DESMANTELAMIENTO PÚBLICO

El Estado cede a auditoras privadas contratos millonarios para suplir su falta de medios

Las comunidades autónomas registran un déficit del 0,12% hasta febrero

La Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) declaró el 20 de septiembre de 2012 que carecía de “efectivos suficientes” para acometer el plan anual de auditorías, su trabajo. No era la primera vez que la IGSS publicaba en el BOE una declaración de “insuficiencia de medios”, requisito legalmente necesario para contratar con auditoras privadas esas tareas que le resulta imposible ejecutar con su plantilla y medios actuales.

Entre 2008 y 2012, gastó más de 2,7 millones de euros en contratar a auditoras privadas. Pero no es el único organismo en situación de “necesidad”. La Intervención General del Estado (IGAE), la entidad encargada de controlar todas las cuentas de la Administración pública, lleva desde 2004 publicando cada año su “insuficiencia de medios” antes de ceder a las auditoras privadas el cometido que tiene encomendado.

Según un informe del Colegio de Economistas Auditores, sólo el 8% de las entidades públicas están auditadas: el 65% de las estatales, el 29% de las autonómicas y apenas el 5% de las locales. El IGAE tiene una plantilla de 1.608 personas, de las cuales 1.424 son auditores, tanto del cuerpo superior (329) como del cuerpo técnico (1.095). Según denuncia CCOO, sólo en 2009 se suprimieron 319 puestos de trabajo de personal funcionario. Ese mismo año, de acuerdo con los datos recopilados por el sindicato, la IGAE pagaba 4,23 millones de euros a seis empresas privadas de auditoría por verificar las cuentas de organismos públicos: PriceWaterhousecoopers, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, ATD y Mazars.

5,6 millones en cuatro años

Desde 2010, la verificación de todas las subvenciones europeas recibidas por entidades públicas está en manos de auditoras privadas. Ese año, KPMG consiguió el encargo, a cambio de 1,5 millones de euros, de controlar hasta 2014 el dinero recibido tanto del Feder como del Fondo de Cohesión. Otros 330.419 euros se repartieron entre Ernst & Young, Pricewaterhousecoopers y una UTE de auditoras más pequeñas. Y ese año entró en vigor el Acuerdo Marco 139/09, por el que Hacienda seleccionó a 10 auditoras. Ellas serán las que supervisen los proyectos cofinanciados por la UE hasta 2014. El acuerdo tiene un importe de 5,46 millones de euros distribuidos en cuatro años. Además de tres UTE de auditoras más pequeñas, las ganadoras son las grandes firmas del sector: Ernst&Young, Deloitte, Grant Thornton, BDO, Pricewaterhousecoopers y KPMG.

Así que, en 2011, según consta en la web de la Plataforma de Contratación del Estado, Grant Thornton, Deloitte y Pricewaterhousecoopers fueron las adjudicatarias de tres contratos de auditoría por importe de 255.509 euros. Y en 2012 Grant Thorton y Pricewaterhousecoopers, de nuevo, se repartieron cuatro contratos para certificar las subvenciones europeas recibidas por la ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, la Fundación Escuela de Organización Industrial, el fondo pesquero FROM, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)… Un total de 195.371 euros. 

Ya este año, el pasado mes de junio, Grant Thornton consiguió tres contratos –negociados sin publicidad– para realizar 39 controles financieros de las partidas recibidas del Fondo Social Europeo, 11 controles del Fondo Europeo de Pesca y otros 12 del Programa de Cooperación Territorial sobre Fronteras Exteriores. El importe total es de 128.284,2 euros. Además, PriceWaterhousecoopers auditará los fondos que el Feder ha concedido al CDTI. El contrato vale 38.114,75 euros. Hasta aquí, todos son contratos basados en el Acuerdo Marco 139/09. Adicionalmente, KPMG verificará las cuentas de la Zona Franca de Cádiz por 66.115,7 euros.

Sin personal especializado en la Seguridad Social

Así pues, el volumen de contratación privada, al menos a tenor de lo que puede verse en la web de la plataforma, ha disminuido notablemente con la crisis. “No se recurre a las auditoras privadas porque no haya dinero; por el contrario, cuando más dinero hay, más se externalizan los trabajos”, asegura José Carlos Lázaro, responsable de la sección sindical de CCOO en el Ministerio de Economía y Hacienda. A su juicio, no se pretende solventar un problema económico, porque el coste de los trabajos externalizados está un 35% por encima de los realizados por el personal del IGAE.

En el caso de la Seguridad Social, este año la externalización se reduce a las “tareas de apoyo” de las auditorías que lleva a cabo la Intervención General, explica Ignacio Galán, secretario general de CCOO en el organismo. Es decir, la Seguridad Social contratará auxiliares administrativos para ayudar a los interventores, que son menos de 1.000 en toda España para controlar las cuentas de la Tesorería General, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Jurídico, el Inserso, la Gerencia de Informática…

En cambio, según constaba en una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria, entre 2008 y 2012 la IGSS necesitó 297 trabajadores suministrados por las auditoras privadas, para supervisar las cuentas de un total de 53 entidades. Y pagó 540.083 euros por contratar a 59 personas para que auditaran los sistemas de información de las mutuas. El motivo aducido: la Seguridad Social carece de personal informático especializado.

El “bocado” municipal

Claro que las administraciones públicas son todo un mundo en el que conviven muy distintas figuras jurídicas. Las empresas públicas, que son sociedades mercantiles aunque su propietario sea el Estado, están obligadas a recurrir a auditoras privadas para verificar sus cuentas. Por lo que respecta a las fundaciones, la IGAE es el encargado de supervisar las de mayor tamaño. Según la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), casi el 60% de estas auditorías las lleva a cabo la IGAE. El resto corre a cargo de auditoras privadas.

Mención aparte merecen los ayuntamientos, de los que sólo el 6% –y hay más de 8.000 en España– enseñan sus cuentas a controladores externos, públicos y privados. Los auditores intentaron introducir una enmienda en el proyecto de Ley de Transparencia para obligar a los municipios de más de 5.000 habitantes a someter sus libros a supervisión. No lo consiguieron. Emilio Álvarez, del Consejo General de los Colegios de Economistas, reconoce que los ayuntamientos constituyen un “bocado apetitoso” para las auditoras privadas. “Representan el 18% del PIB español”, apunta. Álvarez lamenta que se haya desaprovechado el proyecto de ley de la reforma local, recién aprobado en el Congreso, para introducir las auditorías obligatorias en la vida municipal: “Redundaría en una mayor transparencia”.

Tampoco el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas por excelencia, puede cumplir su papel con la eficacia deseable. Emilio Álvarez lamenta que revise los libros de “muy pocas entidades” y que, además, lo haga con mucho retraso, “más de cuatro años”. Concepción Galán, delegada del sindicato CSI-F en el organismo, no está de acuerdo. Dice que el Tribunal cada día trabaja más rápido, pese a que su plantilla, afectada como todas las públicas por la falta de reposición de las jubilaciones, se ha quedado en unos 800 trabajadores, 600 de ellos funcionarios.

“Momento ideal” para recurrir a las privadas

En cualquier caso, el Gobierno ve las privatizaciones con los mejores ojos. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, así se lo avanzó a los auditores en mayo de 2012 cuando les instó a aprovechar las “sinergias” para hacer un “uso más eficiente de los recursos públicos”: “La crisis hace de este momento el ideal para contar con los auditores externos a la hora de revisar las cuentas públicas”.

Por el contrario, el representante de CCOO en Hacienda desconfía de las auditoras privadas. José Carlos Lázaro teme por la confidencialidad de muchos de los datos a los que estas grandes empresas tienen acceso cuando revisan cuentas públicas. Además, el trabajo de los interventores implica el ejercicio de una autoridad pública, por un lado, y, por otro, requiere una gran especialización. En este punto coincide Emilio Álvarez. “Es un trabajo de una complejidad enorme, el más complejo, de hecho; sólo comparable al de auditar entidades financieras y de seguros”, destaca.

De manera que ya hay empresas privadas dedicadas exclusivamente al sector público. Como ATD, que se publicita en su página web como la “única firma de auditoría de ámbito nacional especializada en servicios enfocados a las administraciones”. Su presidente es Alejandro Martínez Gómez, que trabajó durante 24 años en el Tribunal de Cuentas.

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