Tremendismo jurídico

“Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. (Sócrates)

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Ha tenido que ser Joaquín Giménez, exmagistrado del Tribunal Supremo ya jubilado, quién en un alarde de mesura y sensatez, dos calificativos que debieran adornar a cualquier miembro del Poder Judicial, ha puesto un dique de racionalidad  jurídica a las desorbitadas peticiones de condena para los acusados en el juicio del caso Alsasua. Un suceso etiquetado (en mi opinión) de forma paranoica más que dudosa como... delito de terrorismo. 

Una opinión más que respetable de un exmagistrado, que goza de prestigio por su independencia ejemplar, y a la que un Poder Judicial contaminado en exceso por los poderes legislativo y ejecutivo debiera poner oído. Sobre todo, viniendo como viene, de quién fue en los “años de plomo” del terrorismo puro y duro en el País Vasco, presidente de las Audiencias de San Sebastián y Bilbao.

Un magistrado, como otros muchos, resistente ejemplar frente a la barbarie del terror con mayúsculas. Una actitud de alto riesgo, que él asumió y que definía con la frase: “Si eres bombero no tienes que temer a los incendios”. Actitud, mantenida hasta el año 1998, en que amenazado y marcado como objetivo, tuvo que abandonar Euskadi sintiendo, en el sentido literal de la expresión: “El aliento de ETA en el cogote”.

Y que para devolver su verdadero significado legal y semántico –quien mejor para hacerlo– al   banalizado término terrorismo que intenta monopolizar el Gobierno del PP. Ha recurrido a un concepto sui generis, en mi opinión muy acertado, original, preciso y que comparto y asumo: “Tremendismo punitivo”.

Concepto este, el de “tremendismo punitivo” afortunado donde los haya, ajustado fielmente a la  realidad y que deja en evidencia, las exageradas medidas legales y penales diseñadas “ex profeso” de forma preventiva por el gobierno del PP. Medidas adoptadas de espaldas a los ciudadanos a pesar de la indefendible desigualdad que la crisis ha provocado en muchos de ellos.

Un corsé legal, aplicado con la finalidad de proteger a un gobierno temeroso de que sus decisiones, provoquen en aquellos una respuesta airada y contundente (hasta ahora ejemplarmente pacífica) como consecuencia de sus injustas e insolidarias políticas de recortes.

Frente a esta realidad en ocasiones brutal, asistimos a la respuesta de un poder ejecutivo ignorante la más de las veces del resto del Parlamento, ninguneando con su insolencia a la oposición, en realidad, expulsada del debate y de su papel legislativo frente al partidismo sectario del PP (como ha reconocido recientemente el Tribunal Constitucional).

Contando para ello, con la complacencia de un poder judicial viciado políticamente.

Un poder que desde hace tiempo sobreactúa en la aplicación de las reformas legislativas (Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Punto final y Ley antiterrorista) promulgadas sin suficiente consenso social, y en ocasiones, lo más grave, tampoco sin el imprescindible  consenso parlamentario.

Un cuasi monopolio legal que ha sembrado incertidumbre jurídica no solo entre los ciudadanos, si no entre algunos colectivos como el de Jueces para la Democracia,  cuyo actual portavoz, el juez Joaquín Bosch, viene denunciando desde hace años las carencias técnicas, contaminación y dependencia políticas de un poder jurídico que necesita de profundas reformas.

Un “tremendismo punitivo” y... legal,  que aplicado al presunto delito de rebelión, fórmula penal con la que se intenta asimilar el referéndum del día el 1 de octubre en Cataluña; el ex magistrado Joaquín Giménez entiende también como improcedente ante la ausencia de violencia.

Aunque más temprano que tarde, asistiremos a la interpretación maniquea del término violencia por parte del Gobierno. De hecho, el ministro de Interior reconvertido en lingüista, ya marca semántica y preventivamente el significado partidista del mismo. 

Por último, Joaquín Giménez nos pone en guardia ante los riesgos del traspaso al Poder Judicial de problemas y conflictos, que, como consecuencia de la dejación e incompetencia del poder ejecutivo y legislativo sus responsables, debieran resolverse por vías políticas. Pero que nunca vendrán (siguen sin entenderlo sobre todo el Gobierno, pero tampoco el Govern) por que no le corresponde de la mano de una justicia sobre todo si esta está además contaminada políticamente. _______

Amador Martos Ramos es socio de infoLibre.