El petróleo que alejó más a Canarias de la Península

Todavía nadie sabe si Repsol encontrará petróleo a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, pero solamente su pretensión de buscarlo ha originado el mayor cisma institucional y político entre Canarias y el Estado de toda la historia de esta autonomía. Y, paradójicamente, ha sido un ministro canario, el de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el que ha abierto la caja de los truenos, no sólo repescando unas viejas autorizaciones que el Gobierno de Zapatero metió en un cajón, gracias a la presión ejercida por el Cabildo de Lanzarote desde principios de la década, sino actuando con el estilo que siempre le ha marcado y que en las islas se conoce sobradamente: la altanería, la provocación y el atropello permanentes.

Pero hay que remontarse a mayo de 2011, unas elecciones autonómicas que gana el PP en número de votos pero con igual número de escaños que Coalición Canaria (CC) en el Parlamento (21) para comprender mejor este pulso, que también ha tenido sus hervores soberanistas. Los 16 años anteriores, Canarias había estado en manos de un pacto que parecía incombustible, el de CC con el PP, pero siempre con presidencia nacionalista, y siempre con fingida ruptura medio año antes de cada cita electoral. Pero en 2011 se abría un dilema: si el PP era el partido más votado, su candidato, José Manuel Soria, habría de ser el presidente en una reedición de ese pacto. Coalición Canaria no podía pasar por eso, y mucho menos Paulino Rivero, cuya convivencia política con Soria había sido infernal durante casi toda la legislatura 2007-2011 hasta llegar a mutar en rechazo personal.

Así que Rivero y los suyos se abrazaron al PSOE, con el que CC ha conformado el Gobierno más estable de la historia autonómica, y el único que ha conseguido llegar a las puertas de las elecciones sin un solo caso de corrupción.

Con ese panorama previo, resultó muy natural que Rivero y los suyos saltaran como un resorte cuando Soria desbloqueó los permisos a Repsol, y eso a pesar de que cuando se autorizaron en 2001 y gobernaban juntos en aquella bucólica luna de miel entre el diputado Mauricio y el presidente Aznar, no hubo la menor fractura. Sólo la postura frontal del Cabildo de Lanzarote, entonces gobernado por el PSOE, logró frenar a Repsol ante el Supremo por un defecto formal que, acto seguido y alegando rechazo social, Zapatero secundó.

La vicepresidenta Saénz de Santamaría y el ministro Soria./ EFE

Al presidente canario le venía muy bien la bandera del petróleo, que enseguida levantaron también los presidentes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, siempre sensibles ante una actividad que pondría en riesgo su industria turística, los valores naturales en presencia (ambas islas son Reserva de la Biosfera) y, lo que quizás no se ha resaltado suficientemente, hasta el suministro de agua de abasto, que en los dos casos se obtiene íntegramente de las potabilizadoras de agua de mar.

Con un paro regional cercano al 33% (266.000 personas registradas en el Servicio Canario de Empleo), los defensores de las prospecciones petrolíferas has esgrimido los 5.000 puestos de trabajo que, en el mejor de los casos (con tres pozos produciendo al máximo rendimiento), se crearían alrededor de las plataformas. Pero ni así han conseguido torcer la voluntad de las instituciones ni acallar la voz de miles de personas que en cada convocatoria se echan a la calle para protestar. De momento va ganando la tesis de que los valores naturales del archipiélago, con la mayor biodiversidad del mundo; y el turismo, atraído por unas condiciones climáticas excepcionales, podrían ponerse en peligro.

La polémica se ha extendido estos tres últimos años y ha ido creciendo en intensidad a medida que los trámites se han ido superando y se acerca la fatídica fecha del comienzo de las prospecciones, finales de noviembre. La tramitación administrativa no ha estado exenta de sospechas, y no sólo en el Ministerio de Industria, sino también en el de Agricultura y Medio Ambiente, donde el contestado Miguel Arias Cañete dejó encaminada la Declaración de Impacto Ambiental positiva para las prospecciones después de aparcar durante más de un año un expediente trascendental: el de declaración de la zona cercana a las prospecciones como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Unión Europea.

Todos, menos el PP, contra las prospecciones

Seis de los siete cabildos insulares, la inmensa mayoría de los ayuntamientos y el Parlamento de Canarias han tomado acuerdos en contra de las prospecciones con el único voto contrario del Partido Popular, que curiosamente mantiene en este archipiélago la postura opuesta a la que defiende en Baleares, donde el rechazo a las autorizaciones petrolíferas es unánime.

Ni siquiera los postreros anuncios de Soria de que piensa reformar la Ley de Hidrocarburos para imponer a Repsol un canon especial del 8% que revierta en las arcas públicas canarias ha conseguido detener la contestación institucional. Más bien al contrario, porque una vez conocida la reacción de Antonio Brufau en contra de ese gravamen, todos en Canarias han dado por falso el ofrecimiento ministerial.

Este pulso contra la posición irreductible de Industria condujo al Gobierno canario a pedir al Parlamento una resolución autorizando la celebración de una consulta popular que, como era de esperar, será recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de Rajoy. La consulta, basada en una ley propia que el PP promovió y defendió en el Parlamento cuando en España gobernaba el PSOE, tiene fecha, el 23 de noviembre, y pregunta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. 

Tan rebuscado enunciado, criticado incluso por quienes apoyan la consulta, fue formulado tras una amplia consulta a partidos políticos y colectivos sociales y con ella se pretende esquivar el recurso al Constitucional al no preguntar sobre las prospecciones (competencia del Estado), sino por el modelo económico insular (competencia de la autonomía). La reacción del PP ha sido de mayor enroque y mayor cabreo, lo que no ha hecho otra cosa que aislarle más socialmente.

Las encuestas ya han empezado a reflejar de manera alarmante una fuerte caída en las expectativas electorales del PP en Canarias, lo que a José Manuel Soria, a tenor de sus declaraciones, no parece importarle en absoluto. Aunque nada que tenga que ver con listas es oficial en el PP hasta que el dedo del presidente nacional lo refrenda, se da por sentado que el ministro canario no regresará a la política autonómica. Se cruzan apuestas sobre la identidad de quién le sustituirá, y de momento sólo hay dos nombres sobre la mesa: la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento, hermana del subsecretario de Estado de Industria; y Asier Antona, secretario general del PP en las islas.

Las acusaciones a Paulino Rivero

Tampoco puede decirse que de esta polémica Paulino Rivero haya sacado mucho provecho político. Su pulso orgánico con el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, para la elección de candidato a presidente de CC en 2015 se decantó a favor de este último. Si a eso se une que tampoco el vicepresidente del Gobierno canario, el socialista José Miguel Pérez, estará en esa carrera electoral, a la oposición le han puesto muy fácil estos últimos meses de legislatura.

A Rivero lo han acusado reiteradamente de hacer un uso partidista y electoralista de la polémica de las prospecciones. Es cierto que la ha encabezado día tras día y con mucha contundencia, no sólo movilizando los instrumentos propios del Gobierno, sino con gestiones de gran resonancia como visitas al rey y al presidente Rajoy y su participación activa en todo tipo de acciones reivindicativas, la última ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre.

Su posición frente al petróleo le ha llevado también a verter sutiles insinuaciones acerca del beneficio que pudieran haber obtenido el PP y Soria de Repsol, y no necesariamente por ese orden, y hasta se ha colocado en posturas soberanistas blandiendo un supuesto desafecto de la población canaria hacia España que de momento sólo se sustenta en percepciones.

La soberanía compartida

Porque, además del conflicto petrolero, existe un sentimiento bastante arraigado de que el Gobierno de Rajoy ha atropellado a Canarias en muchas cuestiones durante esta legislatura. La exigencia de mostrar un certificado de residencia para viajar (los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla gozan de un 50% de bonificación en sus billetes) aduciendo la existencia de un fraude que hasta el momento no se ha concretado; la privatización de Aena en una autonomía donde los aeropuertos son estratégicos y donde se encuentran seis de los 10 más rentables de España; las estrictas exigencias en financiación en una región que ha cumplido con los objetivos del déficit, y el maltrato a Canarias en todos los presupuestos del Estado que hasta ahora han sido, con una media por habitante que sitúa al archipiélago a la cola, son algunos de los agravios que, junto a las prospecciones impuestas, han conducido a ese desapego que pregona el presidente regional.

La toma de postura de Rivero frente al Estado le animó a publicar este mes de octubre en la prensa regional un artículo en el que abraza las tesis del lehendakari, Íñigo Urkullu, la llamada “soberanía compartida”, con una reforma constitucional tan profunda que habría de reducir la presencia del Estado en las islas a las puramente defensivas.

No tardaron en saltarle al cuello al presidente Rivero tanto sus socios del PSOE, que se remitieron a la anunciada reforma federal de la Constitución que preconiza Pedro Sánchez, como sus propios compañeros de Coalición Canaria, particularmente el equipo que arropa al nuevo candidato, Fernando Clavijo. No se encomendó Paulino Rivero a los órganos de su partido para lanzar esa atrevida propuesta de soberanía compartida, que alejaría un paso más a CC del Partido Popular si no fuera porque su sucesor tiene más querencia a pactar con los conservadores que a revalidar el pacto de gobierno con los socialistas.

Las intenciones de Repsol

Mientras el debate crece en intensidad y se intensifican las ofensivas judiciales y políticas de todo orden, gana cuerpo la hipótesis de que Repsol sólo haya decidido acometer el proyecto de prospecciones en Canarias para ganar posicionamiento bursátil y adquirir derechos futuros, atendiendo, como ha reconocido en conversaciones informales el presidente de la compañía, Antonio Brufau, el desenfrenado “deseo del operador”, es decir, el ministro de Industria.

Repsol ha rebajado del 20% inicial al 15% actual las posibilidades de hallar hidrocarburos en los tres sondeos que tiene autorizados. Es más, circula de modo oficioso la noticia de que si no encuentra en el primer intento, taponará el pozo y abandonará el resto del proyecto.

Por el camino habrá dejado un reguero de división política y ciudadana, una brecha enorme entre Canarias y el Estado, y sobre todo la incertidumbre sobre la identidad de los que verdaderamente hayan ganado esta batalla.

Si de algo positivo puede haber servido el amplio debate ciudadano y político generado en torno al petróleo es para hacer aflorar el desastre que ha sido la gestión pública en la implantación de las energías renovables. En una región con unas condiciones naturales únicas de viento, sol y mar, tan sólo la isla de El Hierro (10.000 habitantes) ha conseguido iniciar el despegue hacia la autonomía energética gracias a su proyecto de Gorona del Viento.

Dos concursos regionales de asignación de potencia eólica han caído en los tribunales de justicia por malos planteamientos o flagrantes manejos corruptos. El último de ellos, de 2004, tuvo casualmente como protagonista al hoy ministro del ramo, José Manuel Soria, y a su hermano Luis, colocado por el primero al frente de la Consejería de Industria justo cuando había que publicar las bases de la licitación.

Paisaje de Lanzarote./ YANN BOIX (CC BY FLICKR)

Un director general de ese departamento fue descubierto por la policía filtrando las condiciones del concurso a empresarios del sector, algunos de los cuales trataron de sobornar al jefe de servicio que habría de analizar las propuestas. El llamado caso Eolo, aún pendiente de juicio con media docena de acusados, se limitó sólo a lo que aquí se ha dado en llamar el estanque de los lebranchos, dejando por consiguiente sin investigar el estanque de los tiburones. Porque mientras el director general se repartía con empresarios amigos las migajas, otros cerraban pingües negocios en suelos públicos mediante graciosas concesiones.

Una de ellas fue la promovida por los hermanos Soria a favor del empresario portuario Javier Esquivel. Sentados los primeros en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, permitieron que se otorgara al empresario una concesión en el espigón del muelle de Arinaga (sureste de Gran Canaria), el mejor campo de vientos de la Unión Europea, para que instalara allí unas megaturbinas sin presentarse ni siquiera al concurso del Gobierno canario. José Manuel Soria vivió gratis en un chalet del empresario durante los 21 meses que tardó una constructora en edificarle su actual chalet, en el señero barrio de Tafira Alta (Las Palmas de Gran Canaria).

Cuando la penetración de la energía verde debía ser ya del 20% en Canarias, percances como estos han hecho que apenas se alcance el 6%. Resulta llamativo que las mismas instituciones, y muchos de sus políticos, que ahora reclaman el fin de las energías fósiles sean corresponsables de este clamoroso fracaso natural y económico.

Campeones de paro y pobreza

Por el contrario, el debate petrolero ha tapado, aunque sólo parcialmente, los graves problemas que arrastra Canarias históricamente. Con unos índices de desempleo siempre muy superiores a la media nacional (32,7%), su renta per cápita (18.000 euros) está entre las más bajas del país, aunque algo por encima de la media europea gracias a la variable que introducen algunos países del Este. De hecho, hasta hace muy pocos años fue región objetivo uno de la Unión Europea, lo que le permitió el acceso a ingentes cantidades de los fondos europeos de desarrollo regional que permitieron un impulso enorme en infraestructuras e incluso en formación, una de las grandes asignaturas pendientes. Nada de eso fue suficiente porque también Canarias ha sufrido los males de los sobrecostes y la pésima gestión (por no decir el saqueo) de los fondos destinados a la formación.

Recientemente se cerró con absoluciones generalizadas y tras 20 años de pesquisas judiciales el que podía considerarse el antecedente de los ERES andaluces, el caso Icfem (Instituto Canario de Formación y Empleo). Los cinco cargos públicos que se sentaron en el banquillo acusados de prevaricación resultaron finalmente absueltos; uno de ellos, que había sido consejero de Empleo, protesta ahora por que jamás se persiguiera a los que se llevaron el dineral y jamás lo justificaron en la década de los años noventa: patronales, empresas, fundaciones creadas exprofeso y sindicatos.

El auge del turismo

El turismo, aun presentando unos registros impresionantes (hasta septiembre ya habían entrado más de 8,3 millones de turistas extranjeros, un 12% más que en 2013) gracias sobre todo a la crisis de los países del norte de África, no es capaz de absorber la mano de obra parada procedente en gran parte del batacazo de la construcción. Los precios que cobran los empresarios turísticos canarios están por los suelos, lo que el empresario Antonio Catalán, participante en un reciente foro económico celebrado en Lanzarote, achaca al control que sobre los paquetes de viaje ejercen los grandes turoperadores. “En Canarias no manda Paulino Rivero, mandan TUI y Neckermann”, dijo ante un auditorio en el que, entre otros, se encontraba el expresidente Rodríguez Zapatero.

El Gobierno canario confía en un crecimiento de la economía isleña en 2015 en torno al 2% y en recuperar a varios miles de desempleados de la construcción gracias a un plan de modernización de las viejas infraestructuras turísticas, primando a los hoteleros que regeneren sus establecimientos siempre que los suban de categoría.

Pero no se aprecia optimismo en las previsiones económicas, como reconoce el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, que se queja de unos presupuestos restrictivos para 2015 (150 millones menos que en 2014) por el sistema de financiación, los recortes del Estado y la crisis, a pesar de que ha crecido y crecerá el año que viene la recaudación por impuestos.

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Tras el paro, la pobreza aparece como otro de los indicadores dramáticos de Canarias. Alrededor de un tercio de la población no tiene recursos para alimentarse, para pagar la luz, el agua, la vivienda, las medicinas, la educación o el transporte, a lo que no ayudan mucho las administraciones locales, incapaces de tramitar en un plazo inferior a seis meses una ayuda de emergencia social. Por no hablar de la funesta gestión en dependencia, mala antes de que el PP la redujera a la mínima expresión, lo que situó al archipiélago en el último puesto desde que empezó a medirse su grado de implantación.

Parches como la prestación canaria de inserción, de unos 400 euros al mes de promedio, que alcanza a unos 5.800 hogares, sólo sirven para paliar en alguna medida esas brechas sociales agrandadas durante la crisis. Según la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan), la prestación de inserción sólo llega a una de cada 200 personas con derecho a recibirla, lo que desemboca en que en las islas haya 124.590 personas que no reciben ningún tipo de ingreso.

Todo ello no es muy diferente de lo que ocurre en las autonomías más pobres de España, aunque al Gobierno canario haya que agradecerle la iniciativa, más tarde aplicada en otras regiones, de la apertura de los comedores escolares durante los meses del verano para asegurar al menos una comida diaria a miles de niños y niñas que, de otro modo, no la tendrían.