La fianza impuesta en el ‘caso Bankia’

El juez Andreu ha dictado un auto por el que marca una fianza de 800 millones de euros en relación a la demanda presentada sobre la salida a bolsa de Bankia, de julio de 2011, bajo el argumento de que las cuentas utilizadas en el folleto de la OPV no reflejaban la situación real de la entidad. Con aquella operación Bankia obtuvo 3.092 millones de euros, captados mayoritariamente de minoristas, inversores no profesionales que procedían de los clientes tradicionales de las cajas de ahorro que conformaron esa marca, principalmente Caja Madrid y Bancaja. La fianza ha sido impuesta solidariamente a la propia Bankia, su matriz BFA, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

El cálculo “prudente” utilizado por el juez Andreu para marcar esos 800 millones de euros considera la cobertura para, al menos, un tercio de los minoristas que acudieron a la OPV –1.800 millones de euros–, más el recargo que estipula la ley, pero, a pesar de esa “moderación”, tanto el Gobierno de España, a través del FROB, como la propia Bankia han anunciado, de forma inmediata, su intención de recurrir, al considerarla desmesurada.

Al margen de que, al final, el importe de esa fianza salga de los propietarios de Bankia y BFA –nosotros, los contribuyentes españoles–, si todos los minoristas reclamasen su inversión en Bankia, por haberse sustentando sobre unas cuentas “presuntamente” no reales, la fianza impuesta sería insuficiente, no digamos si alguno de los “inversores institucionales” también se uniera a esas reclamaciones. De hecho Mapfre, socio asegurador de Bankia, se lo está pensando, tal como ha comentado su presidente, Antonio Huertas, pues vio volatizarse los 280 millones de euros que invirtió en 2011. Aunque Banco de Santander, Caixabank y Banco de Sabadell ya han anunciado su intención, de momento, de no reclamar sobre dicha inversión.

Es cierto que 800 millones de euros es una cantidad importante, pero mucho más lo eran los 3.092 millones de euros que se captaron en la OPV Bankia, mayoritariamente entre sus clientes tradicionales, ahorradores sin el perfil de inversor adecuado y las responsabilidades en un estado de derecho deben depurarse.

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El importe de la fianza impuesta a Bankia no es el único fleco que debería haberse mejorado, ya que el auto del juez limita los afectados por ella a cuatro directivos, Rato y Olivas incluidos. Sin embargo, quedan fuera de ella el resto de integrantes del Consejo de Administración de Bankia en julio de 2011 y todos ellos autorizaron de forma expresa dicha operación, apareciendo sus nombres en el propio folleto de la emisión. Si no son responsables de una decisión como la salida a bolsa de Bankia… ¿para que estaban en dicho Consejo? Y tampoco deberían quedar fuera de las responsabilidades los integrantes del primer nivel directivo de la entidad, de los que más de uno continúa en el actual equipo.

De aquella decisión hubo beneficiados, sino no se hubiera tomado. Los perjudicados están a la vista y con la causa tramitada por el juez Andreu se les abre una importante viabilidad en sus justas reclamaciones. Rememorando a Confucio: “Donde hay justicia, no hay pobreza”. Al contrario de lo que opina el FROB y Bankia, personalmente me parece que la fianza impuesta se puede quedar pequeña para hacer frente a los posibles perjudicados en aquella OPV Bankia de julio de 2011. De hecho no parece casual que algunos de los principales fondos de inversión presentes en el capital de Bankia hayan deshecho parcialmente posiciones en los últimos días, como Capital Research y Europacific Growth, quizás temiendo que parte del excedente de capital que ha acumulado en los últimos meses el banco nacionalizado (cercano a los 5.000 millones de euros) tenga que ser destinado a los pagos de las posibles indemnizaciones…¡Ya sabemos que el dinero es miedoso!

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre