Colombia (2 de 3)

El crecimiento a cualquier precio de las minas y campos colombianos

En las minas y campos colombianos, crecimiento a cualquier precio

Marta Semitiel / Jean-Baptiste Mouttet (Mediapart)

Colombia hace publicidad. El presidente Juan Manuel Santos se pone fácilmente el traje de comercial, alabando por el mundo los avances de su país. Se encontró con François Hollande en París a principios de noviembre de 2014 y a finales de enero de 2015. Las gestiones dan sus frutos. Manuel Valls, desde América del Sur, hizo un llamamiento el 25 de junio a las empresas para que inviertan en el país. Los periodistas extranjeros fueron invitados a descubrir los encantos, a la vez modernos y rústicos, de un país en pleno bum. Campañas publicitarias atrapan al turista deseoso de aventura: “El único riesgo es querer quedarte”, aseguran los paneles publicitarios en los aeropuertos. ¿Y el conflicto armado? Es pasado. Mire, el Gobierno discute con las FARC en La Habana. Mire (pero no muy de cerca), el Estado realiza concesiones. ¿No son verdes, solidarios, estos nuevos objetivos de desarrollo? No lo dude más, nuevas tierras pacíficas se abren ante usted. Venga a gastar e invertir en este país de la cucaña que no conoce la crisis.

Imagine: el crecimiento sigue a pesar de la caída del precio del barril de petróleo, que será del 3,3% en 2015 según la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) y fue del 4,6% en 2014. La inflación se contuvo en el 3,6% en 2014. Desde su llegada, el viajero descubre lo que sería esa Colombia del progreso. Aterriza en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, deslumbrantemente nuevo. La renovación se acabó en 2014.

Desde la izquierda y en la calle, el discurso es completamente distinto. El 6 de mayo de 2015, los profesores se manifestaron. “¿Privatización de la educación? ¡Abajo!, ¡abajo!”, gritaba la masa que invadía la inmensa avenida de El Dorado. “Uribe o Santos, es la misma política”, aseguró Santiago Barreno, profesor de música, mientras caminaba en la marcha. Los manifestantes lo repetían: la política de Juan Manuel Santos, en el poder desde 2010, sigue la lógica liberal de su predecesor, el conservador Álvaro Uribe (en el mando durante el periodo 2002-2010). “La única diferencia es que el primero viene de una élite rural y el segundo de una élite urbana”, prosiguió el profesor de música. Santiago Barreno explicó que los profesores “empiezan su carrera con 500 dólares al mes solamente”, él mismo, “después de 43 años al servicio de la educación”, gana “alrededor de 1.200 dólares”. Los profesores pedían, entre otras cosas, una revalorización de sus salarios, que fue finalmente conseguida tras una huelga de dos semanas (obtuvieron un 12% de aumento escalonado en 4 años).

La ministra de Educación, Gina Parody, había amenazado al sector de la enseñanza: los salarios no serían pagados a los profesores que estuvieran de baja y, de premio, les pondrían sanciones disciplinarias. Una vez obtenidos los acuerdos, el ultimátum no se llevó a cabo. Durante la marcha, bajo las banderas de los sindicatos, Angela Roa, titulada en magisterio, advertió que un aumento de salario no arreglaría las dificultades a las que se enfrentan los empleados de Educación: “El presupuesto es insuficiente y está mal repartido”. A la maestra le resulta difícil creer a un Gobierno que anuncia que, por primera vez, el presupuesto de Educación será más importante que el asignado a la “guerra” (a Defensa). “Trabajo en una zona rural. Mi escuela no tiene agua ni electricidad y no hay ninguna vía asfaltada que llegue allí”. Según cifras del Gobierno, en las zonas rurales, el 52% de los alumnos abandona la escuela antes de los 18 años.

Colombia es uno de los países con más desigualdad del mundo a pesar del crecimiento positivo desde el año 2000. El índice Gini, comprendido entre 0 y 100 (en el que 0 es una igualdad perfecta de los ingresos de la población y 100 la desigualdad absoluta), demuestra que el reparto de las riquezas no prevalece en Colombia: roza siempre el valor 54 en estos últimos dos años (56 en 2010). Las cifras del Gobierno tienen que ver con una reducción continua de la pobreza: un 28,5% de la población en 2014 contra un 30,6% en 2013. Pero aquel que tenga ingresos superiores a 72 euros al mes no es un pobre, según las estadísticas…

El Gobierno insiste en difundir sus esfuerzos en materia social y sobre el desarrollo de las regiones rurales. Una invitación discreta a las FARC y a sus reivindicaciones, aunque las negociaciones de paz entre los dos adversarios se persiguen desde hace más de dos años. El plan nacional para el desarrollo, aprobado a comienzos de mayo por el Parlamento y que describe los objetivos políticos y económicos del segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014-2018) va en este sentido. Dicho plan alude a una Colombia en “paz, igualitaria, educada”, que “prepara” el acuerdo de paz. Los gastos sociales, como las pensiones, los subsidios e incluso las indemnizaciones de las víctimas de conflictos aumentan un 9% en 2015 (21.000 millones de euros).

No hay que hacer temblar a los ricos empresarios del país, que se muestran confiados: “Los negociadores y el presidente no van a entregar el país”, aseguró el antiguo presidente de Seguros Bolivar, José Alejandro Cortés, en una gran entrevista que reunía a cuatro grandes empresarios, publicada por la revista Semana el 10 de mayo de 2015. Pero “el diablo se esconde en los detalles”, replicó César Caicedo, presidente de Colombina Alimentación, para quien, por ejemplo, pedir a los habitantes su acuerdo para instalar grandes proyectos, particularmente mineros, “ha tenido consecuencias enormes sobre las inversiones” tardías.

“El plan nacional de desarrollo pone todos sus esfuerzos en la garantía de las inversiones extranjeras, ya sea en el sector financiero o para desarrollar el modelo de extracción. Hoy, estamos vendiendo nuestra industria”, se preocupa Alberto Vanegas, miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores Colombianos (CUT). Para consegurilo, es necesaria una mejora de las infraestructuras y los transportes. Alrededor de Bogotá, a lo largo de las carreteras, los trabajos han comenzado. Hombres vestidos de naranja se activan, las excavadoras desplazan toneladas de tierra.

“En los próximos años veremos un país en construcción, un país en obras. Invertimos más de diez millones de euros y eso va a cambiar nuestra infraestructura”, indicó el presidente a principios de junio, mientras inauguraba una segunda vía entre Bogotá y Villavicencio. Las dos ciudades están separadas por 125 kilómetros y, por tanto, para los camiones son necesarias tres horas de desplazamiento por esta ruta tortuosa. Tres horas que pueden convertirse en cuatro, como experimentamos nosotros. Los trabajos no estaban acabados.

“La explotación de los recursos naturales es un 'combustible' para la guerra”

El plan de explotación semeja ser como el Gobierno: acepta un doble discurso. “Las primeras líneas son retórica”, asegura el senador de izquierdas Ivan Cepeda (del partido Polo Democrático Alternativo, POLO). “El plan dice ser el plan de la 'paz', pero hace suyas las recomendaciones de la OCDE y realiza concesiones a las grandes explotaciones mineras o mantiene la estructura militar. El Gobierno piensa que la paz va a caer del cielo”.

Un edificio de Ecopetrol, compañía petrolera nacional de Colombia | WIKIMEDIA

Las desigualdades no disminuyen, pero la estrategia es la misma: ganar crecimiento por la agroindustria y la explotación minera, dos “locomotoras del desarrollo”, según los términos utilizados por el presidente. El “crecimiento verde” forma parte de las seis prioridades del Gobierno, asegura el plan nacional. No representa más que el 1,35% del presupuesto del plan, mientras que el desarrollo minero alcanza el 11,15%, es decir, el primer puesto en los gastos.

John Fernando Parrado no ha visto este “crecimiento verde”. Él era obrero en la estación petrolera de Chichimine, a 40 minutos de Villavicencio, en el departamento del Meta. Era, porque se licenció el pasado abril. El obrero sin empleo ha sufrido migrañas, problemas respiratorios. Contrajo una hepatitis A “por haber inhalado productos tóxicos, me dijeron los médicos. Las pruebas de toxicología dieron resultados positivos en hidrocarburos”. Muestra su mano: tiembla. “Ataca al sistema nervioso”. En su lugar de trabajo, los problemas de salud eran frecuentes: “algunos padecían asma crónico, tres empleados tuvieron un infarto cerebral. En todo el país se repiten estos casos. El petróleo importa más al Gobierno que la gente”. La compañía petrolera nacional, Ecopetrol, que posee la estación, no está preocupada por el medio ambiente. John Fernando Parrado, en un vídeo de apoyo documental de tres años, muestra ríos de agua negra. “El agua utilizada en el proceso de explotación es devuelta a los ríos”, explica cabreado. Las ciudades de los alrededores no pueden beber agua ni pescar. Los peces han desaparecido.

En una entrevista surrealista para el periódico El Espectador en agosto de 2014, el gerente de Ecopetrol en Meta, Edgar Paternina, sostenía sin reír que las aguas negras no eran producto de la contaminación, “sino un espejo de la vida. Cuando combinamos temperaturas, nutrientes y aire, automáticamente eso produce vida. Esta vida nace bajo las piedras. Es como las algas que se alimentan de los nutrientes presentes en el agua. Es lo que explica este olor”. Ecopetrol, que dice devolver a los ríos agua “pura”, continúa sin embargo abasteciendo de agua potable a algunos habitantes de la ciudad de Acacias.

Este crecimiento “verde” pasa por el desarrollo de la agroindustria con sus plantaciones de palmas de aceite o de caña de azúcar para los biocarburantes. Más que conocidas por sus consecuencias negativas para el medio ambiente, estos cultivos son “considerados por el Gobierno como una oportunidad de cara a la crisis energética y una solución de recambio de las energías fósiles”, explica Sergio Moreno, investigador en el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos (ILSA), que investiga sobre las explotaciones mineras y los conflictos. Una política común en numerosos países latinos. La agroindustria se supone que modernizará el país, haciendo pasar a algunas regiones de una agricultura extensiva a una producción intensiva. Es así como ve el gobierno “el desarrollo” de las regiones rurales.

El departamento del Meta, con sus características sabanas de la Altillanura, posee dos “locomotoras de desarrollo”: las minas y la agroindustria. El Gobierno describe la Altillanura como la nueva “frontera agrícola del país”. “El futuro, para todo país durante las próximas décadas, será la agroindustria […] Aquí hay un potencial enorme, enorme. China solamente tiene capacidad para alimentar al 40% de su población. El 60% restante tiene que obtenerla del exterior […] ¿Y de dónde van a obtener esos alimentos? En muy pocos países. […] Solamente en siete, y uno de ellos es Colombia. ¿De qué parte de Colombia? En las llanuras orientales, en la Altillanura”, dijo Juan Manuel Santos durante la inauguración de las nuevas carreteras entre Bogotá y Villavicencio.

El desarrollo de la agroindustria ya no está orientado hacia acuerdos con las FARC. Antes que la repartición de tierras deseada por la guerrilla, la agroindustria “ha ocasionado el acaparamiento de tierras en manos de multinacionales especializadas en la producción de biocarburantes”, subraya Sergio Moreno. Josué Aguirre es un pequeño agricultor. Una excepción, ya que no posee más que 28 hectáreas y ha decidido cultivar productos bio. A la salida de la ciudad Puerto López, la vista se pierde por los campos de caña de azúcar. Pertenecen a Bioenergy, compañía de Ecopetrol especializada en agrocarburantes que fabrica etanol. Hay más de 10.000 hectareas: “Estas tierras tenían que haber sido guardadas para los agricultores. Al final se las dieron a la empresa”, asegura. Pasan los kilómetros, los minutos, y todavía estamos en mitad de la caña de azúcar. Una pradera. “Estas eran las tierras de Víctor Carranza”, fallecido en 2013, quien se hizo rico en esmeraldas y era conocido por sus contactos con grupos paramilitares. Después, campos de pinos y de eucaliptos para obtener madera, “3.000 hectáreas”; árboles de caucho, “16.000 hectáreas”; de soja, “2.800”, etc.

Panorámica de la Altillanura colombiana | FLICKR

A la sombra de un restaurante al pie de la carretera, vacío, rodeado de campos de caña de azúcar, Manuel Calderón no se queja. Trabaja para Bioenergy. Señala los silos, a cientos metros de allí: “Donde trabajo, en el proceso de transformación, las condiciones son de las mejores de la región. Y se mejoran cada vez. Un obrero gana alrededor de 436 euros al mes”. Lo que más preocupa al sindicalista (Asopalmeta) son los empleados que trabajan en el campo. “Ganan todos el salario mínimo, sobre 220 euros al mes. Y además, de ese dinero hay que reducirles el transporte y la comida”. Habla de “humillaciones” sufridas por los trabajadores: “Comen en mitad del campo, a pleno sol”. Juan Calderón dice que los empleados se dejan insultar en su trabajo. Ha recibido muy pocas denuncias: “No pueden afiliarse a un sindicato. Tienen miedo de hablar. Hay que entender que somos una tierra con gran presencia de paramilitares. Algunos siempre están ahí. Si hablamos muy duro, hay amenazas”, en el mejor de los casos.

Hablar muy alto pone en peligro nuestra vida. Edith Santos era una opositora reconocida en Ecopetrol y sus explotaciones de Acacias. La sindicalista fue asesinada a las tres de la tarde, el 29 de agosto de 2014. Dos balas. A principios de junio, nueve personas fueron detenidas por el crimen. Entre ellas, Nilson Ibáñez Esterling, jefe de una empresa de transportes que trabajaba para Ecopetrol. Él habría financiado una pare de la operación ejecutada por la banda criminal Bloque Meta.

La explotación de los recursos naturales es un 'combustible' para la guerra. Las regiones en las que se realizan estas actividades coinciden, en muchos casos, con las que tienen presencia de grupos paramilitares. Las multinacionales que trabajan en las regiones donde hay una presencia de grupos armados ilegales han desarrollado diferentes modelos de seguridad con la participación de dichas fuerzas paramilitares”, asegura el especialista Sergio Moreno.

Álvro Uribe y Juan Manuel Santos han encontrado los motores del crecimiento, pero los de la paz esperan todavía.Traducido por: Marta Semitiel

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