Los recortes a las renovables

La falta de avales técnicos al parón decretado por Industria favorece las demandas contra España

Los productores de energías renovables denuncian la sumisión del Gobierno a los intereses de las eléctricas

Los bufetes de abogados Allen & Overy, Cuatrecasas y Clifford Chance están de enhorabuena. Estas firmas son las más destacadas en la decena de pleitos abiertos contra España en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) por los recortes de primas aplicados a las instalaciones de energías renovables en los últimos años y el MInisterio de Industria acaba de proporcionarles munición de grueso calibre. munición de grueso calibre.

Industria ha tenido que admitir por la vía de los hechos y a regañadientes -por reclamación de documentos del Tribunal Supremo-  que los recortes de 3.000 millones aplicados al sector carecían de respaldo técnico externo. De los dos informes que supuestamente apoyaban el empleo de la tijera, uno de la firma Roland Berger y otro de Boston Consulting, el primero fue entregado cuatro meses después de que se aplicaran los recortes y el segundo no llegó a puerto porque el contrato fue rescindido.

Aunque el Ministerio de Industria argumenta que los recortes de primas se decidieron teniendo en cuenta los trabajos realizados durante 11 meses por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y que los informes externos no eran vinculantes, el descubrimiento de los errores es maná para los demandantes que acusan a España y a su Gobierno de aplicar medidas con carácter retroactivo y de no respetar la seguridad jurídica.

Los hermanos Nadal

El IDAE depende de la secretaría de Estado de Energía que dirige Alberto Nadal. El sector de renovables atribuye a éste el diseño de las medidas que han paralizado el sector. Pero con el impulso, desde La Moncloa, del director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, su hermano gemelo Álvaro.

El ex director del IDAE, Javier García Breva, considera el caso de los informes "fantasma" de Industria, la prueba de que "el Gobierno ha desmantelado los órganos supervisores, que no han participado en la arbitrariedad cometida en forma de puro invento por el Ministerio de Industria".

Aunque ahora Industria trata de quitar importancia a los informes que encargó y que han costado más de medio millón de euros, las asociaciones de afectados por los recortes tienen fácil criticar al equipo del ministro José Manuel Soria. Les basta con leer las bases de la licitación a la que acudieron Roland Berger y Boston Consulting. En esas bases se justificaba la contratación de informes externos por la "extraordinaria y urgente necesidad" del caso.

Como un maná

La polémica es maná caído del cielo para la decena de reclamaciones planteadas en el CiadiCiadi. Allí han acudido las alemanas Steag y RWE, además de Infrared, Masdar, Eiser, Antin, RREEF, Renergy y Nextera. RWE ha demandado en solitario y aliada con otro grupo de compañías, del que forman parte las firmas alemanas Stadtwerke München, Innogy, RheinEnergie, AS 3 Beteiligungs, Ferrostaal Industrial Projects, Ferranda, Andasol Fonds GmbH & Co. KG, Andasol 3 Kraftwerks y la española Marquesado Solar.

El argumento común de todas es que el Gobierno cambió las normas con efectos retroactivos, lo que supone un quebranto para las empresas. La ausencia de informes técnicos externos" asegura Jorge Morales de Labra (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético) supone que "no hay garantía de equidad técnica entre los afectados".

Con ese argumento de falta de que equidad, los pleitos en el Banco Mundial pintan muy mal para el Gobierno español, según coinciden las fuentes consultadas. Otra cosa distinta es lo que sucede con la batalla legal abierta en España. El Tribunal Supremo avaló en enero de 2014 los recortes a las primas del sector fotovoltaico aplicadas entre 2011 y 2013.

Aval a los recortes

La sentencia del Supremo sostiene que los titulares de las instalaciones fotovoltaicas "no tienen un derecho inmodificable a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones", toda una carga de profundidad contra las reclamaciones. Pese a todo, la batalla sigue.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) está a la espera de que la Sala Tercera del Supremo se pronuncie sobre la demanda planteada por la organización. Su secretario general, Juan Castro-Gil, confía en que el Alto Tribunal acepte los argumentos planteados en más de 100 páginas, a las que acompañan estudios periciales. Uno de ellos, ha sido elaborado por el expresidente de red Eléctrica, ex consejero de la CNE y actual presidente de Economistas Frente a la Crisis, Jorge Fabra.

La pelea también se libra en Europa. El bufete de abogados Holtrop dirige la estrategia que trata de llevar los recortes al Tribunal de Justicia de la UE. Hay al menos cuatro denuncias presentadas desde el año 2012 que tienen como horizonte el Tribunal de la UE. Estos han sido sus principales movimientos:

Denuncia 1: vulneración de la Directiva de Renovables 2009/28, por los recortes, y en especial el RDL 14/2010, el RD 1565/2010. La denuncia argumenta que se vulnera el principio de no discriminación y la confianza legítima, y que se está poniendo en riesgo el cumplimiento del objetivo del 20 % de renovables en 2020. Esta denuncia fue presentada en diciembre de 2012. La Comisión Europea ha pedido más información.

Denuncia 2: por vulnerar la normativa fiscal europea y el principio de confianza legítima a causa del impuesto eléctrico del 7% a la generación, aprobado por la Ley 15/2012. Esta denuncia es la que está más avanzada. La Comisión ha abierto un procedimiento de información contra España.

Denuncia 3: por vulnerar la tutela judicial efectiva. La denuncia esgrime dos argumentos. Los perjudicados por los recortes (RDL 14/2010) no puede recurrir la norma hasta que se concrete su aplicación. El problema es que las liquidaciones (las cuentas definitivas del recorte) no están listas. los presuntos perjudicados no pueden recurrir. Además, sostiene el denunciante los tribunales nacionales se niegan sistemáticamente a elevar cuestiones prejudiciales en materia de renovables al Tribunal Europeo.

La Denuncia 4 detalla la presunta vulneración de la normativa de competencia y mercado interior, por razones como la falta de separación efectiva de las empresas de UNESA (la asociación patronal eléctrica) en los distintos segmentos del mercado eléctrico, y por abuso de posición dominante.

Además de las denuncias en marcha, el Parlamento Europeo ha admitido a trámite una petición para examinar las causas del retraso en la regulación del autoconsumo de electricidad en España mientras que cinco asociaciones –Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, APPA, UNEF, AEOLICAN y ACER– han enviado una carta al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Hans Timmermans, para pedir una reunión y tratar la vulneración del derecho de tutela judicial efectiva que en su opinión soportan las renovables en España.

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