Muerte de un mantero senegalés

Javier de Lucas

Aún no tenemos datos suficientes sobre las circunstancias de la muerte de un vecino de Salou, de cincuenta años de edad. Mor, así se llamaba, era senegalés y se ganaba la vida como “mantero”. Tenía sus papeles en regla, cuentan en algunas informaciones. Y lo primero que uno se pregunta es ¿si no los tuviera, sería menos grave su muerte?

Seamos ecuánimes, claro. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y lo que para Mor y muchas otras personas es un medio de subsistencia, para otros (la industria discográfica, una parte de los buenos botiguers y la burguesía de orden), la existencia de manteros es una amenaza para el bien común y, como mínimo, según nos explicó la inefable señora Aguirre en una de sus memorables e ingeniosas intervenciones, estropea el turismo. Por eso, es comprensible que el Govern del Sr. Más (como el de Rajoy) entienda que mostrar que se combate esa peligrosa delincuencia. Así que los Mossos d’Esquadra que hoy dirige el Sr. Jané se aplican en la persecución de estos insidiosos criminales que no respetan la propiedad ni el mercado. Como si los manteros fueran los verdaderos responsables de ese negocio, ciertamente ilegal (ilegalidad que no tengo el propósito de negar).

El problema es que el historial de los Mossos no es precisamente virgen en materia de malas prácticas, incluso malos tratos y tortura, según sentencias firmes recaídas (eso sí, seguidas de un indulto en febrero de 2012 por parte del Gobierno Rajoy a los cuatro mossos condenados expresamente como torturadores, indulto que se repitió en noviembre del mismo año a pesar de la advertencia de la Audiencia, que señaló que hacerlo sería “fraude de ley”, sin que sirviera de nada la protesta de los jueces y de la sociedad civil. Por eso, la muerte de Salou no puede dejarse pasar como un desgraciado accidente.

Hasta el más lerdo sabe a estas alturas que la garantía de los derechos humanos exige la presencia activa de un poder judicial independiente. Por eso, cuando por razones de seguridad, orden público o defensa de derechos de terceros se ha de limitar algún derecho, se requiere la garantía de ese poder. Es lo que pide el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de registro del domicilio, ante la necesidad de garantizar el derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio y conciliarla con exigencias de seguridad y orden público:

Pues bien, resulta que en el primer comunicado de los Mossos se afirmaba que "en el momento de los registros, que se han realizado en presencia de la secretaria judicial, en uno de los domicilios una persona ha saltado desde el balcón de un tercer piso al detectar la presencia policial", pero luego el intendente de los Mossos d'Esquadra Xavier Gámez, aclaró que no podía precisar si la secretaria judicial se encontraba en el interior del domicilio y finalmente ha quedado establecido que se encontraba en la calle y no había subido a ese domicilio. Es decir, que no se cumplió con aquello a lo que obliga el mencionado precepto de la LECrim.

Transcurridas más de 30 horas de esos hechos y sobre todo como reacción para apelar a la convivencia después de los “graves incidentes ocurridos en la calle” (se ve que no les parece grave la muerte de un vecino), el conseller Jané ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Salou, para hacer una llamada a la recuperación de la normalidad. En el curso de esa rueda de prensa, el Conseller aseguró que no hubo la menor interacción física entre los Mossos y el fallecido. Añadió, además, que su tesis era confirmada por el testimonio de dos vecinos que se encontraban en la calle, lo que implica algún problema con las leyes de la física: los vecinos podían ver el balcón, desde luego, pero ¿cómo podían ver lo que sucedió en el interior del domicilio?

Conste que pienso que lo más verosímil es que la muerte de Mor se haya debido a un desgraciado accidente, al tratar de saltar de un balcón a otro, sin intervención directa de los Mossos. Pero en cualquier Gobierno democrático, un suceso como éste, con resultado de muerte y contradicciones por parte de la policía sobre el cumplimiento de un requisito legal de garantía de derechos fundamentales, unido a los precedentes mencionados, exige que el Gobierno y en concreto el responsable de la policía (el conceller Jané) pida de inmediato comparecer ante el Parlament. Quizás es que en la lista de Más &Co, como el “procés” pasa por encima de cualquier otra consideración, no se considera relevante este "accidente" y menos para pedir responsabilidades a uno de los suyos: no toca. ¿Es así porque se trata de un mantero senegalés? ¿Qué hubiera pasado si el muerto fuera un “buen catalán” con apellidos certificados? ERC calla y los autoproclamados integrantes de izquierda (el Sr. Romeva, por ejemplo) tampoco han dicho palabra. Los partidos de la oposición en el Parlament tienen el deber de exigirla. Así lo ha manifestado IC-EUiA, que, en un comunicado en el mismo día, ha anunciado su intención de pedir que el Sr. Jané comparezca ante el Parlament. Sin llegar a exigir la comparecencia, las CUP han publicado un contundente comunicado en el que condenan los hechos, denuncian su relación con la deriva xenófoba, racista y estigmatizadora de las políticas migratorias y exigen el esclarecimiento de responsabilidades. En el momento en que escribo estas líneas, me extraña la ausencia de reacción de otras fuerzas, salvo la estrambótica declaración del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. El Sr. Rafael Hernando ha insistido en la necesidad de que los que vienen de fuera respeten la legalidad. Quizá no tenga en cuenta la confusión que puede crear en los nouvinguts observar el respeto a la legalidad de tantos políticos del PP, como por ejemplo, los implicados en las tramas púnica o Gürtel, por no hablar de la exquisitez con la que el Gobierno Rajoy burla la legalidad internacional, según han denunciado instituciones internacionales como el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa o el Consejo de derechos humanos de la ONU.

Mientras tanto, la credibilidad democrática y la legitimidad del Govern de la Generalitat, así como de su pretendida política inclusiva e igualitaria, que dependen del respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, han sufrido un golpe que no se entiende que no corran a restañar. Porque eso, con o sin procés, es la prioridad absoluta.

Fotos: 1ª. Samuel Sánchez. 2ª. Efe. 3. Efe. Jaume Sellart.