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Suramérica

La crisis entre Colombia y Venezuela se enquista

Amnistía Internacional advierte de graves violaciones de derechos humanos de Venezuela en su frontera

La crisis “va a ser larga”, declaraba el 28 de agosto de 2015 el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, en la reunión mantenida con los partidos políticos del país, tras las fricciones surgidas entre su país y la vecina Venezuela. Dos semanas más tarde, las tensiones diplomáticas no permitían entrever una reconciliación a corto plazo, al contrario, la crisis se agravaba. A los 160 km fronterizos cerrados, en el Estado de Tachira, de los 2.219 km que separan ambos países, se añadió el pasado lunes 7 de septiembre el cierre de otro paso fronterizo, más al norte, en el Estado de Zulia. Estas decisiones unilaterales del presidente venezolano, Nicolás Maduro, van acompañadas de la declaración del estado de excepción en localidades fronterizas y del despliegue de las fuerzas armadas venezolanas. En total, hay 8.000 militares movilizados.

“Aunque a priori es poco probable que estalle un conflicto armado, el riesgo no se puede descartar por completo”, advierte el presidente del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (Opalc), Olivier Dabène. Al menos 1.355 colombianos en situación irregular han sido deportados de Venezuela, según Naciones Unidas. Un número 10 veces mayor ha huido, por miedo.

La crisis empezó el 19 de agosto de 2015 con el cierre de los primeros puestos fronterizos. Decidido a “extirpar los tumores malignos del paramilitarismo colombiano”, Nicolás Maduro justificaba entonces su decisión después de que tres militares y un civil resultaran heridos en una operación contra el contrabando. La frontera colombiana, porosa y corrupta, es el teatro de operaciones de una red de contrabando muy rentable. La gasolina casi gratuita en Venezuela y los alimentos subvencionados cruzan la frontera sin problema, mientras que el país hace frente a una crisis económica que no cesa. Sigue escaseando los productos de primera necesidad y la inflación, cuyas cifras el Gobierno no hace públicas, alcanzó el 68,5% en 2014 y puede superar el 100% en el primer semestre de 2015, según algunos analistas

Por otro lado, la presencia de paramilitares en Venezuela es incuestionable. “Cuando los cárteles de la droga mexicanos quisieron controlar a los traficantes colombianos, los segundos espadas pusieron rumbo a Venezuela”, explica Frédéric Massé, director del centro de investigación de la Universidad Externado de Colombia. Este tráfico hace “5 a 10 años” que adquirió importancia.

Según la organización venezolana de defensa de los Derechos Humanos, Provea, la campaña contra el paramilitarismo discurre en paralelo con la estigmatización de los colombianos y favorece el auge de la “xenofobia”. “Es la primera vez desde hace 15 años que se produce este tipo de expulsiones masivas de personas indocumentadas”, asegura Rafael Uzcátegui, de la dirección de la organización, para quien “los valores revolucionarios que existían con Chávez han dado paso a valores conservadores”. En 2014 se habían deportado 1.850 colombianos, mientras que solo entre enero y abril de 2015 Venezuela ha expulsado a más de 2.000. La crisis actual ha cruzado nuevo umbral al alcanzar las de 1.300 deportaciones en un mes.

La “guerra” contra el paramilitarismo que lleva a cabo el Gobierno venezolano ya había tomado una nueva dimensión con las acciones llevadas a cabo, desde mediados de julio, por la operación policial llamada Liberación del pueblo, dirigida tanto a bandas armadas como a soldados. Estas acciones contra el paramilitarismo hace que a las organizaciones de defensa de los derechos Humanos les asalten varias dudas. Para Rafael Uzcategui, este combate no puede bastar: “Una operación policial no va a disminuir de modo importante los delitos si no va acompañada de una reforma de la administración judicial para reducir la impunidad y para garantizar a todos el acceso a la justicia así como de un proceso de transformación del sistema penitenciario”.

“El llamamiento al patriotismo se ha convertido en recurrente conforme el país se hunde en la crisis”

A medida que se aproximan las elecciones legislativas que se celebran el 6 de diciembre de 2015, la oposición venezolana y algunos analistas políticos ven, en estas acciones para poner el foco sobre los grupos armados ilegales, una estrategia política y oportunista: crear un enemigo del país para estrechar los lazos entre los chavistas. Nicolás Maduro, tocado por la crisis económica, se encuentra en su peor momento en los sondeos. En julio, una investigación de Datanalisis recogía una aprobación inferior al 25%.

Pero se trata de un cálculo errado. 5,6 millones de colombianos viven en Venezuela (en un país de apenas 30 millones de habitantes). Pertenecientes a las populares, tradicionalmente constituyen un apoyo para las fuerzas chavistas y muchos tienen derecho a voto. Señalar con el dedo acusador a los colombianos puede volverse en contra de la revolución bolivariana. Por otro lado, las autoridades chavistas, conscientes del desafío que esto supone, tratan de hacer la distinción entre “paramilitares colombianos” y “colombianos”, a golpe de declaraciones reiterativas.

El llamamiento al patriotismo se ha convertido en una constante a medida que el país se ha ido viendo más afectado por la crisis. Poco antes del inicio de las tensiones con Colombia, este verano, el presidente socialista desenterraba controversias territoriales con la Guayana. En mayo, cuando ExxonMobil descubrió petróleo en aguas reclamadas por Venezuela, estalló el enfado del Gobierno venezolano. Venezuela nunca ha reconocido la frontera con la Guayana y reclama la soberanía de casi el 70% del país. No obstante, Hugo Chávez intentó suavizar las relaciones entre ambos países, llegándose a firmar tratados comerciales como el “petróleo contra el arroz”. En el último periodo de Gobierno de Hugo Chávez, las relaciones también se habían normalizado con Colombia. Su homólogo Juan Manuel de Santos deseaba olvidar las disputadas entre Chávez y Álvaro Uribe, consciente del papel que podía desempeñar Venezuela en las negociaciones de paz con la guerrilla colombiana.

A día de hoy, el Gobierno de Bogotá se halla inmerso en la hipérbole verbal. Tras denunciar una crisis humanitaria en Venezuela, el presidente de derechas Juan Manuel Santos ha llegado a comparar las prácticas de la Guardia Nacional venezolana con las empleadas por el ejército nazi. “Como en los guettos nazis, se han marcado las casas de las familias con una D para luego demolerlas. Cuando se conoció esta infamia, la pregunta fue, ¿dónde estaba el mundo cuando sucedía esto?”, se preguntaba el 1 de septiembre en una alocución televisiva

Juan Manuel Santos saca músculo, decidido a no dejarse adelantar por la derecha. La reacción del expresidente colombiano, el conservador Álvaro Uribe, no se ha hecho espera a la hora de desacreditar a Venezuela, cumpliendo con la ley de Godwin mucho antes que su sucesor.

El 25 de agosto, en la frontera, megáfono en mano, comparaba el genocidio judío con la suerte de los colombianos en Venezuela: “Como Hitler, que fomentó el odio contra los judíos [...] la dictadura castro-chavista de Venezuela se dedica a fomentar el odio contra el pueblo colombiano”. La utilización de estos hechos constituye una forma de desacreditar las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el proceso con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Venezuela desempeña un papel de mediador en ambos casos. Frédéric Massé teme que las negociaciones se vean afectadas, especialmente por que el “ELN y las FARC han apoyado abiertamente a Venezuela”, señala.

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Frente a Colombia, que sobreactúa con la crisis humanitaria para alertar a la opinión internacional y con una Venezuela cada vez más nacionalista, los países del continente tienen dificultades para interceder. Aunque Venezuela atraviese un conflicto con dos de sus vecinos, las organizaciones de cooperación internacional impulsadas por Chávez, en particular el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), hayan dejado de dar señales de gran dinamismo y la diplomacia petrolera se vea dañada por la cotización del petróleo, el país puede contar con fieles y sólidos apoyos. Para desgracia de Juan Manuel Santos, la Organización de los Estados Americanos ha rechazado convocar una reunión de ministros de Asuntos Extranjeros para abordar la crisis. Los cinco países que han votado en contra (entre ellos, Ecuador y Bolivia) han hecho fracasar la petición colombiana. Pero países considerados “amigos” de Venezuela han preferido abstenerse, como Argentina o Brasil.

Ningún país se interesa por las cuestiones internacionales en América del Sur en estos momentos, porque atraviesan graves problemas en el interior de sus fronteras”, señala Olivier Dabène. El Brasil de Dilma Rousseff también sufre las consecuencias de la caída del precio de las cotizaciones de las materias primas, mientras los escándalos de corrupción salpican a la clase política y la presidenta está en el disparadero. En este contexto, hay pocas posibilidades de que un tercer país pueda ejercer de mediador.

Traducción: Mariola Moreno

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