Una (lega) propuesta de desbloqueo
Ante el contumaz bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular, que se descalifica solo, he aquí una posibilidad para desbloquear la situación que, de paso, representa con proporcionalidad la pluralidad del Parlamento y, en definitiva, la realidad de España.
Parto de la base de que a cada uno de los 21 componentes del futuro CGPJ (cuyos 20 posibles vocales ya fueron propuestos de manera autónoma y despolitizada por las asociaciones judiciales, que no se nos olvide) les corresponderían entre 16 y 17 de los 350 representantes del pueblo, en el que reside la soberanía nacional y del que emana la justicia.
Así, con un inevitable trazo grueso en la delimitación de los distintos bloques y redondeo en el reparto, tendríamos que, en el sector progresista del Parlamento, al PSOE (120 escaños) le correspondería proponer a ocho miembros del CGPJ, presidencia incluida. (Sé que la presidencia la votan los propios vocales, pero ya me entienden.) A su izquierda de ámbito nacional, Unidas Podemos y Más País (35+3 escaños) escogerían a dos vocales. Por último, un tercer bloque progresista de 21 escaños soberanistas o autonómicos (ERC, 13; EH Bildu, 5; CUP, 2; BNG, 1, Teruel Existe, 1) propondría a un vocal.
Se completarían así los 11 miembros que darían una mayoría progresista al CGPJ, reflejo de esa misma (y escasa) mayoría de diputados en el Parlamento.
En el sector conservador tenemos otro bloque de 19 escaños soberanistas o autonómicos (PNV, 6; PDeCAT, 4; Junts, 4; Coalición Canaria, 2; NA+, 2; PRC, 1), que propondría a un vocal.
(Determinados partidos con un «soberanismo» muy acusado no estarán por la labor de contribuir a mejorar las instituciones del Estado, pero ahí radica parte de la gracia, en contar también con ellos, que para eso los votaron.)
Por último, encontramos al grupo que, en lo que atañe a este asunto, podríamos definir provocadoramente como «anticonstitucional». A los 150 diputados que suman PP (88), Vox (52) y Ciudadanos (10) les corresponderían proponer a los nueve vocales restantes.
Habría que modificar el sistema de elección para que pudiera hacerse por mayoría absoluta, como ya se ha propuesto desde distintos foros, lo que, además, implicaría evitar cierto veto 'ad feminam'
Ante la previsible negativa de este último grupo a participar en tan explícito y matemático «reparto de cromos», bastaría con que la mayoría constitucional se ciñese a proponer los nueve nombres conservadores que Esteban González Pons había cerrado con Félix Bolaños antes de que la negociación saltara por los aires, después de que algunos miembros del taimado Gobierno plantearan sorpresivamente, por primera vez en la historia, la posibilidad de reformar el Código Penal.
Claro, habría que modificar el sistema de elección para que pudiera hacerse por mayoría absoluta, como ya se ha propuesto desde distintos foros —lo que, además, implicaría evitar cierto veto ad feminam, al margen de que dicha elección sea más o menos estética—. Sin embargo, al conceder al grupo anticonstitucional los vocales que legítimamente le corresponden no cabría el argumento de que el Gobierno pretende pasar el rodillo de la mayoría. Un rodillo que, en un asunto tan delicado, sería criticable, y con razón.
Una vez renovado el Consejo, con sus actuales vocales por fin de vuelta en sus respectivas y añoradas casas, tras casi cuatro años en funciones, se procedería a mejorar el sistema de elección como pide Europa: primero renovación, luego reforma.
Quizá la propuesta parezca demasiado generosa (a fin de cuentas, el PSOE tendría que dejar caer alguno de sus nombres negociados previamente con el PP), y sin duda será voluntarista, y cándida, por cuestiones que se me escapan. Con todo, creo que corroboraría el compromiso institucional y el respeto de la pluralidad parlamentaria de la parte proponente, que desarmaría a la parte saboteadora y que estaría bastante ceñida a lo que quiera que (diablos) sea España.
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Miguel Ros González es socio de infoLibre.
