LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO

La Junta de Andalucía mantiene bajo mínimos y en precario la orientación laboral a los parados

Orientación laboral en Andalucía: entre la precariedad, la inoperancia y la batalla judicial

El 10 de febrero de 2012 el Gobierno aprobó la reforma laboral que el ministro Luis de Guindos describió como “extremadamente agresiva”. Sólo tres meses más tarde, suprimía el programa, y la partida presupuestaria, con que las comunidades autónomas pagaban los sueldos de 3.000 orientadores y promotores laborales. Los servicios públicos de empleo cerraron ese año con 4,84 millones de parados en sus registros, tras apuntarse 426.364 personas. Medida con la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de paro creció del 22,85% al 26,02% en 12 meses.

El caso de los orientadores laborales ilustra bien cómo se ha gestionado la crisis económica en España. En el peor momento de la recesión, con el paro alcanzando cifras que batían récords en Europa, el Gobierno recortó las políticas activas de empleo –los fondos para formar y recualificar a los parados– en 1.557 millones de euros, un 21,2%. También dejó en situación precaria al propio Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) reduciendo a la mitad las partidas destinadas a su “modernización”. Así, mientras cada funcionario del SEPE atiende a unos 200 desempleados, en el resto de Europa sus equivalentes no se ocupan de más de 50.

Pero el periplo de los orientadores y promotores de empleo durante los últimos cuatro años también es revelador de la inseguridad jurídica en que el despido puede sumir a muchos trabajadores, incluidos los empleados públicos. Y de la precariedad e ineficacia en que se mueve la orientación laboral, un servicio que debería considerarse esencial cuando las cifras de parados son históricas, y las de parados de larga y muy larga duración, alarmantes.

Al suprimir el Gobierno de Mariano Rajoy la financiación, la mayoría de las comunidades autónomas despidieron a sus promotores y orientadores laborales. Algunas, como la Comunidad Valenciana y Cataluña, prorrogaron a cargo de sus propios presupuestos sólo a una parte de ellos. No tuvieron tanta suerte los gallegos ni los castellanomanchegos. El Gobierno de Castilla y León utilizó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 60 de sus 114 orientadores. Y Andalucía se deshizo de los 413 con que contaba rescindiendo sus contratos por obra y servicio, un tipo de contrato temporal. En ambas comunidades autónomas, los despedidos acudieron a los tribunales. Pasaron de buscar empleo a los parados a pelear por sus propios puestos de trabajo contra la Administración. En Castilla y León fue declarado nulo el despido colectivo y al menos 46 fueron reincorporados a sus puestos. En Andalucía, la batalla judicial ha sido más dura y aún no ha terminado.

Más de 40 sentencias a favor en el Supremo

Los promotores de empleo andaluces han acumulado estos años más de 40 sentencias del Tribunal Supremo que declaran improcedentes los despidos. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía multiplican la cifra anterior y son más diversas: hay declaraciones de nulidad, de improcedencia y también a favor de la Junta. En resumen, algunos de los promotores de empleo han sido readmitidos en sus puestos de trabajo, otros definitivamente despedidos y un buen número sigue a la espera de que los jueces decidan.

La Consejería de Empleo andaluza ordenó el pasado marzo al gabinete jurídico de la Junta que desistiera de recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias que le fueran adversas. Sin embargo, los letrados de la Administración autonómica siguen acudiendo en casación ante el Alto Tribunal. Los promotores con los que ha hablado este periódico esgrimen como ejemplo un recurso interpuesto el pasado 29 de septiembre, seis meses después de la orden firmada por el responsable de la consejería.

Los argumentos de los tribunales para declarar en fraude de ley el despido de los promotores laborales son sustancialmente los mismos. En los contratos que firmaron no se detalla cuál es su objeto, una condición que la ley exige para los contratos temporales –si no existe una causa que justifique ese contrato, entonces es indefinido–. Además, la “obra y servicio” para los que se firmaron esos contratos carecían de “autonomía y sustantividad”, puesto que los promotores nunca llegaron a realizar su trabajo de orientación laboral de los parados; debido a la escasez de personal en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se limitaron a cumplir las labores administrativas habituales del resto de los funcionarios. Finalmente, las sentencias que anulaban los despidos reprochaban a la Junta de Andalucía que no hubiera presentado lo que antes se conocía como Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ahora es un “despido colectivo”.

Por su parte, la Consejería de Economía y Empleo asegura a infoLibre que se limita a cumplir las sentencias de los tribunales según éstos las van dictando, y de acuerdo con sus limitaciones presupuestarias. Y dice desconocer a cuántos trabajadores ha tenido que readmitir y cuántas sentencias han sido recurridas o están aún pendientes.

Subvenciones a orientadores externos

La historia de la orientación para el empleo en Andalucía, la comunidad autónoma con más paro de España, es llamativa por su dispersión, conflictividad e inoperancia. Mientras los promotores laborales pagados a cargo de los Presupuestos del Estado lidiaban en los juzgados por sus empleos, los profesionales de Andalucía Orienta peleaban por sus nóminas. A través de este programa, creado en 2003, la Junta subvenciona a todo tipo de entidades, desde fundaciones y agencias de colocación hasta ayuntamientos, para que presten orientación laboral a los 1,28 millones de parados andaluces. Pero les ingresa “un 25% o un 50% de la subvención comprometida, a las menos el 75% y a algunas, nada”, según denuncia la Asociación de Profesionales Andaluces de Orientación (APAO). Y se retrasa en los pagos, lo que se traduce, a su vez, en demoras en el abono de las nóminas a los orientadores, más de un millar en toda la red andaluza.

El caso de la Fundación Sócrates, una agencia de colocación, fue aún más grave: sus 14 orientadores, repartidos entre Cádiz y Huelva, no cobraron ni un solo sueldo en los seis meses que duró la última convocatoria del programa. Aun así, siguieron asesorando a un millar de demandantes de empleo, “más de 7.000 horas de atención directa”, aseguran.

Además, el programa cada vez es más exiguo. Hasta 2012, se pro-longaba durante 12 meses. Después se rebajaron a nueve y el último fue sólo de seis. Terminó el pasado 28 de julio y desde entonces, las unidades de orientación gestionadas por entidades colaboradoras se encuentran cerradas. Sólo siguen funcionando las unidades internas, 64 en toda la co-munidad, que gestiona el propio SAE. Las externas suman 261. Así, la APAO denuncia que se han quedado “congelados” unos 200.000 expedientes, uno por cada desempleado cuyo proceso “personalizado y continuado” de atención no pudo cerrarse antes de ese 28 de julio.

Cabe recordar que Andalucía tiene una tasa de paro del 31,73%, la más elevada de todas las comunidades autónomas y 10,6 puntos por encima de la media nacional.

800 agentes locales despedidos

También se dedican a la orientación laboral  en Andalucía los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE), casi 800 trabajadores de las ya desaparecidas Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico. En lugar de integrarlos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como ordenaba la ley, se les sometió a un despido colectivo también en 2012. Al igual que los promotores de empleo, han estado lidiando en los tribunales durante años, hasta que el Tribunal Supremo, también a ellos, les ha dado la razón. Pese a que la Junta debería haber readmitido ya a 600 de esos promotores locales de empleo con sentencias ganadas, aún no lo ha hecho por culpa de las restricciones presupuestarias, según alega.

Andalucía es la comunidad que más dinero perdió en 2014 de los fondos para políticas activas de empleo que reparte el Ministerio de Empleo. En concreto, 233 millones de euros, que el departamento de Fátima Báñez le descontó de la partida para este ejercicio por no haber ejecutado o justificado debidamente lo gastado el año anterior. Sólo ha recibido 37 millones, la misma cantidad que Asturias, por ejemplo. Sólo que Asturias tiene 79.500 parados, el 16,97% de su población activa, mientras que Andalucía multiplica por 16 esa cifra. La Consejería de Economía y Empleo explica que la Junta devolvió al Gobierno central las partidas que no pudieron ejecutarse por la investigación judicial del fraude en los cursos de formación. Las subvenciones, asegura, volverán a concederse en 2016.

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