La UE sólo quiere un tipo de cargador y propone uno común para todos los dispositivos

La UE ha dado este jueves un primer "gran paso" hacia una propuesta con la que llevan soñando mucho en Bruselas: un sólo tipo de cargador, el USB-C. Resumiendo, la Comisión Europea quiere con esta decisión acabar de un plumazo con que en una casa se tenga un cargador por cada móvil, por cada tableta o por cada cámara. De media, los consumidores poseen unos tres cargadores, de los cuales utilizan dos de forma regular. El objetivo, según han explicado en una nota de prensa, es reducir "los residuos electrónicos" y "las molestias que los consumidores experimentan debido a la prevalencia de diferencias e incompatibilidades".

La Comisión Europea calcula que con esta propuesta se reducirá en casi mil toneladas la cantidad de residuos electrónicos y que los usuarios ahorrarán 250 millones de euros anuales en compras innecesarias de cargadores. Sólo durante el año 2020, se vendieron en la UE unos 420 millones de móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles.

"Los consumidores europeos ya han experimentado suficiente frustración por los cargadores incompatibles que se acumulan en sus cajones", ha admitido Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital. "Conforme aumenta el número de dispositivos, cada vez se venden más cargadores que no son intercambiables ni necesarios. Vamos a poner fin a esta situación", ha afirmado, por su parte, Thierry Breton, comisario de Mercado Interior.

La propuesta de la UE no debería pillar por sorpresa a la industria ya que lleva años trabajando en este aspecto. En concreto, en 2009, la Comisión facilitó la celebración de un acuerdo voluntario por parte del sector, que dio lugar a la adopción del primer memorando de entendimiento. El resultado fue que se logró reducir el número de cargadores de 30 modelos a sólo 3. "Pero no pudo conseguirse una solución completa", ha admitido Bruselas. Además, a principios de 2020, la Comisión Europea tanteó la idea y llevó una propuesta al Europarlamento que salió adelante con 582-40 votos a favor. "Hemos dado un amplio plazo al sector para encontrar sus propias soluciones; ha llegado la hora de emprender una acción legislativa en favor de un cargador común", ha reconocido Vestager.

Ahora, la UE vuelve a mover ficha presentando una propuesta de revisión de la directiva sobre equipos radioeléctricos para armonizar "el puerto de carga y la tecnología de carga rápida" imponiendo definitivamente el USB-C como puerto estándar y armonizado para todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras, auriculares, altavoces portátiles y videoconsolas portátiles independientemente de la marca.

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En su propuesta, la UE también quiere que se vendan por separado los cargadores de los dispositivos electrónicos. "Esto aumentará la comodidad de los consumidores y reducirá la huella ambiental que supone producir y eliminar cargadores, apoyando así las transiciones ecológica y digital", asegura la Comisión Europea que apunta que así se limitará el número de cargadores "no deseados" o "sin utilizar".

Con esta armonización, la UE también busca, por un lado, evitar que "los distintos fabricantes limiten injustificadamente la velocidad de carga" y "contribuirá a garantizar que la velocidad de carga sea la misma cuando se utilice un cargador compatible para un dispositivo". Y, por otro, pretende que se mejore la información que le llega a los consumidores ya que "los fabricantes tendrán que facilitar información pertinente sobre el rendimiento de carga, incluida información sobre la potencia requerida por el dispositivo y si admite carga rápida".

¿Qué pasos le quedan a la UE por delante? Tras la presentación de esta propuesta, el Parlamento Europeo y el Consejo deben adoptar esta revisión de esta directiva. Una vez adoptada, se abrirá un período de transición de 24 meses, es decir, dos años, para que las empresas puedan adaptarse antes de su entrada en vigor. Según adelanta Reuters, si todo va según lo estimado, la decisión se adoptará en 2022 y los países miembros tendrán un año, hasta 2023 o mediados de 2024, para transponerla a la legislación nacional.