recortes a las renovables

El sector fotovoltaico lleva a la Audiencia Nacional la contratación “a dedo” de consultoras por Industria

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspendió el día 20 de noviembre la contratación por el IDAE (Ministerio de Industria) de las consultoras Boston Consulting Group y Roland Berger Strategy Consultants para supervisar y asesorar el recorte de primas al sector de las renovables a partir de enero. Apenas una semana después, en una decisión que ha sorprendido por su rapidez, el tribunal ha cambiado de opinión y ha levantado la suspensión. Su argumento: "no es posible recurrir la licitación como conjunto de actos sin identificar el acto concreto que está viciado y el vicio que se imputa".

La asociación de productores de energía fotovoltaica Anpier había recurrido la contratación de las consultoras por un millón de euros al entender el IDAE la había realizado "a dedo" y sin publicidad. Ha anunciado que recurrirá la decisión del tribunal ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional.

Fuentes jurídicas de la asociación señalan que el recurso tiene muchas posibilidades de prosperar si la Audiencia mantiene los argumentos que sirvieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con jurisprudencia del Tribunal Supremo, para paralizar la privatización de hospitales en Madrid el 11 de septiembre.

Los argumentos fundamentales del recurso ante la Audienca Nacional de Anpier son que la suspensión del contrato con las consultoras no perjudica al contratador (el IDAE) en el desarrollo de su labor normativa y que el perjuicio, en todo caso, sería para los recurrentes ya que la Administración (Industria-IDAE) va a ser asesorada por los entes cuya vinculación contractual está bajo sospecha.

Con un notario

Hasta llegar a la suspensión del procedimiento de contratación, ahora levantado, los productores fotovoltaicos siguieron un concienzudo guión. Primero, Anpier pidó al IDAE una copia del expediente. No la consiguió. Ante la falta de respuesta, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se personó junto a un notario en el IDAE para solicitar una copia del expediente de licitación. Al no obtener respuesta, solicitó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anulase el procedimiento de contratación.

El pulso es importante porque la suspensión de los contratos de Boston Consulting y Roland Berger podía afectar al recorte de 1.500 millones previsto a partir del 1 de enero para las primas que cobran las instalaciones de renovables.recorte Industria considera fundamental ese recorte para cuadrar las cuentas del sector eléctrico y contener la bola del déficit de tarifa, que supera los 26.000 millones de euros. Es una carrera contra el reloj.

Tras el levatamiento de la suspensión, Anpier hizo público un comunicado para resaltar la "sorprendente inmediatez" y el "tiempo récord" con los que se ha pronunciado el tribunal, además de anunciar que recurrirá inmediatamente la decisión ante la Audiencia Nacional.

Los productores resaltan que el tribunal "ahora, no considera a Anpier legitimada para presentar el recurso, pues no acredita que dicha licitación le vaya a causar algún perjuicio directo a sus asociados". Pero hace tan solo unos días "esta misma instancia acordaba la suspensión cautelar de la licitación por los perjuicios irreparables que la misma podría acarrearles a los recurrentes".

Miles de afectados

Pero mientras los tribunales resuelven, miles de afectados (60.000 sólo en el sector fotovoltaico) viven el día a día con angustia. Jorge Morales de Labra (Plataforma por un Nuevo Modelo Energético), ingeniero y empresario de renovables, explica gráficamente la complicación para el sector. "Hasta que se apruebe el nuevo marco, las empresas seguirán cobrando lo estipulado en la legislación anterior". Desde julio, cuando se probó la reforma eléctrica, esa cantidad asciende a unos 5.000 millones de euros.

"Son cobros a cuenta", explica Morales. Eso significa que las empresas lo ingresan en caja pero no pueden considerarlo ingreso a efectos contables, con todo lo que ello conlleva. "Se alarga la situación de provisionalidad que vive el sector" asegura.

La agitación en el sector multiplica los recursos de afectados y también de las comunidades autónomas, que consideran invadidas sus competencias. Esta misma semana, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Extremadura contra el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sistema financiero.

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