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IGUALDAD

El Gobierno pide a Ayuso que salve el primer centro de atención a víctimas de violencia machista

Uno de los espacios del Centro de Recuperación Integral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

El SOS que lleva meses lanzando el primer centro de atención a víctimas de violencia machista, al borde del cierre, empieza a dar sus frutos. Los ministerios de Igualdad y el de Derechos Sociales enviaron este martes una misiva a la Comunidad de Madrid clamando por medidas que mantengan con vida al centro pionero. La carta, a la que ha podido acceder infoLibre, emplaza a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso a utilizar los fondos de los que dispone para impedir que el edificio, en pie desde 1991, eche el cierre.

"El eventual cierre" del centro suscita en ambos departamentos una "enorme preocupación", al ser el recurso una "referencia para las víctimas de violencia de género en la comunidad", así como un "modelo de intervención debido a sus más de treinta años de experiencia". El centro lleva meses sobreviviendo sin los 800.000 euros anuales que requiere para su efectiva puesta en marcha. Este año, el presupuesto se ha reducido en un 75%, denuncia la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, al frente del recurso.

El motivo, una sentencia del Tribunal Constitucional que en 2017 falló en contra del reparto estatal destinado a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Se trata de un conflicto competencial planteado por la Generalitat de Cataluña, en torno al que el alto tribunal resuelve que el Estado no tiene competencias para financiar atención social directa en el reparto del 0,7% del IRPF. Ante ello, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 firmó en 2021 un acuerdo con las comunidades y las plataformas del Tercer Sector para dar cumplimiento a la sentencia, de manera que las autonomías deberían asumir el 80% de los fondos y el Estado el 20%. Pese a ello, el caso es que el dinero no llega para mantener el centro en pie, así que el bienestar de más de una veintena de mujeres que actualmente habitan el centro está en riesgo.

La carta, firmada por los secretarios de Estado de Igualdad y de Derechos Sociales, cita esta misma sentencia para recordar que es "inviable para la Administración General del Estado la financiación directa de recursos y proyectos que presten asistencia social a las mujeres víctimas". Sin embargo, recuerda el texto, la cartera de Irene Montero transfiere "anualmente a las comunidades autónomas una línea de financiación para el desarrollo de sus competencias", y este año la Comunidad de Madrid recibirá "casi 17 millones de euros" para el impulso de "planes y programas de asistencia social directa en las que se encuadra de forma clara este proyecto".

En añadido, destaca la misiva dirigida a la consejera de Familia, Juventud y Política Social, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha puesto en marcha una "convocatoria de subvenciones específicas por valor de 6,5 millones de euros en el año 2022 para la formación, investigación y sensibilización contra las violencias machistas". La otra pata del centro y la organización que la gestiona es, además de la asistencia directa, la investigación y formación en violencia de género.

"Según el marco legislativo, gubernativo y jurisprudencial, nuestros ministerios carecen de habilitación legal y de competencias para configurar otro sistema de reparto", insisten ambos departamentos, por lo que trasladan la responsabilidad a la Comunidad de Madrid.

"Son mentiras"

Poco antes de que la misiva firmada por Igualdad y Derechos Sociales fuera enviada a la Comunidad de Madrid, el Gobierno recibía otra carta. La firmaba Teresa Peramato, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Tal como la misma fiscal notificó a la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la carta fue remitida al Ejecutivo "en apoyo al centro" ante la "dramática situación" que le atraviesa y a fin de que "se adopten las medidas que sean precisas para evitar su cierre".

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La Federación no está conforme con la respuesta institucional. "Nunca, gobernara quien gobernara, hemos tenido problema con la subvención", dice la presidenta de la organización, Ana María Pérez del Campo, en conversación con este diario. Pérez del Campo sentencia que los argumentos desarrollados por los dos ministerios "son mentiras" y critica que ahora "le pasen la pelota" a Madrid: "No pueden culpar a la comunidad de lo que es responsabilidad suya". Recuerda además que ella misma remitió dos misivas a los dos ministerios: una dirigida a Irene Montero en noviembre de 2021 y otra a Ione Belarra en enero de 2022. Ninguna obtuvo respuesta ni se tradujo en una reunión formal, tal como solicitaba la Pérez del Campo. La feminista critica que en los últimos años, desde que el Tribunal Constitucional dictara su sentencia, no se había producido ninguna alteración en la concesión de fondos, hasta ahora.

La Federación también entiende que la Administración Central podría hacer más por salvar al centro. Destacan que, entre otras cuestiones, el propio decreto ley 821/2021 deja claro que el Tercer Sector de acción social de ámbito estatal "desarrolla un importante rol a la hora de contribuir al bienestar del conjunto de la sociedad, y es el interlocutor natural de la Administración General del Estado", a quien corresponde "poner en marcha las medidas necesarias para promover, modernizar, fortalecer e impulsar este tercer sector", siempre en el "ámbito de competencias que constitucionalmente le corresponden" y a través de los "instrumentos que la legislación prevé".

La Federación destaca que el centro no es solo "único en su género y pionero" en el país, sino que además no se ciñe únicamente al ámbito autonómico, ya que "cubre la territorialidad completa del Estado". El centro, destacan fuentes consultadas por este diario, atiende a usuarias de todas las comunidades y es también un espacio de formación y estudio para erradicar la violencia de género. Si no llega el dinero, advierten, las veinticinco mujeres y sus hijas e hijos que tratan de recuperar sus vidas, así como las quince trabajadoras que llevan el centro, tendrán que irse a la calle.

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