La Universitat Rovira i Virgili crea una base de datos de inmuebles confiscados por el franquismo
La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha creado una base de datos con cerca de 4.000 bienes inmuebles confiscados por el franquismo en toda España después de la Guerra Civil, que próximamente se podrá consultar, según informa la universidad tarraconense.
La base de datos, elaborada por el grupo de investigación Historia, Sociedad, Política y Cultura desde Catalunya al Mundo (ISOCAC) de la URV, se ha nutrido, sobre todo, de documentos oficiales, como la ley de confiscaciones de 1939.
También, del libro de actas que el régimen creó entre 1940 y 1950 con los bienes confiscados a las asociaciones, sindicatos y cooperativas que consideraba que tenían un “carácter sindical marxista”.
Los autores también han hecho vaciados bibliográficos de estudios ya existentes sobre esta temática.
La base de datos permite realizar búsquedas por municipios, tipología de la confiscación, propietarios anteriores o destino y cuenta con mapas por provincias y municipios con las geolocalizaciones de los bienes.
“Es una información muy rica, que casi da para hacer trabajos de investigación con cada entrada. Es una gran base de datos de historia local”, asegura uno de sus autores, Ginés Puente.
El trabajo, inédito por su exhaustividad y que próximamente será abierto y consultable, forma parte del proyecto Bienes inmuebles expoliados, incautados y confiscados bajo la dictadura franquista en España (1936-1950).
Lo ha financiado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dentro de la partida de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática y de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
“Además de la importancia histórica que tiene, puede servir de base para posibles reclamaciones, como la demanda que ha interpuesto recientemente el ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona) contra el Estado para el resarcimiento del patrimonio municipal expoliado”, señala la URV.
Los investigadores esperan ampliar la base de datos con más bienes confiscados que no constan en documentos oficiales e intentarán seguir la pista de muchos de estos inmuebles para averiguar a quién pertenecen actualmente.
