España no es Inglaterra

El programa Salvados del pasado 2 de febrero fue interesante. Lo fue por varias razones:

1. Porque fue un debate verdadero.

2. Porque fue un “encuentro” entre el señor Mas y el señor González y

3. Porque imperó la razón.

Claro que, lo ideal hubiese sido que el interlocutor del presidente de la Generalitat hubiese sido el señor Rajoy, ya que es él quien tiene las manos en el timón y la persona que puede autorizar, si quiere, conforme a la Constitución, que se celebre la consulta del 9 de noviembre en Cataluña.

Debatir significa exponer las propias razones y escuchar las razones del otro y, al hacerlo, aceptarlas o rebatirlas dialécticamente. Sin posiciones previas. Escuchar y aceptar la razón o parte de la razón del otro, significa que uno no está en la posesión de la verdad y que, reconocido el problema, hablando, se pueden abrir vías por las que caminar para resolverlo.

Dijo Felipe González en ese encuentro que la vía de la autodeterminación no se recoge en la Constitución. ¿Es cierto? Sí. Pero, ¿qué significa la autodeterminación? Es el ejercicio de un derecho que tienen los ciudadanos de una nación sin Estado, nativos o no y residentes en ese territorio, a escoger ―libre y voluntariamente―, qué tipo de relaciones desean mantener con el Estado bajo cuya jurisdicción viven. Estas relaciones se manifiestan mediante tres opciones: la autonomía, la federación y la independencia; incluso podríamos decir una cuarta, la confederación. Dicho esto, ¿qué es lo que recoge la Constitución? Recoge la posibilidad y abre las vías a que el Estado se convierta en un Estado donde las nacionalidades y regiones tengan la Autonomía y se constituyan como comunidades autónomas.

¿Por qué se habla en la Constitución de nacionalidades y regiones? nacionalidadesPorque en la II República Española a Catalunya, Euzkadi y Galicia le fueron reconocidos sus derechos nacionales por primera vez en la historia de España y tuvieron Estatutos de Autonomía. La guerra ahogó en sangre a sus pueblos y sus Instituciones en el caso de los dos primeros y, en el caso de Galicia, aunque aprobado el Estatuto por el pueblo gallego y en las Cortes Españolas, nunca llegó a tomar carta de naturaleza ya que Galicia cayó enseguida en manos de los fascistas. Las otras regiones de España no tuvieron autonomía en la II República, porque no había lugar a ello: no eran hechos diferenciales. Nación, como bien sabe todo el mundo, no es lo mismo que nacionalidad. Entonces, ¿por qué en la Constitución de 1978 se abrió la puerta a que todas las regiones del Estado español tuviesen su Estatuto de Autonomía? Para negar el hecho diferencial y porque, en verdad, se trataba de una simple descentralización administrativa. No hubo reconocimiento para esos pueblos, ni tampoco, estos tuvieron la opción a elegir que tipo de relación querían tener con España: la autonomía, la federación o la independencia. Fue café para todos. Nada más. O lo tomas o lo dejas.

En el artículo 1, apartado 2 del Título Preliminar de la Carta Magna, se dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”; en el artículo 2 del mencionado Título se dice que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, y en el artículo 8, igualmente del Título Preliminar se dice: que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Que las instituciones catalanas aceptasen la autonomía que nació de la Constitución de 1978, bajo tutela militar ―conviene recordarlo―, no significa que ahí murieran sus aspiraciones y sus anhelos a tener un Estado propio. En Euzkadi, una parte significativa de la sociedad vasca no aceptó el Estatuto, y en Galicia, no hubo nunca ese problema porque el deseo de ser fue siempre cosa de una minoría: el Estatuto de Autonomía se aprobó en 1980 solo con una participación del 20 %.

Sostuvo Felipe González en ese debate que él (en sintonía con el PSOE), era partidario de que se produjesen reformas constitucionales y que, para realizarlas, había que seguir el procedimiento que se recoge en la propia Constitución, sin que la otra parte (entiéndase Catalunya), pueda ignorarlo, ya que eran las reglas, que según él, se dio la mayoría. Añadió que la independencia era un “camino imposible”; algo “no deseable”, y que estaba convencido de que el presidente Mas no se saltaría la legalidad. A lo cual su interlocutor le respondió que por supuesto y que, para resolver este problema, en su opinión había tres posibilidades: una, que el Gobierno de España autorizase la Consulta del 9 de noviembre en Catalunya, dos, que de no hacerlo, las Cortes Catalanas aprobarían una Ley de Consultas y tres, que de no ser posible ni una cosa ni la otra, pues habría elecciones, que serían claro, elecciones plebiscitarias. A partir de ahí, y según cual fuese el resultado, ya se vería.

¿Se puede reformar la Constitución Española de 1978? En teoría sí; en la práctica no. ¿Cuál es el procedimiento para la reforma? Los proyectos de re-forma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Si no hubiese acuerdo entre ambas, se abren distintas posibilidades en función de que la reforma sea de un artículo o, sea una reforma total o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo II, a la Sec-ción I del Título I o al Título II. Si se reformase un artículo puede convocarse un referéndum, siempre que lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, y si la aprobación fuese sobre una reforma total o parcial de los Títulos y Capítulos mencionados, será necesaria una mayoría de 2/3 y una vez conseguida, se disolverán las Cortes y se convocarán elecciones. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la aprobación con la misma mayoría y, convocar, aquí sí de modo obligatorio, un referéndum; a fin de que el pueblo se pronuncie.

La Constitución, como puede leerse, no es un jersey que nos protege, ni un corsé… es una camisa de fuerza. Está blindada, completamente. Recientemente, José Luís Rodríguez Ibarra manifestó en el programa Al rojo vivo de La Sexta, que fue la izquierda en aquella primera legislatura la que impuso el blindaje, a fin de que, teniendo en cuenta la Historia de España, evitar que la derecha aboliese la Constitución. Fue al revés: fue la derecha la que blindó la Carta Magna, a fin de que ningún cambio político fuese posible.

Puede ser que el PSOE defienda ahora la necesidad de reformas en la Constitución Española, pero el PP no. Sin embargo, pongamos que los dos partidos mayoritarios coincidiesen en iniciar el procedimiento para la reforma, ¿iría esta en la misma dirección o, cada uno propondría la suya? ¿Cómo se conciliarían ambas propuestas, teniendo en cuenta que estamos hablando de ideología y de que, para poder aprobar esos cambios, se necesitan unas mayo¬rías de 3/5 o de 2/3 de las Cámaras? Por otra parte, tanto el PP como el PSOE defienden la unidad de España. El PSOE apoyó, sin fisuras, la Constitución; el PP no. Alianza Popular tuvo en la 1ª Legislatura una representación de 9 diputados y, en aquella votación para la aprobación de la Constitución en el Congreso, su voto se expresó así: cinco diputados votaron NO, tres se abstuvieron, y solo Manuel Fraga Iribarne (de triste recuerdo), votó SÍ, de modo simbólico. No podía ser de otro modo, ya que, él fue uno de los padres de la Carta Magna. Un día se acostaron siendo fascistas, y al día siguiente se levantaron demócratas… sin mudar las camas. Como puede verse, en otro tiempo los diputados sí tenían libertad de voto; pero entonces y de modo clarísimo los diputados de Alianza Popular votaron NO a la Constitución. Ahora la defienden, pero solo en lo que les interesa y están muy cómodos con ella. Este es el origen. Y los hechos. Sin embargo, no son los únicos que están cómodos con el marco jurídico de la Carta Magna; El PSOE y UPyD también lo están. La apuesta del primero ahora y desde la Diada de 2012 por el federalismo no es creíble, porque nace de la constatación de una realidad y no de las convicciones, y respecto al segundo, su defensa de la unidad de España nace del oportunismo: en esta España cainita, esa posición política da muchos votos.

El problema nacional en España es un problema político, y los problemas políticos requieren solo y únicamente soluciones políticas. Pero para resolver un problema, se requiere primero que nada reconocer la existencia del mismo; sino se reconoce, malamente se pueden abrir los caminos para resolverlo. Y luego, es preciso, claro, voluntad política para avanzar. Ocurre que si se niega a los pueblos, y esto vale también para las personas (así, tomadas de una en una, individualmente), los pueblos, las personas, sienten la necesidad de afirmarse. Hablamos de ciudadanos libres, no de borregos conducidos por el señor Mas, que es lo creen algunos políticos, que piensan, que el fracaso de este proceso provocará “frustración” en los catalanes. Este proceso no partió del presidente de la Generalitat, ni de ERC, ni de ICV… Partió de la Asamblea Nacional Catalana, y si la sociedad civil en ella representada, ve que la respuesta que recibe a sus anhelos políticos es una nueva negativa, no se irán para sus casas y se quedarán allí; quietos. Seguirán adelante.

¿Cómo van a convencerles de que caminar juntos es mejor, si lo que perciben son amenazas, o ven como tratan de sembrar el miedo en ellos o, simplemente, que una y otra vez, la respuesta a sus aspiraciones políticas es un NO? Manca finezza. No solo al Gobierno de España, y conviene decir, ¡que triste! sigue siendo necesario hablar de lo obvio, la Democracia no es votar cada 4 años, o dicho de otro modo: quítate tú, que me pongo yo; como en el siglo XIX. La Democracia, es que las personas puedan expresarse políticamente y que puedan realizar cambios en las sociedades en las que viven. La vida es movimiento, no quietud.

Y, si el marco legal no permite los cambios políticos, ¿qué se puede hacer? Desobedecer. Trascender ese marco, que no es una “anécdota”, y luchar. No obstante, esto genera contradicciones, también en una formación política como Izquierda Unida, como pudo verse en la recién celebrada Conferencia para definir el modelo territorial de Estado en España. En la resolución que lleva por título: “Transición al Estado federal mediante un proceso constituyente” se dice, que “el principio democrático implica abrirse a la posibilidad de consulta para que la ciudadanía manifieste sus preferencias sobre la relación jurídica-política entre las unidades territoriales federadas y el Estado español”; pero, añade que cualquier consulta deberá realizarse en el “marco legal”. Dicha resolución se saldó con 60 votos en contra, 35 abstenciones y 85 votos a favor. Es decir, entre los votos en contra y las abstenciones suman un 52,77% sobre el total, ya que según manifestaron los disidentes, “aceptar este punto implica transigir con el sistema nacido de la Transición y que Izquierda Unida quiere combatir”. Hablan ahí de “unidades territoriales federadas”. Sin embargo, esto es hablar en futuro, igual que es hablar en futuro de un Estado “federal, laico, republicano”. Palabras. Porque lo que no dicen es cómo vamos a llegar él.

Tal vez, todos aquellos que soñamos con ver ondear la tricolor en todas las instituciones, podamos pedir permiso al Rey para realizar nuestro sueño. Y la cosa podía ser así: “Los abajo firmantes, de convicciones republicanas, nos dirigimos a su Majestad, con el debido respeto, para solicitarle que considere la posibilidad de que renuncie al trono ―si lo tiene a bien―, de que tanto usted como su familia pasen a vivir como ciudadanos, y permita que se proclame la III República española…”. Porque, la Constitución no permite que pasemos de un régimen de monarquía parlamentaria a una República. ¿O sí?

Fernando Vilaboa es socio de infoLibre