¡Esos pozos ilegales!
De nuevo ha ocurrido, hemos necesitado de una extravagante decisión política para despertar nuestras conciencias al grave problema de los pozos ilegales; una situación de hecho que eleva a varios cientos de miles el número de sondeos ilegales existentes en al ámbito nacional. También un problema que durante décadas todo el mundo ha querido ignorar; desde la propia Administración hasta propietarios, sondistas e incluso linderos perjudicados que casi nunca se han atrevido a denunciar; bien lo fuera por considerar ineficaz el procedimiento; por temor; o tan solo por la “pasota” actitud de “tener la fiesta en paz”. El caso es que aquí estamos. Y hemos necesitado de la hilarante postura del Gobierno andaluz, en su intención de legalizar los regadíos en torno a Doñana para que ahora, de repente, nos echemos las manos a la cabeza y comencemos a cuestionarnos qué se puede hacer. Porque aquello de entonar el mea culpa sobre cómo hemos podido llegar hasta aquí, eso es algo que ni se plantea en este singular país. Y digo singular, al menos en lo referente al tema que nos ocupa, porque hasta se llegó a acuñar el cínico término de “pozos alegales” para referirse a todos esos sondeos realizados fuera de la legalidad, porque llamarlos por su nombre: ¡ilegales!, no solo les sonaba mal a los vulneradores de la norma, sino también a sus lobbies de presión: ora organizaciones agrarias, ora comunidades de regantes; que hasta inclusive a muy altos responsables de la administración hidráulica he oído designar con este término al problema en cuestión, culminando con ello el mayor círculo vicioso del ridículo y la desfachatez. Al menos así ha ocurrido en un territorio que conozco bien: la cuenca alta del Guadiana; los predios por antonomasia de los grandes acuíferos manchegos responsables directos de espacios naturales tan emblemáticos como las Lagunas de Ruidera y/o las Tablas de Daimiel.
Así que cínicas, impresentables y demagógicas me parecen todas esas declaraciones oficiales que anuncian la fiscalización y el cierre de todos los pozos clandestinos; promesas irrealizables que en realidad ninguna administración pretende cumplir
Y puedo afirmarme en ello porque, ya en época tan lejana como el año 1996, denunciaba a este respecto en un artículo de opinión: “El acuífero 23 y las cuentas que nunca salen”, publicado en La Tribuna de Ciudad Real, que se estaban perforando “no menos de diez nuevos pozos diarios en la superficie del acuífero 23”. Y de eso hace veintisiete años: ¿A cuánto podría ascender el número de perforaciones ilegales realizadas en ese territorio a fecha de hoy? Y si esto ocurría en un pequeño territorio —el manchego—, ¿a cuánto puede llegar el número de sondeos ilegales realizados en todo el solar nacional?
Sí, sí, ya sé que esa locura perforadora se ralentizó mucho por la propia evidencia del agotamiento de las reservas hídricas subterráneas y la falta de rentabilidad económica de extracciones a profundidades del centenar de metros, y en muchas ocasiones a mucha más profundidad. Pero aun así, ¿a cuántos centenares de miles de sondeos ilegales alcanzaría la realidad actual? Pregunta sobre la que nadie con sensatez podría dar cumplida respuesta, sencillamente porque no hay quien pueda cuantificar un problema que sigue in crescendo cada día; porque cada día se sigue perforando de forma ilegal. Recordemos el caso del pueblo de Totalán, donde falleció un niño al caer en uno de esos pozos, como muestra irrefutable que confirma esta aseveración.
Así que cínicas, impresentables y demagógicas me parecen todas esas declaraciones oficiales que anuncian la fiscalización y el cierre de todos los pozos clandestinos; promesas irrealizables que en realidad ninguna administración pretende cumplir, pero que calman a la opinión pública a base de decirnos lo que queremos oír… ¡Pero cuánta hipocresía política! ¿Es que nunca nos vamos a cansar?
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Mariano Velasco es socio de infoLibre.