Crisis empresariales

La quiebra de autopistas y renovables abre brechas en el Gobierno

El Gobierno planea subir el límite de velocidad en autovías y autopistas.

El derrumbe de negocios que un día fueron rentables y hoy son una ruina provoca quejas y peticiones de auxilio al Gobierno un día sí y otro también. Hay dos casos en ebullición: el de las autopistas de pago que han acabado en concurso de acreedores y el de las plantas fotovoltaicas a las que se han reducido las primas y las horas de funcionamiento. El dinero en juego es mucho. Las autopistas y radiales en problemas arrastran una deuda de 3.500 millones y los huertos solares tienen créditos bancarios por importe de 20.000  millones.

El Gobierno baraja fórmulas para suavizar el desplome en ambos casos. Pero no todos los ministerios implicados (Fomento, Industria, Economía y Hacienda) manejan las mismas ideas. Hacienda, en el caso de las autopistas y Economía, en el caso de los huertos solares, no quieren que el posible apoyo se traduzca en un aumento del déficit público.

Economía no quiere ni oir hablar de que el llamado "banco malo" (Sareb) asuma la propiedad de huertos solares. Esta posibilidad la ha manejado Industria para liberar de sus deudas (a cambio de no pagar las primas comprometidas) a miles de inversores que tienen dificultades para devolver los créditos bancarios con los que invirtieron en lo que parecía un buen negocio. Por otro lado, Hacienda vigila de cerca las negociaciones de Fomento con bancos y constructoras para que una hipotética nacionalización encubierta de vías con pérdidas no engorde el déficit.

"Para asumir plantas fotovoltaicas en problemas, Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración bancaria), dependiente de Economía, tendría que aumentar su capital y modificar su equipo de gestión. No encaja. No es nuestra función". El portavoz de Sareb se muestra así de rotundo al rechazar la posibilidad de que la entidad asuma la difícil situación por la que atraviesan 55.000 plantas de energía fotovoltaica, ahogadas por el parón de primas decidido por los sucesivos Gobiernos desde el año 2010.

Miguel ángel Martínez-Aroca, presidente Anpier, una de la asociaciones del sector de las renovables fue el primero que alertó de los  planes en Industria del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para traspasar huertos solares a Sareb. Para Anpier, el sector fotovoltaico sufre lisa y llanamente "una estafa" que afecta  a decenas de miles de inversores y al menos 15 grandes fondos de inversión.

El asunto ha llegado a Europa. La Plataforna por un Nuevo Modelo Energético ha informado a la Comisión Europea de los planes manejados por Industria y del hecho de que en el banco malo, Sareb, participe una gran eléctrica, Iberdrola y en su consejo esté presente un ex presidente (Rodolfo Martín Villa) de otra gran eléctrica, la italiana Endesa.

En general, ni el ministro de Economía, Luis de Guindos, ni el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sienten muy de cerca la lupa europea, quieren operaciones de salvamento que puedan agravar los desequilibrios de las cuentas públicas, en especial, cuando es capital negociar más tiempo para alcanzar los límites de déficit impuestos por Bruselas (4,5% este año).

Por eso Montoro está muy pendiente de las negociaciones que el Ministerio de Fomento lleva a cabo con constructoras y bancos para arreglar el desaguisado de las radiales y autopistas, estranguladas por la caída de actividad y tráfico, y aplastadas por una deuda superior a los 3.500 millones de euros.

Diferentes apuestas

"Hay diferentes apuestas" sostiene el responsable de una de las concesionarias implicadas en la negociación de Fomento. "Por un lado están los políticos" asegura en referencia al secretario de Estado de Infraestructuras Rafael Catalá y por otro "los que saben del sector, los funcionarios" asegura.

Los políticos serían, sostienen en las empresas, los encargados de buscar las fórmulas de nacionalización encubierta de las autopistas quebradas sin activar la responsabilidad patrimonial del Estado y, por lo tanto, sin elevar la cifra de déficit público (6,98% del PIB en 2012 y 10,6% si se tienen en cuenta las ayudas prestadas a la banca).

El plan "de los políticos" pasaría por agrupar en una sociedad pública las vías con problemas, entre ellas las radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo.

El asunto preocupa en Hacienda, según desveló el presidente de la patronal de autopistas Aseta, José Luis Feito. El también presidente de la Comisión de Economía de la patronal CEOE desveló recientemente que Montoro es el que ha planteado dar una solución "definitiva" al tema de las autopistas con un esquema que inquieta a las concesionarias ya sus accionistas, las empresas constructoras.  Éstas quieren compensaciones por renunciar a lo que se suponía que iba a ser un negocio atractivo y que ha acabado, temporalmente al menos, en una ruina de 3.500 millones.

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