La subida del SMI pone a prueba la convivencia entre PSOE y Unidas Podemos tras un verano convulso

La actualización pendiente del Salario Mínimo Interprofesional sigue sin fecha y ya apunta a que se convertirá en una de las primeras batallas políticas entre los socios de coalición en el arranque del nuevo curso. Por primera vez, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, abre la puerta a que se pueda producir “cuanto antes” una subida cifrada entre los 12 y 19 euros al mes, aunque prefiere no concretar fechas. En Unidas Podemos, donde llevan reclamando esa actualización desde principios de 2021, creen que no hay excusas para dejar pasar más tiempo: “Vamos a exigir que sea en septiembre, no se puede dilatar más”, apuntan fuentes moradas.

En realidad, se trata de una pelea que viene de lejos. Ya a finales de 2020, la entonces ministra de Trabajo y ahora también vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió públicamente comenzar el año subiendo el SMI: "No tiene mucho sentido subir a funcionarios y pensionistas y dejar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo en plena crisis", afirmó entonces. Tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Economía le respondieron en público y en privado que no era el momento, que lo más sensato era esperar a que amainara el temporal para las empresas que sufrían el azote de la pandemia.

Tras su paso al frente como vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz ha negociado personalmente con Pedro Sánchez este asunto que, sin embargo, quedó aparcado antes de las vacaciones. Ahora, tras varios meses consecutivos de buenos datos económicos y de registros récord de creación de empleo, las conversaciones se han retomado. Desde Unidas Podemos reconocen cierta intranquilidad por no tener aún una fecha concreta para la subida y aseguran que “no entenderíamos que ahora se pretenda dilatar el asunto hasta octubre o noviembre. Los trabajadores que menos ganan no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo, es injusto. Esto hay que solucionarlo ya en septiembre y vamos a presionar para ello”, advierten desde el partido morado.

De hecho, la intención es que la mesa de diálogo entre patronal y sindicatos se pueda activar ya en las próximas semanas. A ese foro el Gobierno llegará con el informe de los expertos que recomendaron una subida del salario mínimo de entre 12 y 19 euros para 2021 con el objetivo de poder alcanzar entre los 1.011 y 1.049 euros a finales de 2023. Actualmente, el SMI está fijado en 950 euros. Pero Moncloa no solo encontrará la presión de sus socios. Esta misma semana, el secretario general de la UGT lanzó un duro aviso al Ejecutivo de Sánchez: "Nuestra paciencia se ha agotado, si no hay una propuesta en firme en la primera reunión en septiembre, con nosotros que no cuenten para el resto de mesas de negociación", aseguró Pepe Álvarez.

Presupuestos y ley de vivienda, los otros frentes abiertos

Aunque sea el más inminente, el del SMI no es el único frente abierto entre PSOE y Unidas Podemos. La convivencia entre los socios de Gobierno durante este otoño también la marcarán negociaciones en curso como la de los Presupuestos Generales del Estado o la ley de vivienda. Sobre esta última, uno de los asuntos más enquistados en la coalición, no se ha producido ningún tipo de avance durante el verano. Ione Belarra y José Luis Ábalos estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo después de que los socialistas se abrieran a una regulación de precios del mercado del alquiler que implicaba limitar las subidas abusivas. Finalmente, la parte morada de la coalición lo consideró insuficiente y a día de hoy sigue exigiendo que ese control de precios también sirva para poder bajar las rentas que ya resultan abusivas y que contribuyen a dificultar el acceso a la vivienda de los jóvenes y de la población con menos recursos. Tras la salida de Ábalos, Ione Belarra se reunió con la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Ambas se emplazaron a seguir conversando en busca de una solución a la vuelta del verano.

Durante las vacaciones sí han sido constantes los trabajos de los equipos de PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo presupuestario. Ambas partes son optimistas y aseguran acudir a esa discusión “sin líneas rojas”, aunque los de Yolanda Díaz aspiran a poder abordar una amplia reforma fiscal que, por el momento, en el PSOE creen que no es oportuna.

Turbulencias de verano

Este próximo martes los socios de coalición se volverán a ver las caras en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. A la cita llegarán en medio de un ambiente enrarecido por los continuos roces desde principios de verano. La escalada estival empezó con la batalla del chuletón cuando el presidente Sánchez intentó desacreditar al ministro de Consumo por una campaña que promovía reducir la ingesta de carne por motivos de salud y de sostenibilidad: “Un chuletón al punto, eso es imbatible”, contradijo a su ministro el jefe del Ejecutivo.

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Desde ese momento, los incendios en la coalición han sido recurrentes durante los meses de julio y agosto, con mayor o menor grado de virulencia. En plena negociación por la ley de vivienda, por ejemplo, Pedro Sánchez aprovechó su viaje a Estados Unidos de mediados de julio para reunirse con representantes de fondos de inversión, los conocidos fondos buitre.fondos buitre Alguno como Blackstone, con grandes intereses en España precisamente en materia de vivienda. En Unidas Podemos criticaron esa reunión abiertamente e incluso la propia vicepresidenta Díaz, más sutilmente, llegó a asegurar que podía entender “que el objetivo de los fondos sea ganar dinero, pero los gobernantes tenemos que defender a nuestro pueblo”. Aquello no pasó de ahí.

Pero ya en agosto, y ante los precios récord de la tarifa de la luz, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos llamó a protestar en la calle en un claro mensaje desafiante hacia los socialistas: “Quien quiera seguirnos que nos siga y quien no que se retrate ante la ciudadanía”, afirmó Pablo Echenique. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le contestó tajante: “Quien diga que hay una medida que nos pueda permitir cambiar las cosas de un día para otro o no tiene ni idea de lo que habla o hace demagogia”, aseguró en una entrevista en laSexta.

Los últimos desencuentros han venido a cuenta de la devolución de menores desde Ceuta hacia Marruecos ordenada por el ministerio del Interior. Desde el equipo de Derechos Sociales de Ione Belarra, competente en materia de Infancia, están convencidos de que se trata de una medida ilegal y que atenta contra los derechos de los niños. Además, aseguran que nadie del departamento de Grande-Marlaska les informó de que se pondría en marcha un operativo a día de hoy paralizado por los tribunales. Por este asunto, Yolanda Díaz llegó a contactar con Pedro Sánchez durante las vacaciones. La vicepresidenta segunda le trasladó al presidente su inquietud personal y la de su grupo por una operación que, a su juicio, podría ser contraria a derecho.