COP21

El debate sobre quién pagará la lucha contra el cambio climático monopoliza la cumbre de París

La financiación se sitúa en el centro de las negociaciones en la cumbre del clima de París

Y, de buenas a primas, la agenda europea irrumpió en el recinto que acoge estos días la cumbre del clima. Este martes, las líneas generales de la tasa sobre las transacciones financieras –aceptada con la boca pequeña por los ministros de la UE– llegaron hasta el centro de conferencias de la localidad de Le Bourget. Apenas acababa de dar comienzo la segunda semana de las negociaciones sobre el clima y toda información es potencialmente capital, no en vano se trata de una de las pocas nuevas fuentes de financiación destinadas a los países del Sur. En lo que se refiere concretamente a Francia, es la única manera de aumentar su aportación a la lucha contra el cambio climático. En el hall 9, en torno a la zona de prensa, las interpretaciones difieren. Pascal Candin, exministro de Codesarrollo de François Hollande, se felicitaba: “Puede permitir que se dupliquen los fondos destinados a la adaptación” de los países más pobres al cambio climático. Una planta más arriba, sin embargo, el economista Dominique Plihon, avisaba: “Estamos ante una declaración de principios, cuyo contenido no se desarrolla”.

La tasa sobre las transacciones financieras puede desbloquear 10.000 millones de euros, destinados al clima. O mucho menos. Es poco si pensamos en los miles de millones de dólares que haría falta invertir en la economía mundial para reorientarla hacia actividades que generen pocas emisiones de gas de efecto invernadero. Pero es un ejemplo del verdadero problema que supone la financiación de la lucha contra el cambio climático: el dinero no es poco, el problema es dotarse de los medios de acceder a él.

Los países ricos, responsables históricamente de las emisiones de gas de efecto invernadero, ya no quieren ser los únicos que pagan. Esta situación se viene repitiendo desde la cumbre de Copenhague, celebrada en 2009. “El mundo ha evolucionado con respecto a 1992”, año en que se celebró la Convención de la ONU sobre el clima, “países tradicionalmente ricos ahora son pobres, países que eran pobres ahora son ricos”, resume Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima. La Unión Europea y Estados Unidos aceptan aumentar sus aportaciones en la lucha contra el cambio climático, siempre que algunas de las economías emergentes también lo hagan. En el proyecto del nuevo acuerdo de París, el artículo sobre la financiación es uno de los más discutidos. Entre las opciones, se propone que los países desarrollados y los que se encuentran “en situación de poder hacerlo” contribuyan al esfuerzo financiero.

El G-77 y China, que constituyen el grupo principal de los países en vías de desarrollo en el seno de las negociaciones de la ONU, son contrarios a este planteamiento. “Cuando les pido a mis hijos que ayuden en casa, no se lo pido a 'los que están en situación de poder hacerlo'”, ironizaba Nozipho Mxakato-Diseko, embajadora del G-77. Para estos países, que representan el 85% de la población mundial, “los compromisos adoptados deben respetarse. Y no debe alterarse el espíritu de la convención del clima [de 1992]”. En su opinión, los ricos tienen que pagar, aspecto éste innegociable.

Sarcasmos aparte, las discrepancias son notorias. En opinión de Todd Stern, responsable de la delegación americana, los 100.000 millones de dólares comprometidos por los países desarrollados para 2020 “no suponen una obligación vinculante. Se trata de una decisión, de una suerte de compromiso político, pero no de un compromiso jurídico”. Para Estados Unidos, es necesario aumentar “la base de contribuyentes a los países en vías de desarrollo, a partir del principio de voluntariedad, sin obligaciones”. Washington, que acepta aumentar las ayudas, rechaza cuantificarlas. En los medios de comunicación norteamericanos, se teme que estos dólares beneficien a la economía china.

“Contar doble no refleja los números reales”

De no alcanzarse un acuerdo sobre los compromisos financieros y de cómo se reparte esa carga, no habrá acuerdo sobre el clima en Le Bourget de aquí a finales de semana. Desde el lunes, ése es uno de los principales asuntos en el orden del día de las reuniones ministeriales, en grupo o bilaterales. Desde el G77, Nozipho Mxakato-Diseko ha esbozado una propuesta de compromiso: “El refuerzo de los esfuerzos financieros antes de 2020 supone una sólida base para la cooperación después de 2020”, hacen falta “más medios adicionales, previsibles y sostenibles”. Dicho de otro modo, cuantos más medios aporten los países ricos antes de 2020 –fecha de entrada en vigor del acuerdo de París– más esfuerzos estarán dispuestos a hacer el resto de Estados. En su visita a Estados Unidos, en septiembre, Xi-Jinping anunció que China desembolsaría 3.100 millones de dólares para ayudar a los países más pobres a hacer frente a la crisis climática, en el marco de un fondo de cooperación de países Sur-Sur.

El problema es que nadie se pone de acuerdo sobre el montante de los medios financieros comprometidos. Según la OCDE, en 2014, los países del Norte contribuyeron con 61.800 millones de euros a las acciones climáticas en los Estados en vías de desarrollo. De modo que estarían en vías de alcanzar el objetivo de 100.000 millones de dólares anuales antes de 2020. Pero los países del G77 discuten la metodología de este informe. Según un análisis del Ministerio indio de Finanzas al que ha tenido acceso Mediapart, “estas cifras proceden de fuentes no contrastadas, de actores que no son objetivos y están sujetas a la especulación y a la exageración. Las definiciones de financiación climática que utiliza no son las de la convención [sobre el cambio climático]. La metodología no corresponde a las normas científicas y distorsionan la realidad para mostrar más flujo del que realmente existe. La verificación independiente de estos datos es imposible de forma significativa porque sólo se han publicado cifras agregadas, sin transparencia. No se ha realizado ninguna consulta seria a los países en vías de desarrollo”.

Para la ONG Oxfam, el informe de la OCDE sobreestima la realidad del esfuerzo financiero de los países ricos. Por ejemplo, integra fondos bilaterales que no se dedican de manera prioritaria al clima, sino por ejemplo a la agricultura. También sobreestima la realidad de las ayudas públicas, incluyendo en su cálculo los créditos no concesionales y las herramientas comerciales como las garantías de crédito. Según Oxfam, en 2014 sólo se destinó al clima entre 18 y 20.000 millones de dólares de fondos públicos.

Este martes 8 de diciembre, en una atípica rueda de prensa conjunta, los ministros de India, Brasil, Sudáfrica y China atacaron el documento de la OCDE. “Contar dos veces no refleja los números reales”, lanzó con una sonrisa el representante indio Prakash Javadekar. “Tenemos que alcanzar un acuerdo sobre lo que se debe contar”, dijo, más pragmática, la sudafricana Edna Bomo Moleta. “Un crédito, que por definición será devuelto, ¿puede tenerse en cuenta? Debemos abordar conjuntamente la metodología”. “El método debe ser transparente. No conozco los detalles de este estudio, pero si se quiere impulsar, necesitamos transparencia en los hechos para hacer frente al cambio climático”, afirmó la brasileña Izabella Teixeira. Por su parte, el chino Zie Zhenhua concluyó: “Los países desarrollados dicen que han desembolsado 62.000 millones, pero los países en vías de desarrollo dicen que no han visto el dinero. Hace falta mayor transparencia”.

No obstante, dinero para el clima, hay. Antes y después de la COP, han llovido los anuncios. Cristiana Figueres, secretaria general de la Convención de la ONU para el clima, lo expresó con detalle en presencia de Ban Ki Moon, en la ceremonia de apertura de la segunda semana de negociaciones: París promete un millón de euros al fondo verde y Vietnam, también; Canadá se compromete a aportar 2.600 millones de dólares en cinco años; bancos multilaterales de desarrollo anuncian 15.000 millones de dólares adicionales... Para Oxfam, se trata de anuncios trampa. Así, Australia promete mil millones en cinco años... que viene a ser la suma de sus ayudas actuales (200 millones anuales) para los próximos en cinco años, se queja la ONG.

La suma de todas esas promesas asciende a 85.000 millones de dólares, según los cálculos de la Fundación Nicolas Hulot, muy lejos del objetivo de los 100.000 millones, tan crucial y tan sensible en términos políticos en estos últimos días de la COP21. Pero “en este punto, no se dice nada sobre que estos nuevos compromisos puedan contabilizarse íntegramente en el marco de los 100.000 millones o si responderán mejor a las preocupaciones de los países en desarrollo”, precisa su portavoz, Matthieu Orphelin. “Como las promesas de los Estados relativas a las ayudas públicas al desarrollo no siempre se han mantenido, a día de hoy hay tensión”, constata. No obstante, 100.000 millones de dólares apenas representan el 0,2% del PIB de los países del anexo I, los países considerados desarrollados, inicialmente sometidos al Protocolo de Kioto.

“¡Calderilla!”

Si el asunto es peliagudo es porque este dinero beneficia poco a los que más lo necesitan. Según el informe de la senadora Fabienne Keller sobre financiación del clima, África – el continente más amenazado por la desertificación– sólo se beneficia del 9% de las ayudas de Francia. Los países más pobres, los más vulnerables (los Estados insulares) y el G77 coinciden en las reivindicaciones comunes en las negociaciones actualmente en curso en Le Bourget, a saber, que se dedique el mismo dinero a la adaptación como a la atenuación (el descenso de gases de efecto invernadero, en general considerado como una inversión más rentable) y que el acuerdo de París fije un objetivo global para la adaptación. Otro punto esencial en esta relación de fuerzas entre Norte y Sur, es decir, el reconocimiento de la importancia de las pérdidas y de los daños, que abren la vía a un sistema de indemnizaciones para los impactos irreversibles del aumento del nivel de los mares, la salinización de las tierras o la destrucción de los corales. Por su parte, India reclama que el mundo se fije objetivos de adaptación tan precisos como la reducción de las emisiones de CO2, pero en el acuerdo de Paris no figurará ninguna cifra para la financiación post-2020.

La paradoja de la actual batalla por el dinero del clima es que los países más pobres y los países emergentes insisten tanto en el respeto del objetivo de los 100.000 millones de euros de aquí a cinco años, que han bajado la guardia en lo que respecta a los años posteriores. Ahora bien, el acuerdo en ciernes entrará en vigor a partir de 2020. ¿Con qué sistema de ayudas al desarrollo por el bajo consumo de carbono? El proyecto apenas dice nada al respecto.

Según Armelle Le Comte, responsable de la defensa en cuestiones del clima y energías fósiles de Oxfam Francia, es indispensable que figuren en el acuerdo “objetivos colectivos que se revisen regularmente” y, sobre todo, que la barrera de los 100.000 millones anuales se conviertan en el mínimo anual de las ayudas. “Se calcula que se necesitan 800.000 millones dólares para la adaptación en 2050”, dice Le Comte. Sharam Burrows, de la International Trade Union Confederation insiste: “Se precisan miles de millones, pero no prometen más que 100.000 millones. No son serios. Hablamos de calderilla comparado con las necesidades reales”.

En este debate encarnizado entre Norte y Sur, que arrastra una herencia de 20 años de promesas incumplidas y una competencia actualmente exacerbada entre las viejas potencias industriales y los Gobiernos emergentes de China, India y Brasil, un grupo de 200 investigadores defiende una proposición alternativa, como es dotarse de las herramientas monetarias y financieras que permiten redirigir el excedente de ahorro en el mundo hacia allí donde realmente se necesita: “El hábitat, los transportes, los materiales de construcción y no sólo a la producción de energía”, explica el economista Jean-Charles Hourcade. “La financiación de la transición hacia un modelo de bajas emisiones en carbono plantea un enorme problema. No habrá una verdadera acción para reducir los gases de efecto invernadero, si no permite responder a los miedos de las sociedades, empezando por la lucha contra la pobreza”, prosigue el investigador.

Su idea, apoyada por el G77+China, figura en el proyecto de acuerdo, en forma de perífrasis, donde se reconoce “el valor social, económico y medioambiental” de las acciones dirigidas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Supone un cambio radical de enfoque, ya que en lugar de pagar por las emisiones de dióxido de carbono, se apuesta por valorar las acciones dirigidas a su reducción. Este planteamiento puede reconciliar al Norte y al Sur, pero implica replantearse el funcionamiento del Sistema Monetario Internacional. Un proyecto a largo plazo, difícil de integrar en el tempo actual, muy rápido de la negociación de Le Bourget: la Presidencia francesa espera un proyecto de acuerdo para el jueves, a lo sumo.

De modo que, en un gesto no carente de provocación, la “asamblea de los pueblos” para el clima se sentó el pasado domingo 7 de diciembre en Montreuil en las 196 sillas robadas desde hace semanas en agencias bancarias, sobre todo en BNP-Paribas, entidad acusada de evasión fiscal. Reclaman que las decenas de miles de dólares ocultos en paraísos fiscales se pongan a disposición del servicio de acción por el clima. Los militantes prometen devolver su botín de sillas cuando el maná oculto en Luxemburgo, en Las Bahamas y en Delaware se ponga en circulación en la economía oficial.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Quién gana y quién pierde tras la cumbre del clima de París

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