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La Justicia chilena obliga al Estado a indemnizar por los desaparecidos en la dictadura de Pinochet

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El Tribunal Supremo ha condenado al Estado de Chile a indemnizar a los familiares de cuatro detenidos desaparecidos entre 1973 y 1974, en el marco de la operación Colombo, con 1.000 millones de pesos (unos 920 millones de euros) por crímenes de lesa humanidad, según han informado medios locales.

"No cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad (...) debe ser indemnizado por el Estado", ha fundamentado en el fallo judicial recogido por el periódico El Mercurio.

El caso fue revisado por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, aunque solo en el aspecto civil. Según el Supremo, el caso fue verificado con la "intervención" de agentes del Estado que "representaban al Gobierno de la época", por lo que "se abusó de aquella potestad y representación". La indemnización, cercana al millón de euros, ha de repartirse entre los familiares de los desaparecidos.

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En el primer caso, el fisco debe entregar una suma de 175 millones de euros al padre y hermanos de Luis Guajardo Zamorano, un destacado ciclista nacional que desapareció el 20 de julio de 1974. En el segundo y tercer caso, el Estado deberá indemnizar a los familiares con una compensación cercana a los 644 y 101 millones de euros, respectivamente.

En las tres situaciones, el Tribunal Supremo ha determinado que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no amnistiables desde el punto de vista penal y civil.

La operación Colombo, también conocida como caso de los 119, fue orquestada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) para encubrir la desaparición de 119 opositores –en su mayoría miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)– y presentar los sucesos como casos de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad extranjeras y víctimas de purgas internas.

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