Consumo

Facua reclama a la Junta que expulse de los órganos consultivos a la UCA por los cobros "en secreto" de grandes empresas

La parlamentaria de IU Inmaculada Nieto, durante su comparecencia de este miércoles en el Parlamento.

Á. M.

Facua ha exigido a la Junta de Andalucía la "inmediata expulsión" de la UCA del Registro de Asociaciones de Consumidores ante sus "gravísimas irregularidades". La reclamación se produce tras publicar infoLibre que la Unión de Consumidores de Andalucía difundió mensajes a favor de empresas como Telefónica y la tabaquera Altadis al mismo tiempo que las tenía como clientes a través de Ediuca, una sociedad de la que la organización de consumidores es propietaria. "Empresas como Movistar, Altadis y Caixabank han pagado en secreto durante años a una sociedad administrada por la organización que preside Juan Moreno", afirma Facua en un comunicado difundido esta mañana.

"Los ingresos se produjeron mientras la UCA acumulaba deudas, que hoy suman cientos de miles de euros con trabajadores, proveedores, Hacienda, la Seguridad Social y la Junta, a la que adeuda desde hace años el reintegro de decenas de miles de euros en subvenciones por irregularidades en su justificación", denuncia Facua. Esta organización pretende que la UCA salga del Registro de Asociaciones de Consumidores. Ahora mismo la UCA, en una situación económica y socialmente delicada, mantiene todavía cierto estatus institucional, como publicita en su propia web. Forma parte del Consejo Económico y Social de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo, del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, del Consejo Andaluz de Comercio, del Consejo Andaluz de Turismo y del Consejo Andaluz de Deportes. Esto la convierte en una interlocutora de alto nivel en la definición de políticas públicas en Andalucía.

"Inflada a base de subvenciones"

Facua asegura en su comunicado que "durante décadas, la UCA ha sido una organización protegida por el Gobierno andaluz, que [...] la infló a base de subvenciones reconociéndole una representatividad que nunca tuvo". Entre 2007 y 2013, cuando la Junta le cortó las subvenciones, recibió casi 2,5 millones de euros. "En 2007, 2008 y 2010 llegó a ser la organización que recibió más dinero público", señala Facua, que recuerda que Juan Moreno "fue secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía a comienzos de los 90". Facua pone el foco en la Junta. "En agosto de 2016 y abril de 2017 presentamos dos denuncias contra la UCA por otras irregularidades. La Dirección General de Consumo [de la Consejería de Salud] no da respuesta. Reclamamos al Gobierno andaluz que deje de consentir las graves irregularidades de una entidad que ni siquiera cumple los requisitos para estar inscrita en el registro autonómico de asociaciones de consumidores", señala Facua.

La organización detalla que "la legislación prohíbe que las organizaciones de usuarios reciban dinero de empresas sin el conocimiento y supervisión de la Administración". Y añade: "Dinero que en cualquier caso no puede condicionar la independencia de estas entidades, provocando por ejemplo acciones de publicidad encubierta. Además, si una asociación de consumidores constituye o participa en una empresa, ésta tiene que entregar cada año sus cuentas a la autoridad competente en materia de consumo". Ante las "graves irregularidades" detectadas, señala Facua, la Junta debe "expulsar" a la UCA del registro autonómico.

La expulsión implicaría también su salida de los órganos consultivos del Gobierno andaluz en los que representa a los usuarios, como el Consejo Económico y Social de Andalucía y los consejos de Consumo, Comercio, Turismo, Deportes y Consumidores. "Pese a que varias encuestas confirman que se trata de una entidad cuya existencia desconoce la inmensa mayoría de los andaluces, la UCA se ha presentado públicamente durante muchos años como la asociación de consumidores más representativa de la comunidad autónoma con el objeto de que la Junta le otorgara más subvenciones", denuncia Facua.

IU pide una reacción a la Junta

El posible conflicto de intereses de la UCA, que a través de una sociedad tenía como clientes a grandes empresas sobre las que difundía mensajes favorables, también alcanzó este miércoles protagonismo político. La parlamentaria de IU Inmaculada Nieto denunció la existencia de una "connivencia" entre la UCA y grandes empresas "para influir en la opinión" de los consumidores "a cambio de dinero".

IU anunció una pregunta de máxima actualidad a la consejera de de Salud, Marina Álvarez, para el pleno de la próxima semana. "Queremos que explique qué va a hacer la Junta con una asociación que es interlocutora válida y qué decisión va a adoptar con respecto a las subvenciones que esta entidad pueda recibir. Nos parece grave y escandaloso que una organización que se debe a la defensa de los derechos de las personas consumidoras se vea enredada en asunto tan turbio. Ha aceptado dinero por defender a empresas cuyos desmanes tendría que denunciar", concluyó Nieto.

Juan Moreno (UCA): Es una "guerra sucia"

El presidente de la UCA, Juan Moreno, atribuyó la publicación de la información en infoLibre a una "guerra sucia" contra su organización. "Hay un especial interés de algunos por eliminar a la competencia en el ámbito asociativo de Andalucía", declaró Moreno a Europa Press, sin hacer referencia explícita a Facua, que lleva años denunciando irregularidades por parte de la UCA. Al igual que en conversación con este medio antes de la publicación de la información, Moreno no negó los cobros a través de Ediuca, ni la difusión en paralelo de los mensajes sobre Telefónica y Altadis que ensalzaban sus ventajas y méritos, aunque a su juicio tales mensajes no constituyen "trato de favor". Afirmó tener "la conciencia tranquila" porque sus mensajes favorables a Telefónica y Altadis no eran "publicidad". 

"Con Altadis hemos colaborado en la lucha contra el contrabando ilegal de tabaco, no hemos hecho ninguna publicidad. Nosotros nos hemos limitado a decir al consumidor que tenga precaución en comprar tabaco de contrabando porque en Andalucía hay peligro por la gran existencia de puntos de venta ilegales, y ahí nos hemos quedado", dijo Moreno, que afirmó que sus informes sobre telefonía se basan en datos oficiales, si bien también presentó estudios de otras organizaciones civiles. 

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