TVE y servicio público: ¿De qué estamos hablando?

Ana ValeroAna Valero

El pasado martes 25 de febrero TVE emitió, como todas las tardes desde el pasado mes de agosto, el más polémico de los programas de su parrilla, Entre Todos. Un programa que la propia web de RTVE define, propagandísticamente, como de “servicio público”, entrevista a personas que se encuentran en situaciones extremas de necesidad, cuando no de exclusión social, para que cuenten en directo su drama personal. Una presentadora con un discutible sentido de la ética y la estética periodística, hurga en su desgracia mientras canaliza las llamadas de ayuda de los tele-espectadores. En un país donde el “Estado del bienestar” está siendo desmantelado a marchas forzadas, y donde se hacen retroceder los derechos sociales y las libertades civiles, no puede negarse cierta coherencia a eso de sustituir servicio público por caridad. Si quitas algo, lo mejor es que pongas otra cosa, aunque sean migajas. Esta es la ideología que nos traen los que abominan de la ideología, y nos la traen desde la radio y la televisión públicas.

En el último programa de Entre todos, la presentadora Toñi Moreno traspasó la línea roja al alentar a una presunta víctima de la violencia de género a que volviese con el que definió como el “hombre de su vida” y la reprendió afirmando que “quien no denuncia los malos tratos, debe callar para siempre”. Pero es que esa misma semana, en otro magazine llamado La Mañana de la 1, su conductora, Mariló Montero, organizó una mesa de debate sobre un curso que se iba a celebrar en Barcelona el 22 de febrero bajo el título “Ser puta no es fácil”. En dicho debate la directora del curso defendió el interés que en tiempos de crisis puede tener para las mujeres aprender las “claves del oficio” y la presentadora se negó a que, lo que muchos podríamos entender como “apología de la prostitución”, pudiera ser discutido y contrarrestado por el punto de vista de otra de las invitadas, la abogada y feminista Lidia Falcón, al suspender de manera inesperada el debate.

¿Lo sucedido en estos dos programas de la TVE traspasa los límites establecidos por la legislación vigente? ¿Cuál es el concepto de “servicio público” que en materia audiovisual establece la legislación nacional y europea? ¿Se adecúa nuestra televisión pública a dicho concepto?

En la primera de las legislaturas del gobierno Zapatero se dieron importantes pasos en el afianzamiento de esta idea de “servicio público”. Así, la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, que se elaboró a partir de las recomendaciones contenidas en un Informe de un Comité de sabios nombrados al efecto, encomendó el servicio público audiovisual a la Corporación RTVE.

Por lo que tiene que ver con la programación de contenidos esta ley exige que los medios de titularidad estatal garanticen el derecho de la sociedad a recibir una información veraz y de interés público, faciliten su acceso a la cultura y promuevan la cohesión social, además de promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. La programación de la televisión estatal, en consecuencia, debe confeccionarse sobre la base de estándares de calidad en todos los aspectos mencionados y fomentar la participación democrática de la sociedad a través de la difusión de contenidos que promuevan la educación cívica necesaria para ello. ¿Creen ustedes que Entre Todos o Las mañanas de la 1 se rigen por tales premisas? Es evidente que no, pues no es sólo que en su diseño y puesta en escena estos programas no trasmitan a quien los ve los principios básicos de convivencia de los que nos hemos dotado –plasmados, por ejemplo, en la Ley contra la violencia de género-, sino que precisamente y, al menos en los programas señalados, parecen más bien incitar a su vulneración.

Pero es que la idea de “servicio público” no extiende sus tentáculos sólo a la programación de contenidos de los medios estatales sino que también llega a su estructura interna, dirección y funcionamiento, que han de ser escrupulosamente respetuosos con el principio pluralista. Este pluralismo debe garantizarse, en primer lugar, a través de la independencia y la neutralidad del Presidente y del Consejo de Administración de la radio y la televisión públicas. ¿Cómo si no distraer a los dirigentes políticos de la suculenta tentación de convertir a los medios públicos en su principal plataforma mediática? Con dicho fin, la Ley del 2006 exigía para la elección de ambos órganos un sistema reforzado de mayorías parlamentarias, asegurándose con ello la necesidad de que los distintos partidos políticos tuvieran que discutir, pactar y consensuar la elección de la cúpula de RTVE y que ésta estuviera, en consecuencia, lo menos politizada posible. Pues bien, al Gobierno de Rajoy “no le tembló el pulso” –parafraseando al propio Presidente- a la hora de reformar este sistema de elección a golpe de decreto-ley a los pocos meses de obtener la mayoría absoluta en las urnas. Con la manifiesta oposición de los profesionales del medio, el Gobierno del PP se inventó un sistema que le permitiría nombrar al Presidente y al Consejo de Administración de RTVE en solitario, bastando para ello con la mayoría absoluta en el Parlamento.

En segundo lugar, la independencia e imparcialidad de la radio y la televisión públicas no sólo pasa por la elección democrática de sus directores y gestores, sino también, por la existencia de un órgano de supervisión independiente encargado de realizar una evaluación del cumplimiento de las exigencias de servicio público. Dicho órgano no es otro que el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales cuya existencia se previó en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. En desacuerdo con este control, el siguiente paso del Gobierno Popular en materia audiovisual fue anular su creación y auto-atribuirse sus funciones, repartiéndolas entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –órgano en esencia contrario a cualquier concepto de lo “público”-, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Convirtiendo con ello a España en una excepción en el ámbito de la Unión Europea, por carecer de una autoridad reguladora del audiovisual de ámbito estatal que opere con criterios de independencia respecto del Parlamento y del Gobierno.

En un momento como el actual en que los grandes medios de comunicación privados de este país sufren una irreversible desafección por parte de la ciudadanía, como consecuencia, entre otras cosas, de haberse entregado a los brazos de sus acreedores, guiándose por las fuerzas del mercado y la rentabilidad medida en índices de audiencia, la función de servicio público de la radio y la televisión estatales es más necesaria que nunca. Por ello, es preciso que su dirección y gestión esté despolitizada, pero también que lo esté su edición. Y que la información que en ellos se ofrezca se elabore con criterios de estricta profesionalidad y diligencia periodística. Para conseguirlo, la Ley de 2006 creó el Consejo de Informativos, órgano de representación profesional elegido por los propios profesionales de la información que tiene como función garantizar el control interno y la independencia, tanto editorial como profesional, de los programas informativos de la RTVE. Sin embargo, también en este campo el actual Gobierno Popular suspende con muy deficiente. Los propios profesionales de la RTVE, desde su Consejo de Informativos, han venido denunciando en los últimos tiempos la parcialidad de sus telediarios, y han manifestado en varias ocasiones su insatisfacción con los contenidos y con el tratamiento de las noticias por su politización y falta de rigor informativo.

Y ante tanto desprecio por el “servicio público” comunicativo, ¿cómo reacciona la audiencia? En el periodo comprendido entre 2006 –año en que se aprobó la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal- y 2011, año de la mayoría absoluta del PP, RTVE había conseguido recuperar audiencias, liderándolas incluso durante largos periodos en los programas informativos, que recibieron importantes reconocimientos internacionales por su calidad e independencia político-institucional. Índices que vienen experimentando un descalabro sin precedentes desde que la actual cúpula de RTVE con González-Echenique al frente, apartara a Fran Llorente de la Dirección de Informativos, a finales de junio de 2012, y lo sustituyera por Julio Somoano, procedente de Telemadrid.

La conclusión es clara, la ciudadanía es mucho más “ciudadana” de lo que les gustaría a nuestros dirigentes, pues es la primera que manifiesta, cambiando de canal, que cuando hablamos del derecho a la información y del servicio público comunicativo lo que está en juego no es algo banal sino la propia calidad democrática de este país.