PUERTAS GIRATORIAS

Dos altos cargos de los antiguos reguladores de la Competencia y la Energía trabajan ahora en esas mismas áreas en grandes bufetes

Dos altos cargos de los antiguos reguladores de la Competencia y la Energía trabajan para bufetes….

El Tribunal de Cuentas fiscalizó la actividad de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, entre los años 2012 y 2014, para descubrir que ha funcionado como un mero depósito de declaraciones de bienes de los altos cargos públicos pero ni investiga ni comprueba los datos incluidos en ellas. No aprovecha que la ley le permite cruzar esa información con la que tienen la Agencia Tributaria o la Seguridad Social para verificar si las declaraciones de los cargos que cesan –IRPF, patrimonio– son ciertas. Ni compara con otras de años anteriores. Tampoco ha tramitado ninguna denuncia ni abierto expediente ni sancionado a ningún alto directivo de los 13 organismos públicos a los que investigó el Tribunal de Cuentas.

El motivo estriba en que la OCI considera que son los altos cargos “los responsables de la veracidad y actualidad de sus declaraciones”. El Tribunal de Cuentas no está de acuerdo y le recomienda que utilice “los instrumentos de que le dota la ley” para hacer todas las comprobaciones necesarias.

Por el contrario, la OCI se limita, según describe el informe, a acudir al Registro Mercantil para comprobar si los directivos ocupan cargos en empresas, hacer consultas al BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) o buscar en noticias de prensa o en el Registro Central de Personal, así como en la información sobre miembros de los consejos de administración que suministran las sociedades públicas.

Pero la falta de celo de la OCI va más allá. El informe se queja también de que para la oficina de Hacienda sólo pueda existir un conflicto de intereses cuando un alto directivo deja su cargo en el sector público y es contratado por una empresa privada. Así, no investiga en el caso de que el alto cargo se traslade a un organismo internacional, reingrese en la Administración o en una compañía pública, o bien comience a trabajar en una empresa de nueva creación.

El Tribunal de Cuentas recuerda, en cambio, que la ley prohíbe a los altos directivos públicos ejercer actividad profesional alguna relacionada con el cargo que ha desempeñado durante los dos años siguientes a su cese. No sólo una actividad privada, advierte el fiscalizador: “Pueden existir casos en los que la actividad pública que se inicie esté relacionada con las funciones que desempeñó el alto cargo, otros en los que las decisiones adoptadas puedan afectar a las entidades públicas o internacionales donde vaya a prestar sus servicios, también casos en los que la actividad de una empresa de nueva creación esté relacionada con las funciones que desempeñó el directivo”.

“Debilidad de los procedimientos”

El informe concreta la “debilidad de los procedimientos” seguidos por la OCI con algunos de los máximos responsables de los órganos reguladores que se fusionaron para crear la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De entre los consejeros y máximos responsables de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP) y el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeropuertaria (CRFA), al menos cuatro fueron contratados inmediatamente por despachos de abogados. Dos de ellos trabajan en sus respectivos departamentos de Competencia y Sectores Regulados.

Se trata de Luis Berenguer, expresidente de la CNC, quien, al dejar el puesto, declaró a la OCI que pensaba dedicarse a cuatro actividades distintas. Una de ellas, la abogacía. Se integró en un despacho, Broseta Abogados. Y la OCI, basándose sólo en un informe de la propia CNC, dictaminó que no existía conflicto de intereses porque el bufete carecía de departamento de Competencia. Sin embargo, basta echar un vistazo a la página web del despacho, advierte el informe, para comprobar que ha contado con los servicios de Berenguer desde julio de 2013, precisamente en su área de Competencia y Derecho de la UE. Sin embargo, un portavoz del despacho ha asegurado a infoLibre que su incorporación no se produjo hasta dos años después de abandonar la CNC, en octubre de 2013, por lo que no ha incumplido la ley.

Además, declaró que iba a desempeñarse como asesor o consultor en asuntos de Competencia en Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Sistema de Integración Económica Centroamericana. La OCI no investigó el posible riesgo de incompatibilidad.

También Marina Serrano, consejera de la Comisión Nacional de la Energía, ingresó en un despacho de abogados, Pérez-Llorca, en 2014. Todos estos altos directivos fueron destituidos en octubre de 2013. Serrano trabaja en el departamento de Contencioso, Público y Sectores Regulados. Su caso no aparece en el informe del Tribunal de Cuentas.

Un portavoz del bufete explica a infoLibre que, nada más cesar en la CNE, Marina Serrano se reintegró en el Cuerpo de Abogados del Estado al que pertenece y, un año después, llegó a Pérez-Llorca. Entonces “se comprometió” ante la OCI a no trabajar durante los dos años de carencia que le impone la ley en “asuntos relacionados con la energía para cumplir con el de régimen de incompatibilidades”.

“El control de la OCI es mínimo”

Sí se ocupa el órgano fiscalizador del caso de Joaquín García Bernaldo de Quirós, expresidente de la CNC, que fue contratado por Ramón y Cajal Abogados. El informe que elaboró la propia CNC señalaba la existencia de un posible conflicto de intereses por el hecho de que ese despacho de abogados había llevado un caso ante el organismo regulador de la competencia mientras Bernaldo de Quirós lo había presidido. Se trataba de una empresa de alquiler de vehículos investigada junto con otras por formar un cártel. Ramón y Cajal alegó ante la OCI que “no era cierto” el informe de la CNC, explica el Tribunal de Cuentas, y el afectado precisó que su labor en el despacho nada tenía que ver con temas de competencia sino sobre asuntos contencioso-administrativos. El Tribunal de Cuentas lamenta que la OCI autorizara la nueva actividad de Bernaldo de Quirós sin haber comprobado los datos de las alegaciones del ex alto cargo y del bufete, que contradecían el informe de la CNC.

Un portavoz de Ramón y Cajal Abogados ha insistido a este periódico en que no hubo tal caso ante la CNC y se reafirmó en la inexistencia de incompatibilidad, tal y como dictaminó en su día la OCI, porque Bernaldo de Quirós sólo lleva litigios contenciosos

Por su parte, el exconsejero de la CMT Ángel García Castillejo abrió un bufete, Madrid Espacio Legal de Abogados. El informe del Tribunal de Cuentas critica que, al tratarse de un despacho nuevo, la OCI no elaborara ningún informe. A su juicio, aunque no existan relaciones previas con la CMT, “la actividad de este despacho sí puede estar relacionada con la del alto cargo” y se debería haber “advertido sobre la posible existencia de un conflicto de intereses”

García Castillejo explica que creó junto con unos socios un despacho de abogados en noviembre de 2013, un mes después de abandonar la CMT. De la Sociedad Limitada Profesional constituida sólo posee un 9%. “De esa forma podía contratar con las administraciones públicas [la ley impone un límite del 10%]”, indica. Así, ha trabajado para la Junta de Andalucía, en la preparación del anteproyecto de Ley Audiovisual, o con la propia CNMC. “Pero mi primer contrato con un operador de telecomunicaciones no lo he firmado hasta este año”, apunta; es decir, una vez superado el periodo que la ley le obliga a no tener actividad alguna en los campos relacionados con el cargo que desempeñó en el regulador. Además de socio director en este despacho, García Castillejo es profesor de Periodismo y Derecho de la Publicidad en las universidades Carlos III de Madrid y Ramón Llull de Barcelona.

El exconsejero admite que el nivel de control de la OCI sobre los posibles conflictos de intereses de los antiguos altos directivos públicos “es mínimo”. “Al final”, resalta, “depende de la ética y del nivel de exigencia de cada uno”. La OCI, lamenta también el informe del Tribunal de Cuentas, no realizó “comprobación alguna sobre los bienes y actividades de los altos cargos que no declararon actividades ni aparecieron en la prensa” durante los años investigados. “A mí me asesoraron cuando monté el despacho, pero porque me dirigí a ellos, algo que no todo el mundo hace”, corrobora García Castillejo. También admite que “nadie” le ha fiscalizado durante los dos años de paréntesis laboral impuestos por la ley a los altos directivos públicos. Pero culpa de la escasa diligencia de la OCI a su “absoluta falta de recursos para gestionar el volumen de trabajo que genera toda la Administración General del Estado”.

En todos estos casos, los altos cargos tuvieron que renunciar a la indemnización fijada en caso de cesela indemnización fijada en caso de cese. Otros 12 ex altos directivos de estos antiguos órganos reguladores las han cobrado. La más elevada es la percibida por Bernardo Lorenzo Almendros, presidente de la CMT: 225.358,56 euros, a razón de 9.389 euros mensualesdurante dos años. Al tiempo, Lorenzo Almendros presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo porque considera un “fraude de ley” su cese. De momento, los magistrados que tienen que dilucidar el caso han presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aún pendiente también de dictamen.

Ocho ex altos directivos en cargos públicos

También renunciaron a la compensación quienes optaron por cargos públicos. La mayoría de ellos, en el Ministerio de Industria. Clara Guzmán, que fue directora de Investigación de la CNC, fue nombrada en 2015 coordinadora de la Comisión Interministerial sobre el Mercado de Combustibles. María Teresa Baquedano, que fue consejera de la CNE y pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, fue designada directora general de Política Energética y Minas en octubre de 2014. Antes había sido asesora del gabinete del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Enrique Martínez Marín, exconsejero de la Comisión Nacional del Sector Postal, es ahora coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y vocal asesor del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo. El mismo puesto que ocupa ahora la exvicepresidenta de la CNC Pilar Sánchez Núñez, que en su calidad de asesora del ministerio figura en el patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi), dependiente del Banco de España.

En el Ministerio de Economía han encontrado nuevos puestos la exconsejera de la CNC Inmaculada Gutiérrez Carrizo y la exconsejera de la CMT Inmaculada López Martínez. Ambas, técnicas comerciales del Estado, han sido nombradas consejeras jefes de las oficinas comerciales de España en Miami y Londres, respectivamente.

Al Ministerio de Fomento ha regresado Juan Miguel Sánchez García, que presidió el Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria, y ejerce ahora como asesor del Proyecto Tilos de Estructura Logística. Es funcionario de la Inspección de Transportes y antes había ocupado el cargo de director general de Ferrocarriles.

Xabier Ormaetxea, exconsejero de la CMT y antes parlamentario autonómico del PNV, ha vuelto al País Vasco. Allí es director-gerente de las sociedades públicas que gestionan polígonos industriales (Industrialdeak) y consejero delegado de Ibarzaharra, otra empresa pública, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizcaia y el Ayuntamiento de Sestao. Ormaetxea también interpuso un recurso ante el Supremo contra su cese.

La OCI no investigó a ninguno de estos altos directivos. Según explica el Tribunal de Cuentas, porque la oficina considera que no puede haber conflictos de Intereses debido a “la imparcialidad y objetividad con la que deben actuar los funcionarios”. El fin implícito de la norma, añade la OCI en sus alegaciones al tribunal, es “evitar el enriquecimiento del ex alto cargo en actividades privadas”, pero “no alude a la defensa del interés público, cuya gestión realiza la entidad afectada”, se excuda. 

Dos en la universidad, sólo uno en el nuevo superregulador

También hay quien regresó a la universidad, como el expresidente de la CNE Alberto Lafuente, catedrático de Marketing e Investigación de Mercados en la Universidad de Zaragoza. Según la información publicada en el Portal de Transparencia, Lafuente cobró una indemnización por su cese de 203.585,34 euros, distribuida en pagos mensuales de 8.762,54 euros entre 2013 y 2015. Tomás Gómez San Román, antes consejero de la CNE, ha retornado a su puesto como profesor de Electrotecnia en la Universidad Pontificia de Comillas.

Finalmente, sólo uno de los antiguos máximos directivos de los reguladores ha permanecido en la nueva CNMC: Ángel Chamorro Pérez. Era el presidente de la Comisión Nacional del Sector Postal. Después fue nombrado director de Transportes y Sector Postal del superregulador.

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