicitando al Estado más de 22.000 millones de euros de los fondos europeos, la Consejería de Hacienda no ve viable dar, de momento, un paso como este. De hecho, el pasado mes de septiembre el comisario de Economía europeo, Paolo Gentiloni, advirtió a Italia de que los fondos deben servir para superar la crisis económica derivada de la pandemia y no para llevar a cabo bajadas impositivas. "Sería un mensaje equivocado", deslizó. En el caso de Madrid, la "histórica" bajada impositiva anunciada por Ayuso dejaría un agujero anual en la recaudación de unos 300 millones de euros, según sus propios cálculos.

Si no hay margen de maniobra, desde Vox exigen buscarló. "La solución es de sentido común: reducir gasto político superfluo", recalcó Monasterio. En su opinión, hay que reducir "grasa" del sistema y del Ejecutivo regional. De hecho, otra de las exigencias que ha puesto sobre la mesa en las últimas horas la extrema derecha pasa por un recorte en el número de consejerías. A preguntas de este diario, desde la formación liderada por Santiago Abascal no ofrecen cálculos sobre cuánto dinero consideran que se podría recortar de la administración. En una proposición no de ley reciente, calculaban que era posible ahorrarse 15 millones de euros disminuyendo la cifra de consejerías y el número de altos cargos.