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Huelgas de inquilinos o cómo protestar contra el decreto de alquiler del Gobierno

Imagen de archivo de varias viviendas.

El real decreto para el alquiler que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre no sentó nada bien a los sindicatos de inquilinos. El Gobierno se quedó, a su parecer, muy corto. Lo consideran insuficiente para poner coto a la escalada de los precios —prolongada ya durante 41 meses seguidos—, que ha provocado que el 65% de los desahucios se produzcan por impagos de las cuotas de arrendamiento. Y han propuesto combatir el decreto con acciones más directas. Una de ellas, la huelga de inquilinos

Así lo decidieron el Sindicato de Inquilinas de Madrid y el Sindicat de Llogaters de Barcelona después de haber tenido una reunión muy poco fructífera con el Ministerio de Fomento. Lo dejaron claro en un comunicado publicado este martes: regulación de precios o huelgas de alquiler. La explicación está clara: el Ejecutivo había decidido dejar fuera las líneas rojas que, para las organizaciones, eran indispensables para luchar contra la burbuja. Consideran, además, que el Gobierno ha faltado a su palabra y a su firma. Hace poco más de dos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firmaron en la Moncloa el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019. En él, el Ejecutivo se comprometía a "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas". Pero el texto del real decreto no incluye dicha medida.

El decreto sólo aborda las medidas "más urgentes", las demás "tendrán la oportunidad de poder cumplirse en el trámite presupuestario". Esa fue la explicación del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Pero no convenció ni a los inquilinos ni a Unidos Podemos, su socio de Gobierno, que amenaza desde ese día con no apoyar la ratificación del decreto en el Congreso si no se incluyen medidas como la elaboración por parte de los ayuntamientos de índices de precios para el alquiler. "Si no rectifican, votaremos en contra", anunció Iglesias. Además, no están solos. Tal y como especificó el Sindicat de Llogaters, también tienen el apoyo de EH Bildu, ERC y PDeCAT. Todos, en bloque, tumbarían el trámite parlamentario de los socialistas, si también votan en contra como es previsible PP y Ciudadanos. 

Por eso, desde Unidos Podemos ven "plausible" la huelga, tal y como explica a infoLibre Lucía Martín, diputada y coportavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados —y quien lideró las negociaciones con el Gobierno en materia de vivienda—. "Van a conseguir muchos apoyos si la plantean", aseguró.

¿Qué es una huelga de inquilinos?

El término podría parecer nuevo, pero no lo es. Barcelona llevó a cabo una huelga de alquileres en el año 1931, y en ella participaron casi la mitad de los inquilinos, según explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters. Consistió, básicamente, en que los ciudadanos dejaban de pagar su cuota de arrendamiento para, de este modo, presionar a los propietarios a negociar las subidas de los precios. 

Esto es, precisamente, lo que pretenden hacer ahora los sindicatos. Primero, indica Palomera, en Barcelona. Allí ya hay cinco bloques que amenazan con llevar la protesta a término. Todos ellos son propiedad de Promociones Lladero, empresa tras la cual se sitúa Goldman Sachs —uno de los bancos estadounidenses causantes de la crisis económica mundial—, afirma Palomera. Todos los vecinos de cada uno de estos bloques han visto cómo el propietario les ha subido la cuota un 70%. Algunos no pueden pagarlo y otros, directamente, se niegan. "Es una situación de asfixia", denuncia el portavoz. 

Ya han fijado la hoja de ruta. El 31 de diciembre, cuando finalicen los contratos, no se moverán de las viviendas y, además, seguirán pagando, pero la cantidad que tenían pactada con anterioridad, es decir, sin la subida. Quieren hacerlo para que quede acreditada la buena fe de todos y cada uno de los inquilinos, que quieren negociar, no dejar de pagar. Lo han comunicado a la empresa propietaria, a la que han dado un plazo de un mes para negociar los precios de renovación de los contratos. Si aun así no reaccionan, comenzarán "a caminar hacia la huelga" y dejarán de pagar las cuotas. 

La advertencia a Fomento

Este es el espejo en el que, indica Palomera, podrían mirarse otros bloques de inquilinos. Al menos, esa es la advertencia que lanzaron al Ministerio de Fomento después de una reunión de dos horas y media "bastante tensa". O regulación de precios o huelgas de alquiler, y lo primero no parece ser una opción para la cartera que dirige Ábalos. 

"No llegamos a entendernos. Ellos decían que la limitación de los precios podría incluirse en el proceso de enmiendas del texto pero en ningún momento nos dieron ninguna garantía. Ni un calendario, ni una hoja de ruta. Nada", critica Palomera. Tras eso, llegó el ultimátum. "Les informamos de que si no regulaban los precios empezaríamos a trabajar para que hubiera huelgas en los bloques que ya están en lucha y les responsabilizaríamos de ellas", explica. 

Se plantearían, de este modo, en los mismos términos en los que ya se ha hecho en la ciudad de Barcelona. La huelga de alquileres se llevaría a cabo por bloques propiedad de una misma empresa como, por ejemplo, Goldman Sachs. "No hablamos de huelga de alquileres porque ese concepto apunta a la unidad de todos los inquilinos", afirma. "Eso está en el horizonte", continúa Palomera, "pero de momento valoramos la posibilidad de llevar a cabo estas protestas en el caso de grandes fondos buitre" y de propietarios con varios pisos en alquiler donde los inquilinos sufren el mismo problema de la subida de precios. 

"La burbuja del alquiler que nos asfixia no admite ni parches ni cierres en falso. Los tres millones y medio de hogares que vivimos de alquiler no vamos a esperar más: emplazamos al Gobierno a realizar una propuesta valiente en forma de nuevo real decreto que aborde las necesidades acuciantes de la ciudadanía en el período de 30 días. No hay medias tintas: o están del lado de la ciudadanía o de los fondos buitre. Regulación de precios o huelgas de alquiler", emplazó el sindicato. 

¿Podría suponer algún peligro para los inquilinos que la secunden?

Según Palomera, "la propiedad no tiene la fuerza suficiente para empezar a expulsar a centenares de vecinos". Ese, precisamente, es el riesgo que supone llevar a cabo una huelga de este tipo. Tal y como explica el experto en conversación telefónica con este periódico, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que aprobó el PP en el año 2013 incluye un artículo que no ha sido modificado y que especifica que, con una sola cuota impagada, el propietario podrá interponer una denuncia e iniciar, así, el procedimiento de desahucio

"Para nosotros, eso es una declaración de guerra. Siempre intentamos negociar, pero así escalan el conflicto y nosotros comenzaremos a hacer lo mismo", afirma. Esa es su estrategia: continuar la lucha. Primero, por la vía legal y, si no funciona, buscando otros métodos. Saben que funcionan, dice, porque lo han comprobado. Cuando los inquilinos permanecen en la vivienda, al final llega un momento en el que los propietarios se sientan a negociar. Y si no, el día del alzamiento, las concentraciones acaban parando los desahucios. "Hasta ahora, hemos ganado todas las batallas", defiende. 

"Parece un tópico, pero al final se cumple la lógica de que la unión hace la fuerza", insiste. "Nos defendemos y autoprotegemos. Es la única manera de responder ante estos ataques, y hasta ahora nos ha funcionado", sentencia. 

Coincide con él Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La huelga de alquiler, dice, puede provocar una situación de riesgo por el peligro a ser desahuciado, "pero si hay un seguimiento masivo, los grandes tenedores, que son contra quienes se dirigen este tipo de protestas, se lo acaban pensando". Explica que desde la organización no tenían conocimiento de la propuesta de la huelga, pero Morote no duda de que, si se lleva adelante, la apoyarán. "Entendemos los motivos de los sindicatos: hay una falta de voluntad por parte del Gobierno para movilizar la vivienda vacía, que abarataría los precios, y permitir la elaboración de índices de referencia", denuncia. 

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