Energía nuclear

El Tribunal de Cuentas denuncia que parte de los costes nucleares se trasladan a generaciones futuras

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El sistema de financiación diseñado para que las empresas propietarias de instalaciones nucleares financien la gestión de la basura nuclear que producen no funciona. Durante 2010 y 2011, el fondo de financiación acumuló un saldo de 3.228 millones de las tasas pagadas por las empresas. Pero el sistema falla. El Tribunal de Cuentas sostiene en el informe que analiza la gestión de residuos nucleares de la empresa pública Enresa que se van a cargar sobre los bolsillos de generaciones futuras buena parte del coste de gestión de los residuos. El Tribunal destaca que esa circunstancia es contraria a la normativa comunitaria y a la legislación nacional de protección del medio ambiente.

Desde 2010, la gestión de la basura nuclear, incluido el combustible nuclear gastado y el desmantelamiento y cierre de las instalaciones nucleares es competencia del Estado, que se encarga de ello a través de la empresa pública Enresa. Desde 2010, el dinero para gestionar los residuos sale de las empresas del sector. El problema es que no es suficiente.

Cambio en 2010

En el lenguaje admistrativo, frío y formal que emplea el Tribunal de Cuentas, el cambio que se realizó en 2010 para cargar a los bolsillos de las empresas que se benefician del negocio nuclear el coste de gestionar los residuos "no garantizaría, como requiere la normativa comunitaria y la legislación nacional de protección del medioamiente que no se trasladen a generaciones futuras parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoléctricas".

Con el sistema de tasas, quien decide hasta dónde llega la recaudación no es Enresa, sino la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Como la Agencia no ha actualizado los tipos de gravamen desde 2010 "quedarían sin cubrir el 28% de las necesidades de financiación estimadas por Enresa para hacer frente al flujo de costes previstos en el periodo 2010-2085 por la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado".

El Tribunal, que aprueba la gestión de Enresa de los fondos puestos a su disposición, no dice directamente que las empresas propietarias de las centrales nucleares estén pagando menos de lo que deberían para cumplir con las normas de gestión de residuos, pero esa es la conclusión que se puede extraer del informe.

Cese en Enresa

El documento se ha publicado en plena tormenta por el cese del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, y la polémica contratación de las obras del nuevo Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). A ese almacén, que debería estar funcionando en 2018 tendrían regresar los residuos nucleres depositados en Francia desde hace más de 20 años procedentes de la central de Vandellós I, desmantelada tras el accidente que registró el 19 de octubre de 1989.

Los residuos de la planta accidentada están depositados en un almacén de la empresa francesa Areva en La Hague (Normadía). Mantener la basura nuclear a recaudo en instalaciones francesas ha costado más de 800 millones de euros, según el dato que el propio presidente de Enresa, Gil-Ortega, desveló en enero de 2014. Los residuos tenían que haber estado de regreso en España en 2011, pero la falta de instalaciones ha prorrogado el almacenamiento en Francia hasta 2018.

Contrato renovado

El contrato renovado contemplaba una fianza de 65.000 euros diariosfianza de 65.000 euros diarios (más de 23 millones de euros al año) en el caso de que los residuos nucleares no regresaran al páis de origen en la fecha prevista, en octubre de 2015 antes de la última prórroga. 

Consultada Enresa, la empresa pública sostiene que los términos de la última negociación eliminan la penalización.  "En el contrato inicialmente suscrito" explica la compañía "se llegó al acuerdo de que regresarían unas 68 cápsulas de residuos de alta actividad (12m3 )y un máximo de 138 cápsulas de residuos de media actividad y vida larga vitrificados o metálicos compactados. Ello supone un número muy inferior de transportes. También supone dejar de deber los 65.000 euros diarios de penalización previstos en su momento. Los residuos irán al almacén de espera de contenedores; en caso contrario se aplicarían de nuevo las penalizaciones".

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