LOS RETOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Vivienda, alimentos y servicios médicos, las tres partidas que lastran el poder adquisitivo de los pensionistas

Concentración de pensionistas frente al Ayuntamiento de Bilbao para reivindicar unas pensiones dignas.

Las pensiones subieron en 2018 un 1,7% después de cuatro años de hacerlo sólo un 0,25% en aplicación del IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) creado por la reforma de 2013. Por tanto, no perderán poder adquisitivo al igualar el alza del IPC en ese ejercicio. Sin embargo, en el cuatrienio anterior los pensionistas se dejaron siete décimas de poder de compra, una cifra que, no obstante, se benefició del dato de inflación negativo en 2014 (-1%) y de su congelación en 2015.

Pero desde que estalló la crisis la merma de la capacidad adquisitiva de los jubilados que cobran una pensión contributiva ha sido mucho mayor: 3,6 puntos. La inflación creció un 16,7% desde 2007, mientras que sus prestaciones subieron un 13,1% –un 14,1% las inferiores a 1.000 euros al mes por el alza de un punto adicional concedida en 2013–.

Además, las pautas de consumo y necesidades de gasto de los pensionistas son distintas de las del resto de la población. Por la edad y el cambio en la situación laboral y la composición familiar, hay partidas y bienes de los que se utilizan para calcular el Índice de Precios al Consumo que les afectan más que al conjunto de los hogares. De hecho, el exdiputado de UPyD Álvaro Anchuelo propuso en abril de 2014 en el Congreso crear un IPC específico para los pensionistas, una iniciativa que fue rechazada por el PP –la reforma de las pensiones y su IRP desgajado de la inflación acababan de entrar en vigor– y sólo consiguió la abstención del resto de los grupos, que querían recuperar el IPC como mecanismo de subida –lo que se consiguió finalmente el año pasado–.

En efecto, según la Encuesta de Presupuestos Familiares que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), los jubilados destinan hasta un 36,24% de su gasto anual a la vivienda, casi 10 puntos más que los hogares cuyo sustentador principal es un trabajador en activo. En esa partida se incluyen los recibos del agua, la luz y el gas. Es decir, una subida en estos tres conceptos perjudica más a los pensionistas. Su gasto medio anual alcanzó en 2017 los 26.480,17 euros, un 19,8% menos de lo que gasta un hogar a cuyo frente figure un ocupado. Un ritmo de consumo que se resintió de las subidas mínimas de las pensiones: desde 2014 los pensionistas gastaron un 4,8% más, mientras que los trabajadores ocupados aumentaron su consumo un 7,5%.

También en este apartado existe una clara brecha de género. En los hogares que viven de la pensión de una mujer el gasto fue en 2017 un 25,6% inferior que donde los ingresos proceden de un hombre. También las pensiones de las jubiladas son más pequeñas, resultado de salarios a su vez más bajos. Mientras la pensión media de un hombre asciende a 1.279,33 euros mensuales, la de una mujer se queda en sólo 829,62 euros, según los datos del Ministerio de Trabajo a 1 de diciembre de 2018.

La segunda partida de la cesta del IPC que más afecta a los pensionistas es la alimentación, a la que destinan el 16,28% de su gasto anual. Son casi cuatro puntos más que el resto de los hogares. También deben invertir más dinero en servicios médicos –un 4,12% del presupuesto anual de gastos– que los trabajadores en activo –2,99%–, más jóvenes y con menos problemas de salud, así como en la partida que incluye los cuidados personales y los seguros –un 8,28% del gasto, frente a un 6,81% los ocupados–. Aunque les supone una partida importante, el 8,65% de su consumo, los jubilados dedican menos dinero a su vehículo y a transporte que los activos –un 14,64%, la segunda de mayor volumen tras la vivienda–. Y menos aún en hoteles y restaurantes: un 7,41% frente a un 11,97% los menores de 65 años. Por contra, los pensionistas consumen menos ocio, menos teléfono, menos alcohol y tabaco y menos ropa y calzado que el resto de los hogares.

En suma, los jubilados destinan a vivienda, alimentos y servicios médicos casi el 57% de su presupuesto anual, 14 puntos más que los hogares sustentados por un trabajador en activo.

Energía y alimentos subieron un 5,2% en noviembre

Al término de 2018 –de momento sólo están disponibles los datos desglosados hasta noviembre–, dentro de la cesta del IPC la mayor subida la experimentaron los combustibles, un 9,2%, aunque desde el puente de la Constitución los precios de los carburantes no han dejado de bajar. No obstante, siguen por encima de los que cerraron 2017. Además, como resultado de la derogación del tipo autonómico del impuesto especial sobre los hidrocarburos, gasolina y gasóleo serán este año 4,8 céntimos más caros en Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. En Madrid subirán 3,1 céntimos, en Aragón 2,4 céntimos, en Extremadura un céntimo y en Asturias, 0,8 euros el gasóleo.

La segunda mayor subida correspondió ese mes a los productos energéticos, con un 6,4%. Y la tercera, a los alimentos no elaborados, un 3,5%. Es decir, precisamente dos de las partidas que más pesan en el presupuesto de los pensionistas. Así, resulta que el IPC conjunto de los alimentos no elaborados y productos energéticos se elevó al 5,2%, según el INE.

Sólo el recibo de la luz terminó el año con una fuerte subida, casi un 10%casi un 10%, sobre 2017, tras meses de escaladas récord. Pero la parte regulada de la factura, que representa el 40% del importe, se mantiene congelada para 2019 –ya lo ha estado los cinco años precedentes–. Y hasta abril seguirá suspendido el impuesto a la generación eléctrica del 7%, lo que también redunda en una bajada del precio de la luz.

La factura del gas también bajará este año, al menos hasta el mes de marzo, cuando se vuelva a revisar, entre un 3,8% y un 4,8% para quienes tengan la Tarifa de Último Recurso (TUR). Pero es que desde octubre había subido un 8,4%. Y entre julio y septiembre, un 3,6%. Aunque en el trimestre anterior se había recortado un 3,4%, había empezado el año con un alza del 6,2%, en función de los precios de la materia prima, puesto que la parte regulada del recibo está congelada. Además, el butano se encareció un 4,93% en noviembre –una bombona ya cuesta 15,33 euros–, pero su precio se revisará este mismo enero.

Vivienda, transporte y medicamentos

En total, el pasado noviembre la partida de vivienda en el IPC subió un 2,8% y el transporte, un 3%, según el INE. Como los productos energéticos y la alimentación, superan de nuevo ampliamente el índice general, que fue ese mes del 1,7%.

Los pensionistas suelen tener la casa en propiedad y la hipoteca amortizada, por lo que el alza del euríbor no debería afectarles. Sí que les perjudicará la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que sufrirán los propietarios en unos 700 municipios como consecuencia de la actualización del valor catastral en 1.800 ayuntamientos de toda España.

Pero si el pensionista vive de alquiler, es posible que tenga que hacer frente a subidas incluso superiores a los del mercado de venta. Según los últimos cálculos del portal Idealista, los arrendamientos subieron en 2018 un 14,5%, el doble que los precios de venta.

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Por lo que se refiere al transporte, los billetes de cercanías seguirán congelados por cuarto año consecutivo, pero subirán un 3,5% los de media distancia y un 7% los de la clase Avant –circulan por las vías del AVE pero a una velocidad inferior–. Los billetes del AVE  también continuarán congelados. Sí elevarán su precio, en cambio, los taxis, un 5,4% en Madrid la bajada de bandera –un 7,2% de noche y en fin de semana–, o un 2,6% en Barcelona.

Una partida fundamental de gasto para los mayores de 65 años, los medicamentos, han bajado de precio ya el día 1. Al menos 1.277 de ellos, desde el ibuprofeno hasta tratamientos para el Parkinson, la artrosis, la hipertensión y para bajar el colesterol. El Gobierno calcula que se ahorrará 88 millones de euros en la factura farmacéutica con la medida.

Cuando Anchuelo presentó en la Comisión de Empleo del Congreso su propuesta de IPC para pensionistas, el entonces portavoz la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, apoyó su rechazo a la iniciativa en el hecho de que los pensionistas no son un colectivo homogéneo, con diferencias sustanciales dependiendo de si viven en zonas rurales o urbanas, en qué comunidad autónoma residen o cuál es la cuantía de su pensión. De los casi seis millones de personas que cobran una pensión de jubilación en España, 3,43 millones perciben menos de 1.000 euros al mes. El 57% no llegan a mileuristas. Que reciban la pensión máxima, establecida en 2.659,41 euros mensuales para este año, sólo hay 285.466 jubilados, el 4,7%. Como queda dicho más arriba, la pensión media de jubilación asciende a 1.107,49 euros al mes, que se quedan en sólo 829,62 euros en el caso de las mujeres. Es decir, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año, que tras la subida del 22,3% alcanza los 900 euros mensuales.

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