Si hemos de calificar la huelga de jueces y fiscales anunciada y programada para los días 1,2 y 3 de julio con palabras ciertas es que se trata de una huelga de funcionarios públicos de alto nivel. No es la huelga del metal de los gaditanos. A pesar de todo, y consecuente con este acotamiento, se trata de una huelga economicista, en el sentido de que con ella quieren mantener y favorecer sus intereses de clase, corporativistas y elitistas. Claro está, también tiene ribetes políticos, porque en la concentración de este sábado para calentar la huelga, Pedro Sánchez ha vuelto a ser objeto de su ira: ”Pedro Sánchez a prisión”
Los jueces saben –para eso han aprobado una oposición dura– que la huelga no tiene sustento legal, como les ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, y que vulnera la Constitución, como en un artículo les han fundamentado Antonio Baylos, Jaime Cabeza y otros 29 firmantes ( El País 24/7 ). Pero, aun con ese cierto nivel intelectual, también está muy claro que muchos son brutos y tercos, como el juez Peinado. Como funcionarios de carrera de alto nivel, su principal preocupación es mantener su estatus social, sustentar la judicatura en unos niveles corporativistas y elitistas. En el universo judicial y fiscal, los parentescos familiares directos o colaterales aparecen más evidentes que, incluso, en otras profesiones de funcionarios de la misma categoría, como los abogados del Estado o altos funcionarios de Hacienda. Sus vínculos son muy estrechos y sus influencias para su acceso a familiares más pronunciadas. Su número no es clausus, pero sí reducido.
Como funcionarios de carrera de alto nivel, su principal preocupación es mantener su estatus social, sustentar la judicatura en unos niveles corporativistas y elitistas
El Gobierno quiere llevar al Congreso el proyecto de ley de acceso a la judicatura y a la fiscalía con el objetivo de democratizarlas. Es decir, de ampliar el número de candidatos que por capacidad y mérito quieran acceder a estas carreras porque estén condicionados por escasos recursos propios o familiares. No es ni más ni menos que dotarles de unos pequeños recursos económicos para que ellos mismos y sus familias no desistan del intento. No deja de ser curioso que ese dinero que el Estado destina a estos candidatos, luego revierta en los preparadores que suelen ser magistrados con muchos años de jueces y que normalmente los preparan en sus casas, con escaso control del dinero que reciben. Por eso me refería en el título a mordidas. Cuántos jueces habrán puesto sentencias en todos los órdenes jurisdiccionales dando razón a peticionarios de justicia y han certificado en ellas la igualdad de oportunidades que reclamaban, desde becas a salarios impagados o subsidios o ayudas a la dependencia. Por este lado se puede hablar de mentiras o contradicciones.
Los jueces y fiscales, en cambio, critican este proyecto de ley porque coarta su independencia y, consecuentemente la separación de poderes. Confunden su labor jurisdiccional con el acceso a la judicatura, como si la puerta de entrada actual fuera la única, la mejor y la exclusivamente válida. De las huelgas que se puedan plantear entre colectivos que reivindican mejores salarios, jornadas más cortas o derechos de reunión y sindicación, acaso la huelga de los jueces y fiscales sea de la más difusa, de la más farragosa. Toda huelga de funcionarios de alto nivel tiene un tufo de corporativismo conservador y de élite. Se huele. Porque, además, juegan con ventaja. La ley de demarcación y planta de 1989 organiza los órdenes jurisdiccionales con una estructura semejante. Copia el modelo territorial del Estado y el organigrama judicial se basa en una primera instancia (los juzgados unipersonales) y una segunda instancia (los órganos colegiados). Y en la cúspide, el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior de todos los órdenes. Queda el Tribunal Constitucional como el órgano de relevancia constitucional. Si nos atenemos a algunas declaraciones de estos días con el aval que ha dado a la ley de amnistía el “desgraciado” TC: “Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido” (Feijóo).
Los únicos jueces que acuden diariamente a su puesto de trabajo son los jueces y magistrados de los juzgados unipersonales. Y los únicos que tienen relación con los funcionarios al servicio de la administración de justicia y los demandantes de justicia. En los órganos colegiados, la asistencia a su puesto de trabajo es menor que de la que se ha acusado al hermano de Pedro Sánchez. Se puede decir que los jueces que pertenecen a los órganos colegiados hace ya muchos años que teletrabajan. O trabajan en casa. En órganos colegiados civiles, ya no existe la audiencia pública. Los recursos se resuelven sin vista. Estas prebendas las adquieren por los años de servicio. En las huelgas, la no asistencia al trabajo conlleva la pérdida de los salarios de los días no trabajados. Los trabajadores del metal de Cádiz lo saben y los jueces, si ocurre lo contrario, no les dan la razón. No sé si se atreverán las asociaciones que han convocado la huelga a dar cifras de los jueces y fiscales que la han secundado o si lo hará el Consejo General del Poder Judicial, por eso de la transparencia, pero no se crean ni las de uno ni las del otro. Por supuesto, a final de julio cobrarán su salario íntegro. ¿Se puede llamar a esto una mordida? Los jueces también son humanos.
El Consejo General del Poder Judicial tiene un problema muy gordo. Si dice que la huelga es ilegal y no puede aprobar servicios mínimos, eso no es motivo para que haga dejación de sus funciones. Y sus funciones son de inspección y disciplinarias. Supongamos que las asociaciones convocantes declaran que la huelga ha sido un éxito, porque ha participado el 50% entre jueces y fiscales. Ese porcentaje supondría la participación de 3.950 huelguistas. Ese número por 300 euros de media que tendría que descontarse de su salario, supondría la cantidad de 1.185.000 euros. Un desfalco a las arcas del Estado. Si el CGPJ no inspecciona estos hechos, y no toma otras medidas disciplinarias, hará dejación de funciones. Sería alarmante. Puede que otros lo hagan por él. Veremos.
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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.
Si hemos de calificar la huelga de jueces y fiscales anunciada y programada para los días 1,2 y 3 de julio con palabras ciertas es que se trata de una huelga de funcionarios públicos de alto nivel. No es la huelga del metal de los gaditanos. A pesar de todo, y consecuente con este acotamiento, se trata de una huelga economicista, en el sentido de que con ella quieren mantener y favorecer sus intereses de clase, corporativistas y elitistas. Claro está, también tiene ribetes políticos, porque en la concentración de este sábado para calentar la huelga, Pedro Sánchez ha vuelto a ser objeto de su ira: ”Pedro Sánchez a prisión”